Este amicus curiae, presentado por Amnistía Internacional ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, busca apoyar el análisis del Amparo en revisión 33/2024, aportando estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a la salud. El documento destaca cómo las políticas punitivas sobre drogas pueden violar derechos humanos, particularmente al limitar el acceso a tratamientos como la terapia de sustitución con opioides (TSO), incluida la metadona.
El informe detalla las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el acceso a servicios de salud basados en evidencia científica, incluyendo la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los tratamientos para la dependencia de opioides. Subraya que la falta de acceso a la TSO, especialmente en contextos de criminalización, puede traducirse en violaciones al derecho a la salud, a la integridad personal e incluso en tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía Internacional argumenta que el tratamiento voluntario y con consentimiento informado es un componente esencial del derecho a la salud. A través de este amicus curiae, la organización hace un llamado al Poder Judicial para que promueva políticas centradas en los derechos humanos y basadas en evidencia, como vía para proteger la salud y dignidad de las personas que usan drogas en México.
