Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda y Crédito Público
Gobierno de la República
Distinguido Secretario,
Con base en el artículo 8 de la Constitución, las organizaciones firmantes hemos impulsado la ratificación e implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú), adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica. Este instrumento internacional busca proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales.
La entrada en vigor de este acuerdo ofrece a la región la posibilidad de prevenir los conflictos socioambientales en torno a proyectos que impactan en el territorio y que hoy se encuentran detenidos o en vías de judicialización por la entrega de información equivocada o incompleta, o por la falta de procesos participativos efectivos de acuerdo con los mejores estándares internacionales.
Asimismo, el acuerdo impulsa la acción conjunta entre varios países para el desarrollo sostenible; establece estándares regionales y promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación Sur-Sur—. Además ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones con certidumbre jurídica.
Otro de los aspectos importantes del acuerdo es que incluye mecanismos específicos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, lo cual cobra relevancia en un país como México, donde la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente es una de las labores más peligrosas. Según Global Witness, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en número de asesinatos.
México tuvo un papel fundamental en el proceso de negociación del acuerdo, pues fue uno de los países que promovió activamente ante la CEPAL el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia medioambiental, lo que derivó en la redacción del Acuerdo de Escazú. En congruencia con este esfuerzo multilaterial, el 27 de septiembre de 2018, México firmó el Acuerdo, quedando pendiente su ratificación.
La ratificación mínima de 11 Estados permitirá que el Acuerdo de Escazú entre en vigor. Hasta febrero de 2020, los países que han ratificado son: Bolivia, Guyana, San Vicente y las Granadinas; Saint Kitts y Nevis, y Uruguay. Por su parte, Antigua y Barbuda, Ecuador, Panamá y Nicaragua están pendientes de entregar ante la Oficina de Tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su instrumento de ratificación, con lo que sumarían 9 Estados.
En ese sentido, la ratificación por parte del Estado mexicano es fundamental para su entrada en vigor. Además, con ello se enviaría un mensaje a nuestra región que sirva de ejemplo para que otras naciones su sumen. Al respecto, es de resaltar que durante las reuniones preparatorias hacia la próxima Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP 25) y del Acuerdo de Escazú, celebradas en octubre de 2019, particularmente durante la primera reunión de los países signatarios del Acuerdo de Escazú, el Estado mexicano reafirmó su compromiso para ratificarlo.
Como parte del proceso de ratificación, desde el año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo a bien turnarlo a diversas dependencias del Gobierno Federal relacionadas con su implementación, incluyendo a la Secretaría que usted encabeza, con la finalidad de consultarla y recibir sus comentarios relativos a la ratificación. Sin embargo, hasta el día de hoy la SHCP es la única de estas secretarías que no ha emitido opinión alguna, retrasando así el Visto Bueno del Ejecutivo Federal para poder proceder con la ratificación de este acuerdo.
Consideramos que, si bien el Estado mexicano ha realizado esfuerzos importantes en la consolidación de un andamiaje jurídico e institucional para garantizar los derechos de acceso y en la protección a la integridad de las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente ante los contextos de violencia y criminalización en su contra, éstos no han sido suficientes. México hoy es reconocido internacionalmente por sus leyes de avanzada en materia de transparencia y participación. Ante los retos que tiene frente a sí el Estado mexicano, la ratificación del Acuerdo de Escazú contribuirá en su fortalecimiento.
En congruencia con el posicionamiento que el Estado mexicano ha expresado en foros internacionales, le hacemos un llamado a que la Secretaría a su digno cargo emita la opinión técnica favorable a la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Reiteramos nuestro compromiso en continuar impulsando la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, por lo que estaremos atentas a su respuesta.
Atentamente
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_______________________ Tania Reneaum Panszi Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México |
_________________________ Gustavo Alanís Ortega, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. |
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_______________________ Haydeé Pérez Garrido, Directora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación |
____________________ Tomás Severino Ortega, Director del Cultura Ecológica A.C |
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Gloria Olimpia Castillo Blanco, Directora de Comunicación y Educación Ambiental |
__________________ Facilitadoras del proceso Ana Paulina Cerdán Corona Directora Ejecutiva, Centro de Colaboración Cívica |
C.C.P. Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores
Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia
