“Las autoridades iraquíes deben garantizar todos los derechos procesales a las más de 5.700 personas detenidas trasladadas a Irak desde el nordeste de Siria, y asegurar la protección urgente de los derechos de la infancia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de una inminente sesión judicial el 5 de octubre.
Las personas trasladadas son enjuiciadas por su presunta afiliación al grupo armado autodenominado Estado Islámico tras su reubicación en Irak entre finales de enero y febrero de 2026. El grupo está integrado por 5.704 personas de 67 países: 16 países árabes de los que hay miles de personas de nacionalidad siria y cientos de iraquíes, 19 de países de la Unión Europea y 32 países más; y al menos 157 menores de 18 años.
“El inicio de estos juicios conlleva la enorme responsabilidad de las autoridades iraquíes de respetar el derecho y las normas internacionales de derechos humanos para todas las personas enjuiciadas en cada fase de las actuaciones judiciales”, afirmó Grazia Careccia, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Reconocemos las dificultades en materia de seguridad y la inmensa presión logística que esta situación representa para el sistema jurídico iraquí, pero no cabe hacer justicia con procedimientos deficientes, confesiones forzadas o enjuiciamientos multitudinarios. El gobierno iraquí debe garantizar que todas y cada una de las personas detenidas recibe un juicio conforme a las normas internacionales basado estrictamente en su responsabilidad penal individualizada o es puesta en libertad”.
En las actuaciones judiciales, las autoridades iraquíes han afirmado que los enjuiciamientos seguirán adelante en aplicación del Código Penal número 111, de 1969, y la Ley Antiterrorista núm. 13, de 2005. Este marco antiterrorista suscita críticas desde hace tiempo por sus definiciones excesivamente generales de actividad terrorista y la existencia de la pena de muerte incluso por actos que implican la mera pertenencia o apoyo a un grupo.
En actuaciones anteriores, los tribunales iraquíes han demostrado reiteradamente una dependencia excesiva en confesiones obtenidas bajo tortura y malos tratos. Amnistía Internacional ha documentado patrones generalizados en los que las personas detenidas trasladadas desde el nordeste de Siria eran objeto de palizas brutales, descargas eléctricas, posturas en tensión y asfixia para obtener declaraciones autoincriminatorias.
“El historial de Irak de basarse en confesiones obtenidas bajo tortura en casos de terrorismo hace que sea una necesidad urgente el cumplimiento estricto de las salvaguardias internacionales”, declaró Grazia Careccia.
“El Consejo Judicial Supremo debe excluir cualquier prueba obtenida mediante tortura o malos tratos, e investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. Se debe conceder sin dilación a las personas procesadas acceso a asistencia letrada, a servicios de interpretación cualificados y a vistas públicas. Lo más importante es que, dado que los juicios en Irak podrían desembocar en la pena de muerte, cualquier incumplimiento de las garantías de un juicio justo acarrea consecuencias irreversibles y fatales. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y pide a las autoridades iraquíes que no la impongan ni la ejecuten con independencia del delito y de las circunstancias”.
El hecho de que entre las personas detenidas a las que se juzga haya al menos 157 menores de edad también pone de relieve la necesidad de una respuesta centrada en la infancia que cumpla estrictamente las normas internacionales de derechos de esta y de justicia juvenil, incluido el interés superior de la persona menor de edad y su protección.
Muchas personas menores de edad y jóvenes adultas fueron detenidas originalmente en el nordeste de Siria en circunstancias generales e indiscriminadas. Entre ellas hay niños de solo 11 años que fueron separados de sus madres en campos de detención. Las normas internacionales establecen que los niños y niñas reclutados o utilizados por grupos armados deben ser reconocidos ante todo como víctimas de violaciones de derechos humanos.
El enjuiciamiento penal de personas por conductas presuntamente cometidas cuando eran menores de 18 años debe ser una excepción absoluta, reservada únicamente para denuncias creíbles de crímenes del derecho internacional o crímenes violentos graves del derecho nacional. En estos casos, deberán considerarse alternativas a las actuaciones judiciales, así como alternativas a la detención no privativas de libertad y basadas en la comunidad, y las opciones de condena deberán apoyar la rehabilitación y la reintegración de la persona menor, y recurrir a la detención únicamente como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Las personas menores de edad nunca deberán ser enjuiciadas por mera asociación con un grupo armado.
Información complementaria
Los recientes traslados se producen después de años de detención arbitraria e indefinida en el nordeste de Siria, donde decenas de miles de hombres, mujeres y niños y niñas fueron recluidos sin cargos ni juicio en instalaciones y campos deficientes tras la derrota militar del Estado Islámico. Las actuaciones procesales que se siguen contra las personas trasladadas comenzaron el 20 de septiembre y se reanudarán el 5 de octubre.
Como documentó Amnistía Internacional en su informe de 2024 Aftermath: Injustice, Torture and Death in Detention in North-east Syria, las personas detenidas estaban en condiciones de hacinamiento extremo, comida insuficiente y ausencia total de atención médica que desembocaron en brotes de enfermedades contagiosas como la tuberculosis que causaron la muerte de cientos de personas en centros como la prisión de Panorama en Hasakah.
Irak sigue ejecutando a decenas de personas cada año, algunas de ellas a raíz de sentencias condenatorias en aplicación de amplias leyes antiterroristas. En 2024, los tribunales iraquíes impusieron más de 200 condenas a muerte y se llevaron a cabo en el país al menos 63 ejecuciones, lo que supuso cuadruplicar la cifra del año anterior. Aunque el ritmo de las ejecuciones se ralentizó brevemente tras la promulgación de una Ley de Amnistía General a principios de 2025, las ejecuciones judiciales se reanudaron a principios de 2026, lo que suscitó una gran preocupación internacional por las violaciones sistémicas de las garantías procesales.
