El hostigamiento creciente y el deterioro de la salud de personas detenidas por ejercer derechos humanos evidencian un patrón persistente de represión y prácticas autoritarias.
Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante una nueva escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y hostigamiento contra familiares de personas presas de conciencia y personas vinculadas a casos emblemáticos de represión estatal en Cuba. Estos hechos recientes se suman a un contexto marcado por el deterioro de la salud y las condiciones de detención de varias personas encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos.
“La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia”, señaló Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional.
Hostigamiento contra familiares
La organización ha recibido y verificado información sobre operativos de seguridad estatal que incluyen cercos policiales a viviendas, vigilancia permanente, restricciones ilegítimas a la libertad de movimiento y amenazas, que afectan a familias de personas presas de conciencia, a personas activistas y opositoras. Estas prácticas autoritarias buscan intimidar, aislar y silenciar a quienes exigen respeto a los derechos humanos, atención médica o la liberación de sus seres queridos.
Amnistía Internacional considera especialmente grave que estas medidas se dirijan contra madres, padres y otros familiares cuyo único “delito” ha sido denunciar públicamente violaciones de derechos humanos o reclamar atención médica y soluciones humanitarias para sus familiares encarcelados.
Estas acciones se producen sin orden judicial, sin información sobre su base legal y sin que existan mecanismos de impugnación, en abierta violación de las garantías mínimas del debido proceso.
Salud en riesgo de personas presas de conciencia
La organización reitera su preocupación por la alarmante situación de salud de varias personas presas de conciencia. Loreto Hernández García y Roberto Pérez Fonseca presentan enfermedades crónicas graves que se han deteriorado progresivamente en prisión. A pesar de que médicos del propio sistema penitenciario han confirmado la seriedad de su estado, las autoridades mantienen demoras para otorgarles beneficios penales por razones de salud previstos en la legislación cubana.
“El Estado es responsable de que todas las personas presas tengan acceso sin discriminación a atención sanitaria adecuada y bajo los mismos estándares que estén disponibles en la comunidad. Negar o retrasar la atención médica adecuada a personas bajo custodia del Estado puede constituir una violación de la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bloquear de forma arbitraria los procedimientos legales disponibles para la excarcelación por razones de salud de personas con diagnósticos graves pone en riesgo la vida e integridad de estas personas”, señaló Johanna Cilano.
Amnistía Internacional mantiene su alarma por la situación de Donaida Pérez Paseiro, quien padece dolores óseos crónicos, y sigue sufriendo falta de atención médica adecuada y restricciones injustificadas al contacto con sus hijos.
La situación de Félix Navarro Rodríguez sigue siendo particularmente grave. Permanece en régimen de aislamiento prolongado, con acceso muy limitado al aire libre y bajo un absoluto secretismo sobre su estado de salud. Tras la realización de una prueba médica el pasado 12 de enero, ni él ni su familia han recibido información sobre los resultados, ya que habría mostrado algunos síntomas de tuberculosis.
Traslado de Maykel Castillo Pérez (Maykel “Osorbo”)
Amnistía Internacional ha sido informada del traslado reciente de que Maykel Castillo Pérez a la prisión conocida como Kilo 8, en la provincia de Pinar del Río sin que se brindarán razones e información oportuna a sus familiares, generando incertidumbre y temor en su entorno familiar. Durante la visita familiar posterior al traslado, la comunicación se desarrolló bajo estricta vigilancia, con la presencia constante de un guardia que observó y escuchó toda la conversación, lo que genera serias preocupaciones sobre el derecho a la privacidad y al contacto familiar sin intimidación.
Otras situaciones de especial preocupación
Por su parte, Sayli Navarro Álvarez continúa recluida en condiciones que ponen en riesgo su integridad física, al ser mantenida junto a presas comunes consideradas altamente peligrosas, en un penal que además ha carecido de acceso regular al agua potable. Las autoridades le han negado reiteradamente beneficios penitenciarios bajo criterios ideológicos de “reeducación”.
Amnistía Internacional sigue de cerca el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y espera su liberación inmediata. Luis Manuel actualmente cumple una condena de cinco años de prisión en el penal de máxima seguridad de Guanajay, con fecha estimada de cumplimiento en julio de 2026.
Amnistía Internacional urge a las autoridades cubanas a liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas presas de conciencia y a poner fin a las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal, el hostigamiento y otras prácticas autoritarias, garantizando además atención médica pronta y adecuada conforme a los estándares internacionales.
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