¿Comete Israel el crimen de apartheid?

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para poder hablar de apartheid es necesario que tengan lugar una serie de actos inhumanos. El conjunto de esos actos conforma un sistema que puede no afectar a todas las víctimas por igual, y que puede ser diferente de un país a otro. Pero los sistemas de apartheid tienen siempre un denominador común: la discriminación racial. Y el objetivo es el mismo: mantener un sistema que busque preservar una estructura demográfica determinada, con un grupo étnico que domina y controla al resto.

Comparar o establecer un nexo común entre el apartheid sudafricano y el israelí puede ser la principal fortaleza y, al mismo tiempo, la principal debilidad de cualquier intento de publicación seria, ya que el conjunto de actos inhumanos puede ser muy diferente de uno a otro sistema. Pero si se atiende a la razón de ser de todo apartheid (una desarrollada discriminación racial orientada a mantener un sistema de dominio de un grupo sobre otro) se pueden encontrar similitudes. Y el objetivo de encontrar esas similitudes es claro: demostrar que el apartheid es un sistema que, con la voluntad política nacional e internacional adecuadas, puede desaparecer. Ya lo hizo en Sudáfrica en 1990 y lo puede hacer en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

Pero para ello, es necesario acabar con la cultura de la excepcionalidad que permite la impunidad, ya que no puede haber paz sin justicia, ni justicia si prevalece la impunidad. Es necesario, por tanto, que la opinión pública nacional e internacional sea consciente de lo que sucede.

El apartheid en Sudáfrica

En Sudáfrica, el grupo étnico dominador, la población blanca, era el grupo minoritario, que recluía al grupo étnico dominado y mayoritario, la población negra (compuesta por tres etnias diferentes) en los llamados bantustánes, una suerte de Estados independientes creados de facto. La población blanca no consideraba que la población negra fuesen ciudadanos de Sudáfrica, sino de los bantustánes. Así, a la mayoría se les retiró la ciudadanía sudafricana, por lo que ya no podían reclamar derecho alguno al gobierno.

Una parte podía llegar a obtener la ciudadanía sudafricana, pero con derechos bastante reducidos.

Otra parte, tan solo podía acceder a la ciudadanía de algún bantustán. Había playas solo para blancos, y tiendas solo para negros. Había un parlamento blanco, y otro negro subordinado.

Mientras el apartheid sudafricano se limitaba a sus propias fronteras, el israelí va más allá. La discriminación racial por parte de Israel es más sutil en algunos de sus elementos al haber sido enmascarada con políticas notablemente abiertas hacia colectivos internacionalmente marginados, como el LGTBIQ+, o los árabe-israelíes, que pueden disfrutar de una amplia gama de derechos dentro de Israel.

Una bandera palestina ondea en el tejado de un apartamento temporal al que se ha trasladado la familia palestina de Abu Nab, tras ser desalojada de su apartamento, en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este. © AP Photo/Mahmoud Illean

El apartheid israelí

El apartheid israelí es la raíz y resultado del conflicto palestino-israelí, y afecta a tres grupos diferentes, con distintas intensidades:

• los árabe-israelíes dentro de las fronteras de Israel;
• los palestinos residentes en los Territorios Palestinos Ocupados (Gaza y Cisjordania) más allá de las fronteras de Israel;
• y los refugiados palestinos en países vecinos, actualmente más de cinco millones, descendientes de aquella población expulsada durante las dos guerras árabe-israelíes. La de 1948 y la de 1967. Ésta última permitió a Israel ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, manteniendo una ocupación militar desde entonces que es clave en la situación actual.

Existe una íntima relación entre los árabe-israelíes y las personas refugiadas palestinas, ya que su origen parte del mismo punto. La Guerra de 1948 fue la guerra de la independencia para Israel, pero fue la Nakba (desastre) para los palestinos. Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otros documentos de Naciones Unidas hablan incluso del 85%.

