Por Amnistía Internacional
Los movimientos migratorios han sido una constante histórica. De acuerdo con el Informe sobre las migraciones en el mundo 2024, se tiene registrado un total de 281 millones de personas migrantes durante 2020, de las cuales, 135 millones, son mujeres, mientras que 28 millones, son infancias.
Lo anterior, no se trata solo de cifras. Detrás de cada decisión de migrar existe una historia de vida relacionada con falta de oportunidades, desigualdad social, violencias, guerras, conflictos armados, persecuciones, o desastres naturales. Al mismo tiempo, estamos hablando de personas, con sueños e ilusiones, formas de pensar y significar el mundo, compartiendo un destino común, el mero acto de sobrevivir. La elección de migrar o la necesidad de huir no es libre la mayoría de las veces, sino es, porque quien toma esta decisión no encuentra otra alternativa.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020), durante la segunda década del presente siglo, las personas migrantes que atraviesan México se han caracterizado por cruzar fronteras internacionales. El elevado número de personas de Guatemala, Honduras, y El Salvador, así como las condiciones precarias de su movilidad han mostrado la crisis humanitaria que se vive en esos países, derivada no solo de la pobreza sino de las débiles gestiones de los gobiernos por atender las complejas necesidades de su población.
A las causas de tipo socioeconómico (desempleo, bajos salarios y escasas posibilidades de emprender), se han sumado las de carácter social, como la violencia (propiciada por las pandillas o al interior de las familias) y las asociadas a fenómenos ambientales (huracanes, terremotos, sequías). Adicionalmente, la pandemia de la COVID-19 complicó las condiciones de las personas que se encontraban en escenarios de pobreza, marginación, y procesos migratorios.
Aunado a lo anterior, el desplazamiento en la región se ha agudizado por los conflictos armados, los desastres naturales o la falta de mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales en las comunidades de origen, por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha clasificado esta zona como una de las más violentas del mundo en lo que va de este siglo, razón por la que se considera que estos desplazamientos son forzados.
En este sentido, la migración centroamericana por México ha sido cada vez más visible, no solo por su significancia numérica, sino también por las condiciones de alta vulnerabilidad en las que viajan la mayoría de las personas. Investigaciones previas han mostrado que las mujeres migrantes se ven mayormente expuestas a riesgos sociales. De manera particular, referente al género, se ha evidenciado que la violencia contra las mujeres es una de las razones primordiales que las lleva a migrar y que, por su condición de vulnerabilidad suelen ser susceptibles de sufrir distintas formas de violencia durante sus trayectos, dada la intersección de distintas condiciones de desigualdad, como la exclusión, la pobreza y el género.
En materia migratoria, esto tiene como resultado que las mujeres viajen al margen de las vías de migración regular, es decir, de conformidad con las leyes del país de origen, de tránsito, y de destino, lo que acentúa las posibilidades de enfrentar diversos peligros, como el ejercicio de violencia por parte de actores estatales, criminales, locales o, incluso, compañeros de viaje. Al respecto, los informes de derechos humanos enfatizan el riesgo de sufrir agresiones sexuales o violaciones, así como de caer en redes de trata.
A pesar de que históricamente ha habido una migración de tránsito por las ciudades fronterizas mexicanas, el arribo masivo de personas durante los años recientes mediante las caravanas ha sacado a la luz actitudes de rechazo en muchas comunidades. Durante su estancia, las personas migrantes han referido sentirse discriminadas por su condición migratoria, pero también por su color de piel y origen étnico.
También narran haber sido amenazadas, extorsionadas, privadas de su libertad y pertenencias, y en el peor de los casos, vulneradas de tal manera que mantienen su idea de llegar a Estados Unidos, y solo en pocos casos expresan su deseo de quedarse en México.
El trato mediático que se da al tema migratorio involucra la difusión de sentimientos de rechazo hacia las y los migrantes, y deja de lado las circunstancias que generan la movilidad de la población. Por otra parte, la transmisión de información a través de plataformas digitales también contribuye a la difusión de prejuicios y actitudes xenófobas.
