Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia por quienes hace campaña en todo el mundo, y que ahora corren un mayor peligro a causa de la pandemia de COVID-19.
“A medida que este devastador virus barre el globo, las prisiones corren el riesgo de convertirse en lugares peligrosos donde contraer la COVID-19. Es más importante que nunca que los Estados tomen medidas urgentes para proteger a todas las personas que están entre rejas, y eso incluye poner en libertad a todas las que están recluidas simplemente por ejercer de forma pacífica sus derechos”, ha manifestado Sauro Scarpelli, director adjunto de Campañas de Amnistía Internacional.
“Los presos y presas de conciencia no han cometido ningún delito, y aun así siguen siendo detenidos arbitrariamente en condiciones que se están volviendo cada vez más peligrosas. El hacinamiento y la falta de saneamiento en muchas prisiones del mundo hacen que a las personas detenidas les resulte imposible tomar medidas de prevención frente a la enfermedad, tales como la distancia física y el lavado frecuente de manos. Su detención injustificada las está poniendo en una situación de mayor riesgo.”
Amnistía Internacional hace campaña activamente por la liberación de unas 150 personas a las que ha adoptado como presas de conciencia: personas que están detenidas en diversas partes del mundo exclusivamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos. Aunque Amnistía está trabajando en 150 casos, es probable que haya miles más.
Entre los casos emblemáticos sobre los que la organización está haciendo campaña se encuentra el de Rubén González, sindicalista venezolano detenido arbitrariamente el 29 de noviembre de 2018, tras protestar pacíficamente y propugnar los derechos laborales de quienes trabajan en una empresa minera propiedad del Estado. Rubén González fue acusado de atacar a un militar y fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión.
Fue juzgado, declarado culpable y condenado por un tribunal militar, lo que le negó su derecho a un juicio justo. No había pruebas fiables en su contra, y su detención y su juicio se debieron claramente a motivos políticos. Su estado de salud ya es malo: sufre fallo renal e hipertensión, lo que lo sitúa en una posición de mayor riesgo frente a la COVID-19.
La abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh también es presa de conciencia. Detenida el 13 de junio de 2018, fue condenada a 38 años y 6 meses de cárcel y 148 latigazos tras dos juicios manifiestamente injustos. Los cargos que se le imputaban están relacionados con su oposición a las leyes sobre el uso forzoso del velo, entre ellos “incitar a la corrupción y la prostitución” y “cometer abiertamente un acto pecaminoso […] apareciendo en público sin hiyab”; también están relacionados con su activismo contra la pena de muerte.
Entre las actividades legítimas que las autoridades han citado como “prueba” contra ella se encuentran: quitarse el pañuelo de la cabeza durante las visitas penitenciarias; conceder a los medios de comunicación entrevistas sobre el violento arresto y detención de mujeres que protestaban contra el uso forzoso del hiyab; y pertenecer a grupos de derechos humanos como la Campaña para la Abolición Progresiva de la Pena de Muerte.
Emir-Usein Kuku es un tártaro de Crimea que investigó y denunció violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, cometidas durante la actual ocupación rusa de la península de Crimea.
Lleva en prisión, separado de su esposa y sus hijos, desde febrero de 2016. El 12 de noviembre, un tribunal militar ruso los declaró a él y a los cinco acusados con él (Muslim Aliev, Vadim Siruk, Enver Bekirov, Arsen Dzhepparov y Refat Alimov) culpables de cargos falsos relacionados con el terrorismo. Tras un prolongado juicio injusto, los seis han sido condenados a penas de entre 7 y 19 años de prisión. Amnistía Internacional los considera a todos ellos presos de conciencia.
“La detención injustificada de cualquier persona en medio de una pandemia global es cruel y sumamente irresponsable”, ha manifestado Sauro Scarpelli. “Los derechos humanos para todas las personas deben estar en el núcleo de la respuesta al COVID-19, y deben permanecer en el centro de nuestros esfuerzos por construir un futuro justo y tolerante, en el que todas las personas puedan expresar de forma libre e individual sus opiniones en el mundo posterior al COVID-19.”
Información complementaria
Amnistía Internacional hace campaña en favor de unos 150 presos y presas de conciencia. La cifra exacta varía de unos momentos a otros a causa de la liberación, la muerte o el hecho de que algunos casos individuales son representativos de un grupo mayor de personas, como en el caso de Emir-Usein Kuku que se ha expuesto más arriba.
Además de que se libere a los presos y presas de conciencia, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que tomen medidas para frenar la propagación de la pandemia, con medidas que incluyen descongestionar los centros penitenciarios. Las autoridades deben asimismo revisar los casos tanto de las personas en prisión preventiva como de los menores de edad, y considerar la liberación anticipada, temporal o condicional de las personas que corren especial riesgo, como las personas de edad o las que padecen enfermedades subyacentes.
La organización insta, asimismo, a los gobiernos a proporcionar a las personas que permanezcan en prisión un nivel de atención médica que satisfaga las necesidades individuales de cada una, similar al que se ofrece a la comunidad, y que garanticen la máxima protección posible frente a la propagación de la COVID-19. Para más información, véase https://www.amnesty.org/es/get-involved/covid-19/
Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional ha hecho campaña en favor de miles de presos y presas de conciencia, personas que han sido detenidas arbitrariamente a causa de sus convicciones o de su identidad.