Entre 1946 y 1950, entre 700.000 y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos, o desplazados en Gaza y Cisjordania. Esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y, más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los cinco millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU, de 1948, reconoce el derecho de retorno e indemnización de los refugiados palestinos, así como de sus descendientes. 

“El objetivo del apartheid israelí es crear un Estado de mayoría judía. Si las personas refugiadas palestinas retornasen, esta mayoría se vería amenazada. Por ello, más de 70 años después, la Resolución 194 sigue sin cumplirse.”

El gran objetivo del apartheid israelí es crear un Estado de mayoría judía. Para ello, no basta con que su población mantenga el status quo de dominación, sino que es necesario que constituyan una mayoría demográfica. Si los refugiados palestinos retornasen, esta mayoría se vería amenazada. Por ello, más de 70 años después, la Resolución 194 sigue sin cumplirse.

Hay quienes han llegado a afirmar que no existe tal cosa como el derecho de retorno para la población palestina, obviando que efectivamente existe una Ley de Retorno de 1950 y una Ley de Nacionalidad de 1952 para los judíos que permite a cualquier judío de cualquier parte del mundo adquirir la nacionalidad y residencia israelí, aún cuando nunca antes haya vivido en el país. Una persona palestina no podría acceder a esa nacionalidad, ni viviendo durante décadas en la zona ni aún casándose con una persona israelí. Así, mientras Israel impide el retorno de los refugiados palestinos a sus hogares, permite el retorno de lo judíos a Israel, independientemente de que nunca antes hayan vivido en el país.

La policía fronteriza israelí comprueba las tarjetas de identificación de niños y niñas palestinos en un puesto de control al salir del barrio árabe de Issawiyeh en Jerusalén. © AP Photo/Oded Balilty

La población árabe-israelí

La población palestina refugiada en países vecinos y desplazada en Gaza y Cisjordania cayó en la línea desafortunada de la Guerra de 1948. Pero hubo otras personas más afortunadas. Tras aquel conflicto, solo pudieron permanecer dentro de Israel, en muchos casos como personas desplazadas, unas 150.000, el 15% de la población, que en 1952 accedieron a la ciudadanía israelí. Estas personas y sus descendientes son los llamados “árabes-israelíes” y actualmente suponen el 20% de la población de Israel.

La narrativa israelí y sus defensores normalmente utilizan como ejemplo a este colectivo para desmarcarse o deslegitimar las acusaciones de discriminación o apartheid. Ciertamente, la situación de los árabes-israelíes es notablemente mejor que la de los palestinos que viven en las ocupadas Gaza y Cisjordania o de los refugiados palestinos en terceros Estados, ya que tienen acceso a una gama relativamente amplia de derechos. Aún así, no gozan del mismo estatus jurídico que las personas israelíes judías. Uno de tantísimos ejemplos es la Ley de Estado Nación de 2018, que reconoce de manera excluyente que Israel es la patria de los judíos, y solo de ellos, y que el derecho a la libre determinación es exclusiva del pueblo judío. Esta Ley es clave para impedir el retorno de las personas refugiadas palestinas. Si las tierras que dejaron atrás pasan a formar parte de un país diferente, ya no tienen hogar ni país al que volver.

Esta narrativa, además, obvia intencionadamente (lo que prueba la existencia de un sistema de discriminación) la situación de la población palestina residente en Jerusalén Este, sometida a desalojos forzosos o al riesgo de que se produzcan.

Jerusalén Este y Cisjordania

Jerusalén Este fue anexionada de manera ilegal (internacionalmente reconocido como tal por Naciones Unidas) por Israel en 1980, y desde entonces aplica en ella su propia legislación (algo prohibido por el derecho internacional). En una trampa jurídica perfecta, Israel permite a la población judía reclamar las tierras que supuestamente perdieron en 1948, negando ese derecho a la población palestina y forzándola a abandonar sus hogares. Esta política de desalojos fue el germen de la guerra palestino-israelí de 2021. Todo ello se combina, tanto dentro como fuera de Israel, con una práctica sistemática de detenciones administrativas, es decir, de detenciones arbitrarias sin ningún tipo de garantía ni información, que pueden prolongarse durante meses y años sin conocer siquiera los cargos de los que se acusa, y sin importar ni siquiera la edad de la persona detenida.

