Foto: Swe Lin Tun/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.
Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los gobiernos de la región y otros Estados interesados deberían brindar más apoyo a la población de Myanmar y hacer que la junta rinda cuentas de sus crímenes. Las elecciones, fuertemente controladas y celebradas en tres fases entre el 28 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, han sido ampliamente descalificadas por considerarse fraudulentas y organizadas para garantizar la victoria del partido respaldado por el ejército.
“No es un accidente que estas elecciones hayan sido posibles mediante un aumento de los abusos contra los derechos humanos, que van desde la detención arbitraria hasta los ataques ilegítimos contra la población civil, en lo que ha sido el modus operandi del ejército durante decenios”, ha manifestado Ejaz Min Khant, especialista en derechos humanos de Fortify Rights. “A medida que esta crisis se adentra en su sexto año, el gobierno debe centrarse en las iniciativas de rendición de cuentas y justicia por los numerosos crímenes cometidos por el ejército de Myanmar, unas iniciativas sin las que el país no puede avanzar.”
Desde el golpe de Estado, la junta ha prohibido sistemáticamente decenas de partidos políticos y ha detenido a más de 30.000 personas por motivos políticos. En enero, la junta informó de que había emprendido acciones legales contra más de 400 personas en virtud de una ley de “protección de las elecciones” aprobada en julio, en la que se tipificaban como delito las críticas a las elecciones y se prohibían los discursos y la organización o celebración de protestas que alteraran cualquier parte del proceso electoral.
Las elecciones han sido una pieza central de los intentos de la junta de sofocar toda la oposición política, hacer descarrilar las iniciativas para restaurar el gobierno civil y afianzar el sistema de Estado controlado por el ejército. Tal como se esperaba, y por diseño, los resultados electorales indican una victoria aplastante del representante del ejército, el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión.
China y Rusia, principales suministradores de aviones y armas para la junta, enviaron observadores electorales a los comicios. Los dos países llevan mucho tiempo apoyando a la junta mientras bloquean en el Consejo de Seguridad de la ONU la acción internacional sobre las atrocidades cometidas por el ejército. Malasia, que el año pasado presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ha declarado que el bloque no ha enviado observadores para certificar las votaciones.
En una ampliación de las operaciones militares en vísperas de las elecciones, en 2025 la junta intensificó sus ataques aéreos, incluidos ataques deliberados e indiscriminados contra personas e infraestructuras civiles, en lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario. Los ataques aéreos han alcanzado escuelas, hospitales, lugares de culto religioso y campos de personas desplazadas, y han matado a miles de personas durante el último año.
El ejército también ha intensificado su uso de drones armados, paramotores y autogiros en ataques ilícitos, que han representado nuevas amenazas para la población civil. El 6 de octubre, un ataque militar con paramotor contra un festival budista en la región de Sagaing mató al menos a 24 personas, tres de ellas menores de edad. Desde diciembre de 2024 se ha informado de más de 135 ataques con paramotor. Myanmar es uno de los poquísimos países que siguen utilizando munición de racimo y minas terrestres antipersonal, prohibidas internacionalmente.
“Los cinco últimos años son una sombría ilustración de la estrategia militar fallida de Myanmar de afianzar el control matando y aterrorizando a civiles”, ha manifestado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar. “Los ataques militares aéreos y con drones alcanzaron nuevas cotas en 2025, cuando la junta intensificó su ya de por sí brutal campaña contra las zonas de oposición; cada vez más personas viven con miedo a que caigan bombas desde el cielo.”
Desde que en febrero de 2024 se promulgó una ley de reclutamiento, la junta ha utilizado tácticas abusivas como el secuestro de jóvenes y muchachos y la detención como rehenes de familiares de reclutas en paradero desconocido. Desde el golpe de Estado, el ejército ha aumentado el reclutamiento y uso de niños soldados.
