Foto: Wakil Kohsar / AFP vía Getty Images
· Ataques alarmantes contra los derechos de las mujeres en todo el mundo en 2021-2022.
· Salvaguardias legales desmanteladas, las defensoras de los derechos humanos corren ahora un riesgo sin precedentes.
· La protección y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas y el apoyo a las defensoras de los derechos humanos es crucial, incluso para la recuperación de la COVID-19.
· Los gobiernos deben actuar con firmeza para revocar los retrocesos y defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
“Los catastróficos ataques contra los derechos humanos y la igualdad de género de los últimos doce meses han reducido la protección para las mujeres y las niñas y aumentado las amenazas contra ellas en todo el mundo”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En el Día Internacional de la Mujer, la organización pide una actuación audaz para contrarrestar la erosión de los derechos humanos para las mujeres y las niñas.
“Los hechos acaecidos en 2021 y en los primeros meses de 2022 se han confabulado para aplastar los derechos y la dignidad de millones de mujeres y niñas. Las crisis del mundo no afectan por igual a toda la población, mucho menos de forma justa. El desproporcionado impacto para los derechos de las mujeres y las niñas está bien documentado y, aun así, es desatendido cuando no directamente ignorado. Pero los hechos son claros. La pandemia de COVID-19, el enorme retroceso de los derechos de las mujeres en Afganistán, la violencia sexual generalizada que caracteriza el conflicto de Etiopía, los ataques contra el acceso al aborto en Estados Unidos y la retirada de Turquía del histórico Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica: todos y cada uno de estos hechos son en sí mismos una grave erosión de los derechos, pero ¿tomados en su conjunto? Debemos alzarnos y mirar cara a cara este asalto global contra la dignidad de las mujeres y las niñas”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía.
Los últimos dos años —dominados por la pandemia de COVID-19— han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas. Ha aumentado la violencia de género en el ámbito familiar, ha empeorado la inseguridad laboral para las mujeres, se ha erosionado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la presencia de las niñas en las escuelas se ha reducido de forma espectacular en muchos lugares. Quienes ya eran las más marginadas han sufrido las peores consecuencias. Deben revocarse las decisiones adoptadas por gobiernos y autoridades que han empeorado la situación de las mujeres y las niñas.
La crisis de Ucrania
El Día Internacional de la Mujer de este año llega mientras el conflicto armado en Europa lanza al mundo a una nueva crisis. Las imágenes de mujeres dando a luz refugiadas de los bombardeos, de mujeres huyendo de las bombas con niños y niñas en brazos, de madres desconsoladas, de niños y niñas que acaban de quedarse huérfanos hacen hincapié precisamente en lo que representa el conflicto y la crisis humanitaria para las mujeres y los niños y niñas. Las mujeres y las niñas atrapadas en el conflicto en Ucrania se suman ahora a los millones que sufren el inexorable coste humano del conflicto armado desde Siria hasta Yemen, pasando por Afganistán y mucho más allá.
El aumento de la militarización de la vida diaria mientras proliferan las armas, la violencia se intensifica y se redirigen los recursos públicos a apoyar el gasto militar: todo esto se cobra un precio elevado e insostenible en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas. Hoy, en toda Ucrania y en la región en general, las mujeres y las niñas corren, una vez más, un grave peligro. Amnistía Internacional ya ha documentado que, en los últimos años, la militarización de las regiones orientales de Ucrania afectadas por el conflicto ha provocado el aumento de la violencia de género y reducido el acceso a servicios esenciales. Es una constante que ahora se extiende a todo el país.
Imposición de restricciones masivas a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán
Desde la captura de Kabul en agosto de 2021, los talibanes han impuesto enormes restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas en todo Afganistán. A las mujeres se les ha dicho que no pueden volver a su lugar de trabajo ni viajar en público si no van acompañadas de un tutor varón. Las niñas mayores de 12 años ya no tienen acceso a la educación. Se está destruyendo un sistema que, si bien era imperfecto, fue trabajosamente negociado para mejorar la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Y ahora, abogados y abogadas, miembros de la judicatura, el personal de los refugios y otras personas que han trabajado años para permitir que ese sistema funcionara efectivamente corren, a su vez, peligro.
“Las leyes, políticas y prácticas de los talibanes están sirviendo para deshacer los logros en materia de derechos humanos por los que el pueblo de Afganistán ha luchado durante décadas. Pese a las valientes protestas de mujeres en todo el país, los talibanes siguen empeñados en construir una sociedad en la que las mujeres sean ciudadanas de segunda clase. ¿Con restricciones a la libertad de circulación, privadas de educación, sin oportunidades para trabajar y obtener ingresos, y sin protección frente a la violencia de género? Eso es intolerable. Es una vergüenza para todos los responsables y también para todos los que guardan silencio ante ello”, prosiguió Agnès Callamard.
