Aspecto de la marcha para conmemorar los 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela Normal Rural, Isidro Burgos, de Ayotzinapa. (Foto: Amnistía Internacional.)
- Amnistía Internacional observa con preocupación que el informe presentado el 28 de septiembre regresa a la narrativa de la responsabilidad de actores locales, omitiendo la participación de órganos de seguridad nacionales.
- Cualquier nueva hipótesis debe ligarse con las líneas de investigación pendientes que abarquen la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad (incluyendo a las Fuerzas Armadas y policiales) y la actuación de agentes de procuración de justicia,
- Amnistía Internacional acompaña la exigencia para que el Ejército mexicano entregue los 853 folios que ha sido requerida por las familias, organismos internacionales y por una sentencia judicial.
En relación con el informe presentado el 28 de septiembre sobre los avances en las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Amnistía Internacional considera indispensable que todas las líneas de investigación sean agotadas de manera seria, independiente y sustentada en evidencia verificable.
El informe, presentado ayer en la Secretaría de Gobernación, incluye análisis de comunicaciones telefónicas, las diligencias realizadas en distintos lugares y la identificación de nuevas personas de interés que pueden aportar elementos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
“Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
“A doce años de los hechos, siguen existiendo preguntas fundamentales sin respuesta y permanece información en poder del Ejército que ha sido requerida reiteradamente por las familias, por organismos y expertos internacionales y, actualmente, mediante una resolución judicial.
“Si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, el primer requisito debe ser garantizar acceso a toda la evidencia existente. Ninguna institución del Estado puede quedar fuera de ese estándar”, agregó Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional recuerda además que las aportaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las organizaciones acompañantes, permitieron identificar graves irregularidades.
La organización recuerda a las autoridades que las líneas de investigación deben abarcar la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad (incluyendo las Fuerzas Armadas y las policías estatal y municipal) y la actuación de agentes de procuración de justicia. Tal como lo señala la CIDH, es fundamental profundizar en la participación de agentes de las Fuerzas Armadas y policiales, en todos los niveles de la cadena de mando, apuntando a la reconstrucción de sus posibles vínculos con grupos criminales que operaban en Guerrero en la época de los hechos.
“Cualquier nueva hipótesis debe incorporar, contrastar y dar seguimiento a esos hallazgos, así como a las líneas de investigación que permanecen pendientes, y no sustituirlas mediante nuevas narrativas que vuelvan a centrar la explicación de los hechos únicamente en actores locales”, advirtió Edith Olivares Ferreto.
Amnistía Internacional reitera que las familias de los 43 estudiantes tienen derecho a saber qué ocurrió con sus hijos y a recibir, antes que cualquier otro actor, información sustantiva sobre la investigación por los canales institucionales correspondientes.
“Las madres y los padres de los 43 estudiantes no necesitan una nueva versión oficial. Necesitan una investigación completa, que agote todas las líneas, preserve los avances alcanzados y esclarezca las responsabilidades de quienes participaron, por acción u omisión en la desaparición de sus hijos”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
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Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional, sección mexicana
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