También desde el golpe, más de 2.200 personas han muerto, según los informes, bajo custodia de la junta, aunque la cifra real es probablemente más alta. La tortura, la violencia sexual y otros malos tratos imperan en las prisiones, los centros de interrogatorio, las bases militares y otros lugares de detención, con informes sobre violación sexual, palizas, mantenimiento prolongado de posturas en tensión, descargas eléctricas y quemaduras, negación de la atención médica y privación de la comida, el agua y el sueño. En julio, Ma Wutt Yee Aung, activista de 26 años, murió en la prisión de Insein a causa de una presunta falta de atención médica para las lesiones sufridas hacía tiempo en la cabeza a consecuencia de torturas.
Tras el terremoto de marzo de 2025 que azotó el centro de Myanmar, la junta obstaculizó el acceso a servicios vitales en zonas controladas por la oposición. Los años de ataques ilegítimos lanzados por la junta contra centros médicos y personal sanitario dificultaron seriamente la respuesta de emergencia. A pesar del anuncio de un alto el fuego, el ejército lanzó más de 550 ataques en los dos meses siguientes al terremoto.
Los abusos cometidos por los militares y la escalada de combates han obligado al menos a 3,6 millones de personas a desplazarse internamente. Los recortes de la ayuda exterior, la subida vertiginosa de los precios y las restricciones a la atención médica y los suministros humanitarios han agravado la malnutrición, las enfermedades transmitidas por el agua y las muertes evitables. Más de 15 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, que afecta especialmente al estado de Rajine.
Millones de personas que han huido del país sufren crecientes amenazas y corren peligro de devolución forzada.
Desde finales de 2023, la población civil rohinyá se ha visto atrapada en los combates entre la junta y las fuerzas étnicas del Ejército de Arakán, que ha impuesto medidas opresivas contra la población rohinyá en el norte del estado de Rajine, medidas que incluyen trabajos forzados y detención arbitraria.
Desde el golpe de Estado han proliferado la trata de seres humanos, los centros de estafas, la extracción de recursos no regulada, la producción de drogas y otras operaciones ilícitas. Los centros de estafa online a lo largo de la frontera de Myanmar con Tailandia —gestionados por sindicatos criminales globales dirigidos por ciudadanos chinos— dependen principalmente de la trata de seres humanos, el trabajo forzado y la tortura para poder llevar a cabo sus estafas, que forman parte de un negocio que mueve miles de millones de dólares en toda la región.
Los abusos generalizados y sistemáticos cometidos por el ejército se han visto alimentados por decenios de impunidad e insuficientes iniciativas internacionales para ponerles fin.
Las medidas de rendición de cuentas que se están tomando en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional (CPI) son vitales, pero siguen limitándose a las atrocidades cometidas antes del golpe de Estado. En noviembre de 2024, el fiscal de la CPI solicitó una orden de detención contra el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe del ejército, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 2017; los jueces aún no han emitido una decisión pública sobre esa solicitud.
El Consejo de Seguridad de la ONU permanece básicamente bloqueado, sin poder hacer un seguimiento de su resolución de diciembre de 2022 —en la que denunciaba los abusos cometidos por el ejército después del golpe de Estado—, a causa de medidas tangibles debidas a la oposición de China y Rusia.
Los miembros del Consejo de Seguridad deben exponer las medidas específicas de rendición de cuentas que se tomarán contra la junta por su negativa a cumplir con la resolución del Consejo y otros numerosos llamamientos internacionales. La celebración de reuniones abiertas periódicas sobre Myanmar pueden ayudar a impulsar una resolución de seguimiento para remitir a la CPI toda la situación del país y dictar un embargo global de armas y de combustible para aviones.
“Cinco años después del golpe, la catástrofe humanitaria y de derechos humanos de Myanmar se enfrenta a una disminución de la atención y la asistencia extranjera”, ha manifestado Shayna Bauchner, investigadora sobre Asia de Human Rights Watch. “Para poner fin a esta crisis se necesitan una presión internacional sostenida, una rendición de cuentas significativa y un apoyo humanitario, político y técnico concreto para las personas que permanecen en Myanmar y los millones que se han visto obligadas a huir.”
