20 peticiones a la Gobernadora del Estado de México para el próximo sexenio, sobre la agenda de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes

 

Delfina Gómez

Gobernadora del Estado de México,

PRESENTE

Distinguida Gobernadora,

Hoy que la gubernatura del Estado de México, tiene por delante una serie de desafíos políticos, sociales, institucionales, culturales y de derechos humanos para diagramar, diseñar y ejecutar una agenda de género en el Estado que presenta los índices más alarmantes de violencia contra las mujeres en el país. Si a esto se suma la trascendencia de ser la primera mujer en la historia en asumir la máxima autoridad ejecutiva del Estado, las responsabilidades para el próximo sexenio se exacerban.

Como familiares y sociedad civil organizada nos preocupa y convoca la situación de desigualdad, discriminaciones y transgresiones a los derechos humanos que viven las mujeres y cuerpos feminizados en el Estado de México cuyo efecto más drástico son los feminicidios, la cual forma parte de la grave crisis de derechos humanos que azota el país. Según cifras oficiales^[1], la entidad cerró el 2022 ocupando el lamentable primer lugar a nivel federal en feminicidios (presuntas víctimas de feminicidio) y en investigaciones abiertas por feminicidio. La cifra suma 409 asesinatos de mujeres (feminicidios más homicidios dolosos), lo que representa que 1 mujer es asesinada cada 24 horas en la entidad. Asimismo, en 2022 el Estado de México fue la segunda entidad federativa con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres.  En lo que va del 2023, el Estado continúa ocupando el primer lugar federal en feminicidios e investigaciones abiertas por feminicidio. En homicidios dolosos de mujeres y llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, la entidad federativa ocupa el segundo lugar de treinta y dos.

En el contexto de violencia feminicida contra las mujeres, en el 2015 se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en once municipios del Estado^[2] y, en octubre de 2019, la CONAVIM declaró una segunda Alerta, en esta ocasión enfocada a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad. Si bien ha habido esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas de la AVGM y se han generado herramientas para la atención y prevención de la violencia, el Estado sigue teniendo el desafío de tener resultados que disminuyan la problemática. Lo anterior se debe en parte a la falta de implementación  de lo creado. Vemos con preocupación que a 8 años de la declaratoria de la primera Alerta se han tenido por cumplidas 7 medidas de las 17 que la conforman quedando un largo camino por recorrer para garantizar el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencias.

Tanto las cifras oficiales como las Alertas, dejan en evidencia el reconocimiento oficial del peligro y riesgo latente que significa el simple hecho de existir y ser mujer en el Estado de México. La realidad de las mujeres en Ciudad Juárez a fines del siglo pasado se ha extendido al Estado de México, no existiendo municipio libre de feminicidios y violencia contra las mujeres de todo tipo^[3]. Afirmamos que todavía estamos lejos de políticas públicas preventivas, efectivas y eficaces y ahí radica el desafío para el próximo sexenio.

Señora gobernadora, ser la primera mujer en ocupar el máximo cargo de autoridad ejecutiva del Estado es un hecho de suma relevancia para las ciudadanas y ciudadanos de a pie que nos proponemos el trabajo cotidiano en miras a lograr un país libre de violencias, donde se respeten los derechos humanos de todas y todos. Sin distinción. En este sentido, nos acercamos a usted como familiares y sociedad civil organizada para exhortarla a que nos convoque a una reunión para generar una agenda común en materia de violencia contra las mujeres. Solicitamos un espacio de diálogo con usted en miras a debatir la presente propuesta que, anhelamos, sea la base de las políticas públicas que diseñe e implemente su gobierno para  prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, a saber:

 

