Foto: Amnistía Internacional
A diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, Amnistía Internacional condena la persistente violencia contra quienes defienden el territorio y el medioambiente en Honduras, y llama a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva de los hechos, que tome en cuenta nuevos hallazgos revelados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A 10 años del brutal asesinato de Berta Cáceres, la familia y el COPINH solamente han encontrado una justicia a medias. Quienes ordenaron el crimen permanecen impunes, y las condiciones estructurales que llevaron a esta tragedia no han cambiado: cada año seguimos lamentamos más violencia y asesinatos de personas que defienden el agua y los bosques en Honduras. ¿Hasta cuándo?” dijo Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
A 10 años del brutal asesinato de Berta Cáceres, la familia y el COPINH solamente han encontrado una justicia a medias.” Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Una deuda pendiente de verdad y justicia
El GIEI fue creado en febrero de 2025 con el mandato de analizar y fortalecer la investigación relacionada con el asesinato y otros delitos conexos, así como de proponer medidas de reparación y garantías de no repetición.
Su informe final no solamente señala que el asesinato de Berta Cáceres era previsible y prevenible, sino que también identifica graves omisiones en la investigación, que han truncado la búsqueda de justicia hasta el día de hoy. El GIEI plantea líneas concretas para nuevamente avanzar en la identificación de quienes planificaron y financiaron el crimen, y de las fallas estructurales que permitieron que ocurriera. Asimismo, propone un plan de reparación integral para la familia de Berta Cáceres y la organización a la que pertenecía, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Los devastadores hallazgos de este informe deben ser un punto de inflexión para agilizar las investigaciones penales, y proteger eficazmente a todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.”Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Amnistía Internacional insta a las autoridades hondureñas a revisar detenidamente las recomendaciones del informe y a remover los obstáculos que han limitado el esclarecimiento del asesinato. A partir de las líneas de investigación propuestas sobre las autorías intelectuales del crimen, las autoridades deben continuar con la investigación hasta deducir responsabilidades penales de todas las personas involucradas.
La responsabilidad no termina en el Estado
Honduras continúa siendo uno de los países más letales para quienes defienden el medioambiente en el mundo, de acuerdo con la organización Global Witness. El COPINH, que coordinaba Berta Cáceres al momento de su asesinato, había denunciado irregularidades y violaciones de derechos humanos en la implementación del proyecto y llevaba a cabo una protesta pacífica contra el proyecto de represa Agua Zarca en su territorio.
La organización también llama a los Estados cuyas instituciones financieras participaron en el proyecto Agua Zarca a realizar una revisión exhaustiva de los hallazgos del informe de GIEI y, de ser necesario, adoptar medidas en consecuencia.
Amnistía Internacional recuerda que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos, incluso frente a las acciones de actores privados como las empresas. Esto implica investigar de manera efectiva las denuncias de abusos cometidos por actores empresariales y, cuando corresponda, llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, deben asegurar recursos adecuados y reparación integral para las víctimas y sus familias. Existe además un consenso internacional claro: las empresas tienen la responsabilidad de respetar estos derechos y, cuando hayan causado o contribuido a vulneraciones, cooperar activamente en su reparación.
“Es indispensable el compromiso de todas las autoridades hondureñas, incluyendo aquellas recientemente electas, para implementar la ruta trazada por el GIEI y garantizar justicia plena, verdad y reparación. Honrar la memoria de Berta Cáceres significa asegurar que nunca más se repita una tragedia como esta”, concluyó Ana Piquer.
Es indispensable el compromiso de todas las autoridades hondureñas, incluyendo aquellas recientemente electas, para implementar la ruta trazada por el GIEI y garantizar justicia plena, verdad y reparación.” Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