Cisjordania: Zona A administrada políticamente por palestinos. Zona B administrada por palestinos y seguridad conjunta palestino-israelí y zona C aún bajo administración israelí.

Cisjordania es hoy una región absolutamente vertebrada fruto de un proceso de paz que comenzó en Madrid en 1991 y que culminó en 1993 con los Acuerdos de Oslo. Todo lo que en ellos se estableció fue pensado como un paso previo para una paz permanente que implicase la retirada del ejército israelí, el cual ocupa el terreno desde la guerra de 1967. Y ahí reside otra de las trampas: no se consiguió dicho acuerdo de paz permanente y la ocupación militar israelí, que debía ser temporal, es ya indefinida. El resultado: uno de los lugares más extraños de la tierra.

Mediante los Acuerdos de Oslo, Cisjordania ha quedado dividida en tres zonas:

• Zona A (bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina);
• Zona B (bajo control civil palestino y control militar palestino-israelí);
• Zona C (bajo control civil y militar israelí).

De las tres zonas, la zona A es la menor. En ella, al igual que en la zona B, están las principales ciudades, campos de refugiados y pueblos palestinos, que suponen alrededor del 95% de la población, pero solo el 40% de las tierras.

La zona C, bajo control civil y militar israelí, comprende el 60% restante de las tierras de Cisjordania, incluidas todas las reservas de tierras y todas las carreteras principales, pero es inaccesible en su mayor parte para la población palestina. Los recursos clave para la vida, como el agua o saneamiento, pasan o están en esta tercera zona. Es aquí donde Israel aplica dos de los brazos más importantes de su apartheid.

Una mujer palestina pasa por delante del muro levantado por Israel en Cisjordania. En el graffiti vemos una cremallera que se abre y revela una bandera palestina. © AP Photo/Tara Todras-Whitehill

Israel aplica, por un lado, una política expansionista de asentamientos ilegales israelíes, es decir, de grandes urbanizaciones residenciales más allá de las fronteras de Israel para los llamados colonos judíos, que poco a poco van conquistando territorio palestino casa por casa. Los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional y constituyen el motor de la ocupación militar israelí de Cisjordania y Jerusalén Este. Por otro lado, Israel aplica una política de destrucción de propiedades palestinas y desalojos forzados.

En este segundo brazo, Israel no puede aplicar su propia legislación (como hace en Jerusalén Este) para llevar a cabo los desalojos de personas palestinas, al no haberse anexionado el territorio de la zona C. Pero, en su lugar aplica toda una batería de ordenanzas militares.

Israel lleva tiempo buscando anexionarse los territorios de los asentamientos, ya que ello le permitiría extender su soberanía más allá de las fronteras actuales, ampliando su territorio.

Además, desde 2002, Israel ha levantado toda una serie de muros, bloqueos, puestos fronterizos y de cruce y zonas restringidas para separar las tres zonas entre sí, así como el conjunto de Cisjordania de Israel. Los llamados muros tienen un doble objetivo: facilitar los trayectos y las comunicaciones entre los asentamientos de los colonos israelíes y torpedear la libertad de movimiento de la población palestina, aislándola en las dos primeras zonas, sin que puedan tener apenas acceso a nada más.

En esta foto de archivo, del jueves 25 de marzo de 2010, se ve el barrio judío de Pisgat Zeev en Jerusalén Este tras el muro de separación levantado por Israel. © AP Photo/Bernat Armangue, Archivo

La mejor manera de entenderlo es imaginar que las dos primeras zonas son un conjunto de 167 islotes de mayor o menor tamaño, separados entre ellos y rodeados por un mar hostil (zona C) plagado de asentamientos ilegales judíos cada vez más grandes y que, además, alberga los recursos necesarios para la vida. Buena parte de los colonos judíos ejercen una violencia contra los palestinos que consideran legítima y necesaria en nombre de “los verdaderos derechos humanos”. Más allá de los asentamientos, la población palestina se encuentra amenazada por grupos supremacistas judíos.

