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Ante el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se conmemora el 28 de septiembre, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
“Pese a las numerosas victorias de la marea verde en las Américas durante los últimos años, los derechos ganados y las oportunidades para ampliar las protecciones al aborto están bajo el acecho de actores anti derechos. El revés a Roe vs. Wade en Estados Unidos el año pasado fue un llamado de atención para el movimiento, recordándonos una vez más que la defensa de nuestros derechos y la lucha por ampliarlos debe ser permanente.”
“Brasil tiene la oportunidad de sumarse a la marea verde y de reconocer el derecho del acceso al aborto seguro y legal de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden embarazarse. Durante décadas, la criminalización del aborto ha violado nuestros derechos sexuales y reproductivos y discriminado desproporcionadamente a las mujeres negras, indígenas y aquellas en situación de pobreza. Es hora de que el Supremo Tribunal Federal ponga fin a esta injusticia.”
Información adicional:
Se ha llamado “la marea verde” al movimiento feminista y de derechos humanos que ha luchado durante años por la legalización del aborto en toda Latinoamérica. Este movimiento ha impulsado importantes avances, pero el riesgo de retrocesos permanece en la región.
El revés a Roe vs. Wade ha exacerbado una crisis de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, en tanto 21 Estados han restringido parcial o totalmente el acceso a la interrupción del embarazo. Diversos estados como Ohio, Kentucky y Montana han logrado detener las iniciativas contra el aborto desde el espacio legislativo o electoralmente. Sin embargo, los grupos anti derechos siguen impulsando nuevas prohibiciones en los estados y ahora apuestan a restringir el aborto con medicamentos y a obstaculizar -cuando no criminalizar- las redes de solidaridad interestatales que han surgido para ayudar a las personas que buscan abortar.
En Argentina, territorio clave para la avanzada de la marea verde, a casi tres años del hito histórico de la legalización del aborto en diciembre de 2020, han mejorado notablemente las cifras vinculadas a la mortalidad materna, demostrando una vez más que la liberalización de la interrupción legal del embarazo protege la salud y la vida. Pese a que persisten algunas resistencias en la implementación en todo el país, es clave que, en el contexto electoral, se refuerce la importancia de defender los derechos ya conquistados y se garantice el acceso efectivo al aborto.
En Brasil, los próximos días podrían ser decisivos para avanzar en la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación por medio de la votación reabierta en el Supremo Tribunal Federal por la ministra y presidenta, Rosa Weber, quien, antes de jubilarse, votó a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y todas las personas que busquen acceder al aborto. En Brasil, según cifras oficiales, una de cada 28 personas que intentan abortar mueren por hacerlo en condiciones inseguras. En este contexto, las desigualdades de raza son evidentes: las mujeres negras tienen el doble de probabilidades de morir en un aborto inseguro, ya que tienen una probabilidad 46% mayor de practicárselo en primer lugar. Así que están diferenciadamente expuestas a los riesgos a su salud, vida y dignidad asociados a la penalización del aborto. El aborto en Brasil sigue siendo un crimen, según el Código Penal de 1940, con excepción de los casos de estupro y anencefalia. Aunque existen prerrogativas legales para garantizar el acceso en estos casos, las mujeres enfrentan desinformación y barreras de acceso y atención en los centros de salud.
A poco más de un año de lograr el derecho al aborto en Colombia, se han presentado distintos recursos judiciales para revertir la despenalización. El tribunal mantuvo firme la sentencia al desestimar las nulidades sobre la sentencia que despenalizó el aborto; pero un par de tutelas han derivado en la imposición de barreras adicionales para mujeres indígenas. En paralelo, se han denunciado irregularidades en un referendo que propone restringir el aborto a nivel constitucional. Finalmente, el acceso efectivo al aborto en Colombia sigue siendo restringido por falta de información o desinformación por parte de grupos anti-derechos; negligencia médica, incluyendo el uso indebido de la objeción de conciencia, y falta de cobertura física de centros que realicen el procedimiento.
México es otro de los países con avances determinantes: resoluciones del máximo tribunal resolvieron que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional; y despenalizaron el aborto en el código penal federal. Así, se reconoció ya el derecho al aborto en México y se determinó la obligación de las instituciones federales de salud de garantizarlo. A nivel local, 12 entidades federativas ya despenalizaron el aborto totalmente o por plazos. Sin embargo, dos terceras partes del país siguen con restricciones vigentes a nivel local y en los lugares donde se permite, falta camino para garantizar el acceso. A cuatro años de la despenalización, Oaxaca solo tiene siete clínicas que practiquen los procedimientos y a menudo falta equipamiento e insumos para realizarlos.
Perú, que apenas permite el aborto terapéutico, también ha enfrentado amenazas. Varios proyectos de ley han buscado eliminar u obstaculizar el aborto terapéutico en el país andino ignorando que, según cifras oficiales de 2021, cada día 4 niñas menores de 15 años fueron forzadas a ser madres. Al respecto, en junio de 2023, el Comité de la ONU sobre los derechos del niño determinó que el Estado peruano violó los derechos a la vida, salud e integridad de Camila, una niña indígena víctima de violación a la que le negó el acceso al aborto terapéutico.
En los casos de Chile y Puerto Rico, ha habido intenciones e incluso proyectos de ley para restringir el aborto por causales o edad. Por su parte, la primera fuerza del Consejo Constitucional en Chile, el Partido Republicano, se ha manifestado en contra de la ley que regula el aborto en casos de violación, inviabilidad fetal y peligro para la vida de las personas. A la fecha han presentado iniciativas para eliminar las protecciones al aborto; y buscarían imponer restricciones también desde la vía constitucional.
El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Jamaica, Haití, Surinam, Aruba y Curazao siguen penalizando absolutamente el aborto. Lo cual no reduce la práctica, sino que solo pone a las personas que buscan hacerlo en una situación de riesgo, afectando desproporcionalmente a personas empobrecidas, racializadas, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Antes de la despenalización parcial por causales en Ecuador, se habían criminalizado a por lo menos 148 personas por tener, acompañar o asistir abortos. Entre ellas, 33 niñas.
En el caso específico de El Salvador, cifras de organizaciones locales apuntan que al menos 181 mujeres fueron criminalizadas por emergencias obstétricas que derivaron en abortos entre 1998 y 2019; siete seguirían enfrentando procesos penales.
Finalmente, en toda la región, el asedio y hostigamiento de actores anti derechos, e incluso la criminalización contra acompañantes de abortos o personas que buscan abortar, genera un entorno de zozobra, desinformación y desaliento que en sí misma es una barrera para ejercer el derecho al aborto.
Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
