Homenaje a la activista de derechos humanos y concejala Marielle Franco en Sao Paulo, Brasil, 14 de marzo de 2020. © REUTERS/Amanda Perobelli
El Supremo Tribunal Federal condenó este miércoles (25) a tres agentes públicos por el asesinato de la concejala Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes: un exdiputado federal, un consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y un policía militar.
Tras ocho años de movilización social exigiendo respuestas sobre quién ordenó el asesinato de Marielle Franco, la justicia brasileña ha llegado a una conclusión: Chiquinho Brazão (exdiputado federal), Domingos Brazão (consejero del TCE-RJ) y Ronald Pereira (mayor de la Policía Militar) fueron condenados por el asesinato de Marielle y Anderson y por la tentativa de homicidio de Fernanda Chaves; Rivaldo Barbosa (delegado de la Policía Civil) fue condenado por corrupción pasiva y obstrucción de la justicia; y Robson Fonseca (exasesor de Domingos en el TCE-RJ) por su participación en organización criminal.
El juicio de los autores intelectuales de un crimen contra una persona defensora de derechos humanos constituye un hito en la lucha contra la impunidad política, y es indispensable que este resultado se traduzca en protección para todas las personas defensoras de derechos humanos en Brasil.
El caso de Marielle Franco y Anderson Gomes, asesinados el 14 de marzo de 2018, generó indignación social en todo el mundo. En 2021, Amnistía Internacional reunió más de un millón de voces alrededor del planeta exigiendo justicia para Marielle y Anderson. A lo largo de todos estos años, organizaciones, movimientos y activistas que trabajan en la defensa de los derechos humanos impulsaron innumerables manifestaciones en todo Brasil y realizaron importantes exigencias al Estado brasileño, demandando que actuara conforme a la ley y respondiera a los cuestionamientos sobre el caso.
Llegar a este momento nos lleva a reconocer que la resistencia colectiva y la lucha social son fundamentales para alcanzar la justicia. Al mismo tiempo, si bien el caso de Marielle y Anderson es emblemático, aún existen muchos otros pendientes de resolución. Si hoy celebramos una victoria importante, también continuaremos exigiendo respuestas para los numerosos casos que siguen sin conclusión, en los que no han sido condenados ni los autores materiales ni los intelectuales. Asimismo, seguiremos denunciando las amenazas cotidianas contra la vida de tantas personas defensoras, la ausencia de reparación para las familias y comunidades afectadas por estas violaciones, y la falta de garantías de no repetición que la sociedad merece.
La condena penal de autores materiales e intelectuales no es suficiente: estas violencias no pueden repetirse. Seguiremos al lado de las personas defensoras de derechos humanos en todo Brasil, para que nadie más vea limitada su lucha ni su vida.
Es necesario subrayar que este caso reveló una serie de fallas del Estado. En primer lugar, el Estado falló en proteger la vida de Marielle, Anderson y Fernanda. Marielle era una persona defensora de derechos humanos, mujer negra, LGBTIA+, madre, originaria de la favela de Maré, que dedicó su vida a la lucha por la justicia. Defender derechos no puede costar la vida.
El Estado también falló al tardar ocho años en presentar respuestas eficaces, ágiles y respetuosas para Fernanda Chaves, única sobreviviente del crimen; para las familias de las víctimas, que lucharon incansablemente para preservar su memoria y encontrar justicia y reparación; y para la sociedad, que durante casi una década entera reiteró cuestionamientos sobre el caso.
Brasil es uno de los países que más asesina a personas defensoras de derechos humanos, y este es un problema estructural de nuestra sociedad, derivado de la insuficiencia de políticas públicas, la limitación de los programas de protección, la debilidad del control externo ejercido por el Ministerio Público, la falta de rendición de cuentas de quienes violan derechos y una política de seguridad pública orientada por la violencia racista, misógina y clasista. Cuando defender derechos humanos implica vivir bajo la amenaza constante de perder la vida, queda en evidencia que el Estado no está cumpliendo con lo que la ley establece.
Las investigaciones de este caso también revelaron el modus operandi de la seguridad pública del estado de Río de Janeiro: corrupción policial, obstrucción de la justicia y actuación del crimen organizado dentro del propio poder público. No habrá justicia plena ni garantías de no repetición sin que estos problemas sean resueltos. El Estado no puede permitir, y mucho menos normalizar, que sus agentes cometan delitos.
Es indispensable garantizar juicios expeditos, justos, independientes y transparentes, con protección efectiva para familiares, testigos, comunidades, personas defensoras de derechos humanos, abogadas y abogados, fiscalías y demás personas involucradas en los procesos. Esto solo será posible mediante el desmantelamiento de las redes criminales que, respondiendo a intereses privados, operan desde el interior del Estado.
Es imprescindible investigar y sancionar con seriedad a los agentes públicos que cometen delitos y violan derechos. Solo de esta forma será posible garantizar efectivamente el acceso a la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición.
La campaña que reunió más de un millón de firmas en Brasil y en el mundo refuerza que la sociedad no ha olvidado y no aceptará retrocesos: es un llamado colectivo por la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Esta movilización histórica demuestra que el juicio constituye un hito en la lucha contra la impunidad y fortalece nuestro compromiso de mantenernos vigilantes para que el Estado cumpla su responsabilidad. El logro alcanzado en este juicio nos impulsa a continuar la lucha, siempre en memoria de Marielle y Anderson, por una sociedad que reconozca el papel social y proteja a quienes defienden nuestros derechos, y por un Estado que garantice su vida y su labor.