La feminización de la migración y bajos niveles de integración socioeconómica.
Desde 1960, las mujeres representan casi la mitad de la población migrante. En 2020, las mujeres representaban algo menos de la mitad de todos los migrantes internacionales (48%). De forma similar a la tendencia mundial, los flujos migratorios femeninos han tenido un rol importante en la región en los últimos años.
A pesar de que en términos proporcionales no se evidencia un aumento en la representación femenina en las últimas décadas, sí se observa un cambio en la dinámica migratoria en la región, con más mujeres migrando solas, incorporándose a los mercados laborales locales y contribuyendo con remesas a su país de origen.
La feminización de la migración es un concepto utilizado para describir la migración desde la década de los ochenta y está relacionado con la nueva dinámica socioeconómica. Aunque en el pasado las mujeres migraban frecuentemente como dependientes de sus cónyuges u otros familiares, hoy en día emigran cada vez más por su cuenta para estudiar o trabajar. Muchas se convierten en el principal sustento de sus familias en su país de origen o de acogida.
Los datos de seis encuestas realizadas o financiadas por la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigidas a población migrante en Belice, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana, proporcionan información relevante sobre los motivos por el que las mujeres deciden migrar.1
En este sentido, mujeres y hombres migrantes comparten razones básicas para la migración. La búsqueda de una mejor calidad de vida y oportunidades laborales como motivos principales junto con la seguridad alimentaria y el acceso a servicios. En el caso específico de las mujeres, resalta la motivación de migrar por acceso a salud y por educación.
Es importante señalar que, a pesar de ser una parte significativa de los flujos migratorios, las mujeres siguen enfrentando desafíos distintos a los de los hombres migrantes y las mujeres locales, como múltiples formas de discriminación basadas en su género, origen nacional, estatus migratorio y otras identidades interrelacionadas.
En gran medida, las razones de rechazo a las mujeres migrantes se sustentan en prejuicios y expectativas construidas sobre roles de género tradicionales. Esta discriminación se refleja en su integración socioeconómica, manifestándose en su baja participación laboral, acceso a servicios y participación política.
Esto, sumado a su inserción laboral en sectores tradicionalmente femeninos, conlleva a condiciones laborales más precarias y salarios inferiores a los de los hombres migrantes, lo que invisibiliza su contribución económica en los países de acogida y, por ende, repercute en los bajos niveles de integración social.
Por lo anterior, la situación migratoria irregular, además de incrementar los riesgos a ser víctima de distintas formas de violencia de género, limita el acceso a la justicia, reduce las probabilidades de denuncia, y desincentiva a las mujeres a recurrir a autoridades en busca de apoyo, protección o garantía de sus derechos humanos.
Exclusión social en Europa
Durante las últimas décadas, Europa ha visto incrementada la presencia de población procedente de países subdesarrollados, situación que ha generado hostilidad social y se expresa bajo la necesidad de proteger sus economías, identidades culturales y seguridad interna, siendo argumentos suficientes para justificar, legitimar y promover restricciones en las políticas migratorias, reforzar los controles fronterizos, así como otorgar un tratamiento diferenciado a los migrantes residentes en los países europeos.
Los requisitos que los estados miembros de la UE imponen a los ciudadanos y ciudadanas de terceros países son cada vez más exigentes y menos flexibles, a lo que se añade una diferencia normativa con las ciudadanas y ciudadanos comunitarios que provoca desigualdad jurídica, política y social que limita el acceso a posibilidades laborales o de desarrollo social. En efecto, las políticas migratorias se construyen como estructuras que, por un lado, sustentan un sistema que discrimina, y por otro, ejercen racismo institucional, desde fundamentos ideológicos y normativos.
Los procesos de exclusión y despliegue del racismo se expresan en diferentes espacios como el económico, en el cual se ha identificado el abuso, explotación y precarización laboral; el espacio político-institucional, formulado mediante la irregularidad administrativa y limitación de derechos; y el espacio relacionado con estereotipos, prejuicios, y violencia.
