Mitchell Paquette y Ariela Levy
Equipo de Amnistía Internacional España
- mayo 22, 2020
- Por Amnistía Internacional
El COVID-19 no sólo amenaza nuestra salud y nuestra economía, sino que también pone a prueba nuestro sistema universal de derechos humanos. Con el fin de combatir la propagación del virus, gobiernos de todo el mundo han impuesto medidas que restringen varios derechos, como la libertad de circulación, y que abarcan desde limitaciones de las reuniones colectivas hasta estrictos confinamientos de ámbito nacional.
Tales medidas de emergencia podrían estar justificadas durante la actual crisis de salud pública siempre que cumplan los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, establecidos por el derecho internacional y se hagan aplicar de manera no discriminatoria. Lamentablemente, Amnistía Internacional ha observado en todo el mundo un aumento de las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley, muchas de las cuales se han documentado visualmente y publicado en plataformas de redes sociales.
Con los viajes internacionales y locales restringidos, la investigación de campo sobre cuestiones preocupantes de derechos humanos resulta más difícil y, como consecuencia de ello, la investigación documental y la recopilación a distancia de información por medio de fuentes de acceso público adquieren más importancia.
En este blog examinamos los principales tipos de violaciones de derechos humanos que las investigaciones de información de fuentes digitales de acceso público (conocida comúnmente como OSINT, siglas de Open Source Intelligence, o “inteligencia de fuentes abiertas”) han podido revelar, como homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, humillación y extralimitaciones oportunistas del gobierno. Asimismo, bosquejamos algunas de las técnicas que el proyecto Evidence Lab del Programa de Respuesta a la Crisis de Amnistía ha venido utilizando para hacer seguimiento de posibles violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis.
Tratos crueles, inhumanos o degradantes
En toda Latinoamérica, la policía ha utilizado tácticas humillantes y degradantes contra personas acusadas de incumplir cuarentenas u otras medidas de distancia social. Hemos visto numerosos vídeos de grupos de personas obligadas a hacer ejercicio y humilladas en países como Venezuela y República Dominicana, así como de trato inhumano de personas que duermen en la calle en Argentina y de personas transgénero en Colombia. También hemos visto aplicar la detención como primera medida, en vez de como último recurso, en operaciones policiales llevadas a cabo para hacer cumplir las medidas de confinamiento.
A menudo, cuesta verificar estos vídeos, porque pueden no mostrar el contexto geográfico, en particular cuanto están grabados dentro de comisarías donde las víctimas pueden hallarse detenidas. En estos casos, hemos analizado el acento de las personas y detalles de los uniformes y el equipo policial para intentar determinar en qué país se ha grabado el vídeo. También hemos utilizado otros indicadores para asegurarnos de que los vídeos se han grabado tras haberse comenzado a aplicar las medidas enérgicas de respuesta a la COVID-19, observando, por ejemplo, si las personas que aparecen en ellos llevan mascarilla o si se han publicado después de haberse impuesto las restricciones en el país de origen.
Uso excesivo de la fuerza
Desde las primeras fases de la respuesta a la pandemia, las fuerzas de seguridad de varios países han hecho un uso excesivo de la fuerza contra quienes infringen las restricciones recién impuestas. En Francia han aparecido vídeos de agresiones policiales, con etiquetas muy populares como “#confinementotal” y “#ViolencesPolicieres.”
En India y Sierra Leona, las fuerzas de seguridad han golpeado a la gente con porras, y la policía keniana disparó proyectiles de gas lacrimógeno contra la multitud en Likoni Ferry, Mombasa, pese al riesgo de agravar así la propagación de la enfermedad, ya que la gente tosía y se frotaba la cara y los ojos para aliviar la irritación producida por el gas. En Nigeria, el uso excesivo de la fuerza ha sido especialmente grave, y se ha denunciado la muerte de al menos 18 personas a manos de la policía desde el comienzo de las medidas de confinamiento en el país.
Hay también vídeos de Guajira, Venezuela, que indican que se hizo un uso excesivo de la fuerza contra pueblos indígenas durante una protesta en demanda de agua, alimentos y medicinas.
Sin embargo, no todos los vídeos de fuentes de acceso público que muestran la violencia policial han resultado estar relacionados con la COVID-19. Una característica indudable del panorama que muestran las redes sociales en este momento es que se están poniendo en circulación vídeos antiguos, sacados de contexto. Si se puede, es conveniente traducir lo que se dice en el vídeo a fin de conseguir el mayor contexto posible del suceso documentado.
Agresiones a personas migrantes y refugiadas
A medida que los países cierran sus fronteras en todo el mundo, las dificultades que encuentran las personas migrantes y refugiadas van en aumento.
En Venezuela, donde las personas refugiadas que regresan al país son puestas obligatoriamente en cuarentena, han aparecido vídeos, verificados por Amnistía, de personas que protestan en un recinto deportivo cerrado de Pueblo Nuevo, Táchira, donde presuntamente se recluye en pésimas condiciones a las recién llegadas de Colombia. Mientras tanto, los venezolanos y venezolanas que continúan en Colombia viven con la incertidumbre de no saber si se les permitirá quedarse en el país.