La Franja de Gaza

La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras desde 1948 en adelante, así como por sus descendientes. Muchos no han salido nunca de la Franja, que lleva bloqueada por tierra, mar y aire desde 2007 por parte de las fuerzas militares israelíes.

Gaza es la “prisión” más grande del mundo. Según el propio Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, es “el infierno en la tierra”. Una de las regiones donde la situación humanitaria es extremadamente preocupante y donde viven 1,6 millones de personas, de las cuales más de la mitad son menores. Eso la convierte en uno de los lugares más densamente poblados del mundo.

“Gaza es la ‘prisión’ más grande del mundo. Según el propio Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, es ‘el infierno en la tierra’.

Un soldado israelí descansa en un puesto de control entre Israel y la Franja de Gaza. © AP Photo/Ariel Schalit

El 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% padece inseguridad alimentaria y más del 75% es beneficiaria de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Cada día se vierten en el mar entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de un tercio de los artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados.

La impunidad de Israel

Todo lo descrito no sería posible sin otro elemento clave del apartheid israelí: la impunidad. La retirada progresiva de apoyo internacional y el aumento del aislamiento fueron algunos de los factores clave para poner fin al apartheid sudafricano. No obstante, en el caso israelí esto aún está lejos de suceder. Como denuncia en un contundente informe de 2019 el Relator Especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, el caso israelí es paradójico: pocos países dependen más de la comunidad internacional y menos aún se atreven a desafiarla como hace Israel.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido toda una serie de resoluciones jurídicamente vinculantes tanto para las partes implicadas (Israel y la Autoridad Palestina), como para el resto de la comunidad internacional, que debe garantizar que las Altas Partes implicadas cumplan con sus obligaciones. Además, el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 es aplicable en su totalidad a la ocupación israelí del territorio palestino. Así lo resolvió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su Resolución 237 de 1967.

No obstante, Israel solo ha cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado, y han habido muchas.

El principal problema del mundo moderno no es la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad política para hacerlas cumplir. Como dijo el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres “no puede haber paz sin justicia, ni justicia si prevalece la impunidad”, ni tampoco puede haber paz si no se respeta el derecho internacional.

“Israel solo ha cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado”

Fuerzas israelíes destruyen un edificio en una aldea palestina de Sur Baher, en Jerusalén Este. © AP Photo/Mahmoud Illean

Por lo tanto, el fin de la impunidad de Israel solo pasa por una clara voluntad política de la comunidad internacional que implique la rendición de cuentas y el fin de la cultura de la excepcionalidad. Las consideraciones políticas, el inmovilismo o la reticencia a enfrentarse a un aliado no son motivos suficientes para evitar la rendición de cuentas ni para mirar a otro lado con las constantes violaciones israelíes del derecho internacional.

Uno de los ejemplos más tristes del inmovilismo y la cultura de la excepcionalidad es la apertura oficial, en marzo de 2021 por parte de la Corte Penal Internacional, de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en la región durante el conflicto de 2014. Tras un llamamiento diplomático de Israel, varios países como Canadá, Hungría, Australia o Alemania, entre otros, se movilizaron para cuestionar la jurisdicción de la Corte en el territorio.

El Relator Especial considera que quizás no quede otro remedio que aceptar que, en el caso de esta ocupación, “el derecho internacional está más cerca del poder que de la justicia”.

Pero en Amnistía Internacional seguiremos trabajando para impedirlo. No vamos a rendirnos ni a desfallecer. ¿Nos ayudas? Puedes empezar por firmar nuestra petición a las autoridades israelíes para que terminen con su política de demoliciones y desalojos forzosos.