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COMUNICADOS

Amnistía Internacional insta al gobierno de Puebla a atender las demandas de los pueblos cholultecas de la región de los volcanes y a evitar una confrontación

  • La comunidad se opone a la ampliación de un basurero que carece de normas ambientales y ha causado graves daños a la tierra, el agua y la salud de sus habitantes
  • Sin explicación alguna el gobierno canceló hoy una reunión para tratar el problema y amenazó con usar la fuerza contra las personas que se manifiestan en la carretera Calpan-Cholula 

Amnistía Internacional externa su más grande preocupación por las declaraciones externadas hoy por el Secretario de Gobierno del Estado de Puebla, Javier Aquino Limón, relacionadas con hacer uso de la fuerza para reprimir la protesta social que se está llevando a cabo en la carretera estatal Calpan-Cholula, en la comunidad de San Francisco Coapan, en el Estado de Puebla. Los pueblos cholultecas se oponen a la ampliación de un basurero que no cuenta con permisos y normas y cuya ampliación tendrá impactos negativos en los mantos acuíferos.

El basurero se ubica en San Pedro Cholula y durante 17 años ha generado graves daños ambientales al aire, la tierra, el agua, así como a la salud de los habitantes de la región Cholulteca. Este basurero se encuentra a 300 metros de la unidad habitacional Garzas 3 y a 500 metros de la Universidad Politécnica de Puebla, y a cinco kilómetros del aeropuerto internacional Hermanos Serdán.

Amnistía Internacional ha estado en contacto con las personas manifestantes quienes hicieron de nuestro conocimiento que hoy, 22 de marzo, a las 16:00 horas, se llevaría a cabo una mesa de trabajo con personal de la Secretaría de Gobierno de Puebla, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dialogar sobre las demandas de las comunidades afectadas por el basurero. Sin embargo, minutos antes de que se efectuara el encuentro, las autoridades lo cancelaron y amenazaron con hacer uso de la fuerza contra las personas manifestantes con el apoyo de policías “granaderos” y Guardia Nacional, para desbloquear la carretera. Posteriormente, las autoridades anunciaron la reapertura del diálogo.

Tal como Amnistía Internacional lo ha señalado en su informe México. Tierra y ¿Libertad?, la protesta pacífica es un derecho que se encuentra protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que es obligación del Estado mexicano protegerlo y garantizarlo. Además, la protesta es una vía para exigir otros derechos humanos y para denunciar violaciones a los mismos.

El derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para exigir el respeto a sus derechos, incluyendo la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas, al medio ambiente sano, la información y la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros. Adicionalmente, ha sido una vía fundamental cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no son accesibles para las personas que protestan.

Recordamos a las autoridades locales y estatales que las personas de la localidad están protestando en ejercicio de este derecho, debido a que no han sido atendidas en sus demandas. Impedir su protesta es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. 

Por lo anterior, Amnistía Internacional reitera su llamado respetuoso al Gobierno del Estado de Puebla, a los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla y San Andrés Calpan, así como a las autoridades federales de Conagua, Semarnat y Profepa a continuar con la apertura al diálogo; brindar a las personas de la comunidad la atención que requieren y dar solución a las demandas que mantienen desde hace varios años.

Asimismo, hacemos un atento llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en apego a sus respectivas atribuciones, hagan un monitoreo de la respuesta estatal a efecto de evitar violaciones a derechos humanos. 

Para más información o para concertar una entrevista, contacte a:

Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional, Sección Méxicana prensa@amnistía.org.mx,

+52 55 2265 4331