Asimismo, en El Salvador, miles de personas que han incumplido las cuarentenas obligatorias han sido recluidas en centros de internamiento. Las imágenes muestran a gente que acaba de regresar al país, luchando contra una tormenta en uno de estos centros al aire libre.
En la frontera entre Chile y Bolivia, las personas de nacionalidad boliviana tuvieron un enfrentamiento con el ejército cuando los cierres fronterizos limitaron su movilidad. Las imágenes de un campo de acogida instalado al otro lado de la frontera, en Pisiga, donde se está poniendo en cuarentena a las personas bolivianas recién repatriadas, fueron un primer aviso de las malas condiciones de vida y la falta de instalaciones adecuadas que les esperaban.
Los continuos esfuerzos del presidente Trump por limitar la inmigración en Estados Unidos han agravado las penalidades que sufren muchas familias migrantes y personas solicitantes de asilo, cuya situación empeorará todavía más tras la reciente decisión de la administración de suspender temporalmente la inmigración para intentar combatir la pandemia. Muchos observadores ven en esta medida una manipulación de la pandemia para fomentar la xenofobia.
Deficiencias del sistema
Uno de los lugares de Latinoamérica más afectados por la COVID-19 ha sido Guayaquil, Ecuador, donde el Estado a duras penas ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos al abordar la rápida propagación del virus, así como con sus obligaciones en materia de salud pública al ocuparse de los más de 1.900 cadáveres acumulados en las dos primeras semanas de abril. Antes incluso de que los medios de comunicación informaran de la creciente cifra de muertes, ya circulaban en las redes sociales indicios de esta horrible realidad.
Amnistía mantuvo la situación bajo atenta observación y verificó numerosos vídeos de cadáveres abandonados en la calle o en las casas, de centros de salud colapsados, de hileras de personas a la espera de recibir subsidios para enterrar a sus familiares y de preparación de lugares de enterramiento de emergencia. El material audiovisual compartido por personas residentes allí proporcionó a Amnistía Internacional una clara y temprana indicación de la crisis que se estaba produciendo en Guayaquil y nos permitió trazar un mapa de sus efectos generalizados en toda la ciudad. Desde entonces, han aparecido nuevos datos sobre las tasas de mortalidad en Guayas, Ecuador, que corroboran el aumento del número de muertes.
Poderes arbitrarios y excesivos
En respuesta a la pandemia mundial, numerosos países han aprobado leyes o reglamentos de emergencia que imponen limitaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Aunque tales leyes puedan ser compatibles con las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos –en la medida en que cumplan los antedichos principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad– se teme que algunos gobiernos hayan aprovechado la pandemia para arrogarse poderes arbitrarios o excesivos, cuando no ambas cosas. Por ejemplo, el Parlamento húngaro ha conferido a Viktor Orbán amplios poderes generales de excepción, que en la práctica le permiten gobernar por decreto. Aunque se anunció que era una respuesta a la pandemia, tal medida menoscaba aún más el ya mermado Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Hungría.
Seguimiento de las redes sociales
Buscar contenido relevante puede resultar especialmente difícil cuando términos pertinentes como “COVID-19” y “coronavirus” son etiquetas de Twitter muy populares en todo el mundo. El primer paso para filtrar el ruido y encontrar el contenido relevante consiste en elaborar la frase de búsqueda adecuada. Una buena manera de empezar puede ser buscar en el idioma original, como indicamos aquí. El método booleano nos ayudará a restringir o ampliar más nuestra búsqueda (véase esta guía de First Draft News para más información).
Por ejemplo, en nuestro seguimiento inicial del caso de las fuerzas de seguridad que humillan a quienes se saltan el toque de queda, encontramos contenido de Venezuela utilizando los términos “policía” y “abusivo,” así como la etiqueta “#QuedateEnCasa.” En India utilizamos etiquetas como #coronajihad y #biojihad, que están vinculadas a la propagación de desinformación antimusulmana, mientras que la etiqueta #ChinaMustExplain se utilizó para llamar la atención sobre incidentes de discriminación y hostigamiento de personas africanas en China.
Asimismo, buscar los nombres de localidades concretas, en vez de un país, sirve para restringir aún más el contenido. Aunque en el caso de “Ecuador” y “COVID-19”, los resultados pueden parecer inmanejables debido a su diversidad, una búsqueda con “Guayaquil” y “COVID-19” ayuda a limitarlos. Los medios de comunicación locales y nacionales pueden ofrecer pistas para saber qué localidades tienen problemas. A medida que se descubren contenidos pertinentes, el seguimiento de las etiquetas que son tendencia se vuelve sumamente importante, al igual que las ubicaciones, los términos y los relatos de interés.