1. Reconocer y condenar públicamente en su calidad de gobernadora electa, las desapariciones y feminicidios de mujeres y cuerpos feminizados en el Estado de México. Resaltar la dignidad de las víctimas y la legitimidad de la lucha de las y los familiares en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.
2. Garantizar que la Fiscalía General de Justicia lleve a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, efectivas e imparciales, coordinadas y con los recursos suficientes en todos los casos de desapariciones y feminicidios de mujeres en el estado en miras a garantizar el acceso a la justicia.
3. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas, ante la gravedad y la falta de debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y desapariciones de mujeres.
4. Enviar una iniciativa de ley para investigar y sancionar penal y administrativamente la negligencia, omisión, complicidad o tolerancia de agentes del Estado en la atención e investigación de los feminicidios y desapariciones. Todo agente del Estado presuntamente responsable de cometer graves abusos a los derechos humanos y/o incumplimiento de sus funciones, responsabilidades y obligaciones como funcionario público, debe ser llevado ante la justicia con todas las garantías del debido proceso y apartado de su cargo a la espera del resultado de las investigaciones.
5. Garantizar la actualización del Banco de datos de violencias graves cometidas contra las mujeres, con la finalidad de tener diagnósticos reales y actualizados que permitan una  intervención oportuna, así como adecuación de políticas públicas en la materia.
6. Implementar como política prioritaria de su administración el seguimiento al cumplimiento de las medidas de las AVGM. Para ello, solicitamos de carácter urgente el programa estratégico establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para dar cumplimiento a las medidas de la AVGM, la cual debe contar con presupuesto y tiempos de cumplimiento. Asimismo, exigimos un diagnóstico del estado actual de ambas alertas en el primer semestre de su gestión.
7. Fortalecer los mecanismos existentes para la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas, en específico las células de búsqueda.
8. Implementar una estrategia estatal de prevención contra la violencia feminicida, en específico, programas de educación y campañas de difusión para que el conjunto de la sociedad participe activamente en la erradicación de los comportamientos de intolerancia y discriminación que inciden directamente en la violencia contra las mujeres. Estas campañas deberían extenderse al sector escolar y laboral y a toda la comunidad y ser impulsadas e implementadas junto con el sector privado.
9. Realizar un diagnóstico sobre los vacíos y fallas legales en la protección del derecho a una reparación integral del daño para las víctimas de violencia de género, a efecto de homologar el ordenamiento jurídico interno con estándares internacionales en materia de reparación del daño. Dicho proyecto deberá ser elaborado en consulta con las familiares, organizaciones de la sociedad civil y academia. Para ello, el Estado convocará y conformará un Grupo de trabajo que se reunirá mensualmente.
10. Incluir en la elaboración de las políticas públicas destinadas a garantizar una vida libre de violencias, las voces de las familiares de víctimas de violencia así como de organizaciones de la sociedad civil y academia a través de un proceso participativo y colaborativo.
11. Conformar equipos y áreas con perfiles idóneos en perspectiva de género y derechos humanos en todas las unidades y áreas de atención a la violencia feminicida, así como conservar los perfiles que ya cuentan con experiencia.
12. Asegurar que las y los familiares, así como las personas defensoras de derechos humanos que luchan para poner fin a la violencia contra la mujer, puedan desempeñar su legítima labor sin miedo a sufrir represalias y con la plena cooperación de las autoridades, en consonancia con la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En este sentido, exigimos se nos garantice un trato digno y libre de violencia institucional por parte de servidores y autoridades de organismos públicos independientemente de su rango y función.
13. Actualizar, bajo los estándares nacionales e internacionales de mayor protección en materia de atención e investigación para casos de violencia sexual, el protocolo para la atención e investigación de casos de violencia sexual contra las mujeres.
14. Diseñar, elaborar y ejecutar una política pública destinada a las adultas mayores, quienes la mayor de las veces son quienes quedan a cargo de criar a las infancias huérfanas así como de buscar verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones de sus hijas. Solicitamos una política pública diferencial y específica para las personas adultas mayores defensoras de derechos humanos basada en la reparación integral del daño y garantías de no repetición.
15. Garantizar partidas presupuestales progresivas para los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) y los Refugios especializados para mujeres víctimas de violencias, y en su caso, sus hijas e hijos, en el presupuesto de la entidad, en miras a promover su autonomía, ejercicio de la ciudadanía y reinserción social 
16. Estandarizar y garantizar el correcto funcionamiento del Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes Huérfanos por Feminicidio. Crear un registro, para que estas niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la cobertura de los derechos esenciales para una vida digna, lo cual incluye reparación integral del daño y garantías de no repetición.
17. Diseñar e implementar un programa coeducativo dirigido a las y los estudiantes, docentes y autoridades de instituciones escolares públicas y privadas de todos los niveles educativos, dirigido a promover relaciones igualitarias, libres de violencias, discriminaciones y desigualdades. Dicho programa deberá tener un enfoque preventivo en respeto a los estándares internacionales vigentes en la materia que el país ratificó
18. Reforzar y fortalecer el presupuesto estatal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género para incrementar el personal dedicado a la investigación de casos con perspectiva de género, así como mejorar las condiciones materiales de su labor para que estén en condiciones de garantizar la administración y acceso a la justicia.
19. Difundir en tiempo y forma oportunos los diagnósticos ya realizados y por realizar sobre los patrones de desaparición y localización de mujeres. Lo anterior con fines de prevención de desapariciones de mujeres y delitos conexos como trata de personas, violencia intrafamiliar, sustracción de niñas y adolescentes y feminicidio.
20. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la Comisión de Atención a Víctimas, Secretaría de la Mujer, Fiscalía estatal y Comisión de Búsqueda.

Organizaciones y Colectivxs firmantes:

 

• • Amnistía Internacional

• • Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

• • Colectiva Latinas Guerreras En Movimiento

• • Colectiva Nadia Muciño

• • Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A,C (CCTI)

• • Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional

• • Colectivo Mariposas Buscando Justicia Nacional

• • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

• • Data Cívica

• • EQUIS Justicia para las Mujeres

• • Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social

• • Humanismo y Legalidad, A.C.

• • Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ

• • Justicia para Diana

• • Madres independientes buscando a sus hijos

• • Mariposas buscando corazones desaparecidos

• • Mariposas buscando verdad y justica

• • Mexiro AC

• • Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios

• • Red Nacional de Refugios

• • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

Personas que firman a título personal:

 

• • Ana Sosa

• • Fabiola Godínez Ocampo

• • Francisca Gómez Cruz

• • Gerardo Miguel Ramírez Rivera

• • Jacqueline L’Hoist

• • José Carlos Ramírez Chaufón

• • Laura Curiel Armenta

• • Laura García Aguas

• • Lidia Florencio Guerrero

• • María Antonia Márquez Hernández

• • María Belem Espejel Guevara

• • María De La Concepción Bermudez Almeraz

• • María Guadalupe Fernandez Ruiz

• • María Guadalupe Rodríguez Flores

• • Marisol Vigueras Barreto

• • Martha Romelia Meza Bustamante

• • Norma Cecilia Reculez

• • Raquel Ocampo M

• • Sonia Aguilar Gil

• • Vania Meliveth Ríos Hernández

• • Yazmin Alejandra García Rodríguez

• • Yesenia Valdez

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^[1] Informes publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

^[2] Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco

^[3] Las violencias graves se encuentran  extendidas en  todo el país teniendo a la fecha 25 declaratorias de Alerta por Violencia.