“Los gobiernos del mundo deben poner los derechos de las mujeres y de las niñas en el mismísimo centro de su política exterior para Afganistán. Deben seguir el ejemplo de los defensores y las defensoras afganos de los derechos de las mujeres e insistir, por ejemplo, en la igualdad de acceso de las mujeres y niñas a la educación, al empleo y a servicios esenciales, sin discriminación.”
Violencia de género en Etiopía
La violencia de género viene siendo una característica persistente de los conflictos armados que han continuado y se han extendido en los últimos doce meses. En Etiopía, Amnistía Internacional ha denunciado actos generalizados de violencia sexual perpetrados en la región de Tigré por fuerzas etíopes y eritreas, y en la región de Amhara por fuerzas de Tigré. Estos ataques constituyen crímenes de guerra y pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Muchos de los ataques documentados por Amnistía Internacional —como las violaciones en grupo— fueron cometidos por múltiples perpetradores delante de familiares de la víctima. En algunos casos, las agresiones incluyeron actos de mutilación sexual o fueron acompañadas de comentarios ofensivos sobre la etnia y amenazas.
Desmantelamiento de salvaguardias legales
En los últimos doce meses también se han producido daños significativos en el marco jurídico internacional de los derechos humanos que existe para combatir la violencia de género.
El 1 de julio de 2021, Turquía se retiró del histórico Convenio de Estambul, un marco pionero e integral para combatir la violencia de género y garantizar los derechos de las sobrevivientes en Europa. La decisión representa un enorme retroceso para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Turquía y también ha envalentonado a quienes están en contra de estos derechos en otros países de la región.
Los derechos sexuales y reproductivos también se han visto afectados. En Estados Unidos ha habido un ataque en toda regla contra el derecho al aborto en el que algunos gobiernos de los estados han introducido más restricciones al aborto en 2021 que en ningún otro año. En Texas, se promulgó una prohibición casi total, cuya entrada en vigor permitió posteriormente la Corte Suprema, que criminaliza el aborto a partir de las seis semanas de embarazo: antes de que la mayoría de las mujeres sepan siquiera que están embarazadas. Esta prohibición niega a millones de mujeres el derecho a acceder a un aborto sin riesgos y legal. El futuro de la protección constitucional del aborto sin riesgos y legal en el país también corre grave peligro, pues será debatido por la Corte Suprema en junio de 2022.
Estos ataques contra las salvaguardias legales de los derechos de las mujeres y de las niñas son especialmente devastadores en el contexto de la pandemia de COVID-19, en la que ha habido un considerable aumento de la violencia de género y se han denunciado en todo el mundo más ataques contra los derechos sexuales y reproductivos.
Las defensoras de los derechos humanos impulsan la resistencia y el cambio positivo
Incluso en medio de estos reveses, los esfuerzos incansables de las defensoras de los derechos humanos han dado su fruto. La defensa de los derechos humanos, las actividades de campaña y la movilización desembocaron en victorias clave para el derecho al aborto en Colombia, México y San Marino. Y mientras Turquía se retiraba del Convenio de Estambul, otros dos Estados —Moldavia y Liechtenstein— lo han ratificado.
Activistas de los derechos de las mujeres de Eslovenia lograron que se reformase la ley sobre la violación para que fuera acorde con las normas internacionales tras cambios positivos similares en Dinamarca, Malta, Croacia, Grecia, Islandia y Suecia, mientras las reformas están en curso en Países Bajos, España y Suiza.
Las activistas y las defensoras de los derechos humanos también están en la vanguardia de la resistencia y las protestas en favor los derechos humanos en otros países, como Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Estados Unidos y Afganistán. En muchos casos, lo hacen incluso ante amenazas de muerte contra ellas y sus familias o amenazas de prisión y de lesiones corporales. Merecen el apoyo mundial.
“Los gobiernos saben bien qué hace falta para defender los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Quienes los respaldan, incluidos donantes e inversores, deben insistir en que las autoridades pertinentes actúen ya y de forma resuelta: deben derogar las leyes regresivas. Deben proporcionar servicios esenciales. Las niñas y las mujeres deben tener igualdad de acceso a la educación y al empleo. La violencia de género debe ser condenada y las protecciones frente a ella deben reforzarse, no debilitarse. Deben cesar los ataques contra defensoras de los derechos humanos. Ninguna sociedad puede permitirse ni debe tolerar nunca esta erosión de la dignidad de más de la mitad de su población. No puede haber excusas para no gobernar con justicia e imparcialidad para las mujeres y las niñas”, concluyó Agnès Callamard.