Seguimiento geoespacial
Desde la circulación masiva de personas hasta la construcción de nuevos edificios, es muchísimo lo que cabe detectar por medio de datos de teledetección como las imágenes de satélite. En el proyecto Evidence Lab del Programa de Respuesta a la Crisis utilizamos de manera habitual estos métodos para rastrear y verificar abusos contra los derechos humanos. La búsqueda de grandes concentraciones de estructuras nuevas o de zonas donde se ha obligado a concentrarse a la gente –como la frontera greco-turca o las tiendas de campaña de la región sudanesa de Darfur– puede revelar problemas de los que no se podría, si no, hacer seguimiento.
Estas herramientas han resultado útiles en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la dificultad conexa para tener acceso inmediato sobre el terreno. Por ejemplo, al hacer seguimiento de la crisis de Guayaquil utilizamos imágenes de satélite de principios de abril para corroborar mejor los vídeos que parecían mostrar ya la creación de lugares de enterramiento de emergencia.
En otros países, las imágenes de satélite nos permiten también hacer seguimiento de la actividad a lo largo de las zonas fronterizas, que nos proporciona indicaciones de cierres de fronteras, aumento de las medidas de seguridad en los puestos de control y establecimiento de campos temporales de acogida.
Hemos explorado también las posibilidades del uso de datos de teledetección para hacer seguimiento de otros lugares importantes, como hospitales y prisiones, que proporcionan un aviso temprano de posibles motivos de preocupación en materia de derechos humanos.
"Al hacer seguimiento de casos individuales de abusos por medio de investigación de fuentes de acceso público, una importante pregunta es: ¿Se corre el riesgo, al llamar la atención sobre estos vídeos, de volver a traumatizar a las personas que aparecen en ellos?"
Cuestiones éticas
Al hacer seguimiento de casos individuales de abusos por medio de investigación de fuentes de acceso público, una importante pregunta que nos hemos hecho en todo momento ha sido: ¿Se corre el riesgo, al llamar la atención sobre estos vídeos, de volver a traumatizar a las personas que aparecen en ellos?
Tal ha sido el caso, en particular, al examinar vídeos de presunta humillación ritual a manos de la policía, en especial hacia mujeres, personas transgénero y miembros de otros grupos marginados históricamente, por dos razones principales. En primer lugar, el contenido de estos vídeos puede ser ya muy humillante cuando se comparten en círculos pequeños. El hecho de que una organización como Amnistía Internacional difunda aún más los vídeos comporta el riesgo de aumentar la humillación. Esta cuestión es motivo de mayor preocupación aún si tenemos en cuenta un segundo aspecto: muchos de estos vídeos los ha grabado la policía, es decir, los perpetradores de las violaciones de derechos humanos. Las personas grabadas no han dado su consentimiento para ello; no han tenido otra opción. Aunque es importante que Amnistía sensibilice sobre tales violaciones de derechos humanos y haga rendir cuentas al Estado por ello, también lo es que lo hagamos con ética, sin que las víctimas vuelvan a traumatizarse ahora o más adelante.
La solución ideal para este problema es conseguir que la persona afectada dé su consentimiento informado al uso del vídeo o la fotografía donde aparece. Si es imposible, el paso siguiente sería informar sólo del suceso, no compartir ni amplificar el contenido, editando elementos del vídeo para que no aparezca la persona afectada o emborronando sus rasgos a fin de ocultar su identidad. Cualquiera que sea la decisión que se tome, es preciso ejercer la diligencia debida para equilibrar el daño que pueda causarse a la persona que aparece en el contenido y las ventajas de mostrar el vídeo o fotografía.
Tratamiento de la infodemia de COVID-19
Como con todos los aspectos de la respuesta a la pandemia de COVID-19, nuestro uso de la investigación de información de fuentes de acceso público ha sido una rápida experiencia de aprendizaje. En medio de la constante cobertura que dan los medios de comunicación a la crisis de salud pública ha habido una avalancha de desinformación o información falsa sobre la COVID-19.
En este contexto, que algunos expertos califican de “infodemia” paralela, el proyecto Evidence Lab ha encontrado numerosas publicaciones que difunden información falsa en las redes sociales, por medios como volver a publicar vídeos antiguos de violencia policial, supuestamente para mostrar abusos de poder amparados por el confinamiento relacionado con la COVID-19. Cualquier persona puede ser víctima de estos relatos falsos.
Este mismo mes hemos examinado un impactante vídeo de las fuerzas de seguridad de Brasil disparando munición menos que letal en una playa pública. En la verificación inicial, pensamos que la policía estaba haciendo aplicar las normas de cuarentena, pero una revisión del vídeo reveló que el suceso había ocurrido el año pasado y no tenía nada que ver con la COVID-19. Ahora, más que nunca, la verificación rigurosa es esencial.
Aunque la información de fuentes de acceso público ha sido un valioso recurso para hacer seguimiento e investigar violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la pandemia de COVID-19, la confusión y la incertidumbre existentes de manera generalizada durante esta crisis mundial de salud han exacerbado también las dificultades de la investigación basada en tal información de acceso público. Ante el aumento de la dificultad de realizar investigación de campo, el proyecto ha tenido que aplicar un enfoque más creativo utilizando todas las herramientas de que disponemos para llevar a cabo investigaciones efectivas y exactas.
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