En este sentido, el racismo, como otras formas de exclusión social, son una realidad que las personas migradas enfrentan; discursos y actitudes que establecen una distinción negativa y que como consecuencia provocan marginación, aislamiento, desarraigo, desigualdad social, y segregación laboral.
Derivado de lo anterior, la población migrada se ve fuertemente afectada por el desempleo de larga duración, carencia de contrato, empeoramiento de las condiciones laborales, mayor desprotección frente a abusos y arbitrariedades, salarios inferiores que la población local, jornadas extensas, no disposición de los días reglamentarios de descanso, impago de horas extras, y despidos injustificados. En el caso particular de las mujeres, la segmentación racial y de género determina el acceso laboral, pues, más allá de la cualificación profesional, acceden a nichos preestablecidos como el servicio doméstico, de cuidados y hostelería.
Migración africana en México y discriminación
La migración africana ha estado aumentando, dentro y fuera del continente. El creciente número de personas migrantes de África que solicitan asilo se ha relacionado con la agitación política y la violencia en algunos países.
En este sentido, los factores que hacen que las personas africanas migren varían según su país de origen, pero en general incluyen guerras civiles y violencia, incluida la violencia sexual y de género, inestabilidad política, bajo nivel de vida, persecución basada en la orientación sexual o la identidad de género, o deseo de mejores oportunidades económicas. Muchas personas migrantes africanas abandonan sus países de origen porque necesitan protección como refugiados.
Como observa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), muchos están migrando a Europa y América del Norte en busca de empleo o educación superior, además de solicitantes de asilo. En 2010, un gran número de población africana migró o se reasentó en los Estados Unidos en el marco del programa de visados de diversidad, reunificación familiar o reasentamiento de refugiados.
Dado que la migración a Europa se está haciendo más difícil, la migración africana a través de México sigue aumentando a medida que más personas, utilizan América como una vía para buscar asilo en los Estados Unidos o Canadá, sin embargo, debido a las políticas migratorias cada vez más restrictivas, es más difícil transitar a través del territorio mexicano hasta la frontera con Estados Unidos.
Este nuevo fenómeno ha ido cambiando a México de un país de tránsito, a un país de destino temporal o permanentemente. En 2014, México registró 785 detenciones de ciudadanas y ciudadanos africanos. Para 2019, el número aumentó a 7 mil 65. De acuerdo con los datos disponibles del Informe “Nos tienen en la mira. El impacto del racismo anti-negro sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur de México”, de 2021, realizado por la Black Alliance for Just Immigration y el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), en los últimos cinco años, las y los ciudadanos de Camerún, República Democrática del Congo, Eritrea, Ghana y Somalia representan el mayor número de personas africanas detenidas por el Instituto Nacional de Migración.
De acuerdo con entrevistas del Informe antes referido, los migrantes señalaron que mientras esperaban ser procesados en el sistema migratorio o después de intentar salir de Tapachula, Chiapas, sin documentación, sufrieron actitudes racistas por parte de funcionarios. En algunos casos, les negaron las necesidades básicas de agua y acceso a la atención médica. Además de que las malas condiciones en la detención fomentaron la propagación de enfermedades, como gripas y fiebres.
Incluso después de haber sido liberados de la detención y de vivir en campamentos improvisados, los entrevistados seguían estando sometidos al racismo y a los abusos de los agentes estatales. La mayoría de los entrevistados recordaron varios casos de hostigamiento, robo y ataque físico de la policía local a migrantes.
Por otra parte, las y los migrantes mencionaron que a menudo fueron sometidos a formas extremas de aislamiento social y daño psicológico en los espacios públicos, y observaron altos niveles de discriminación contra la población de color, en las tiendas y en otros establecimientos.
Las y los migrantes señalaron que la discriminación racial, complicó el acceso al empleo y su capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Varios entrevistados relataron que se les negaba repetidamente el empleo, o se les pagaba mucho menos que a otros empleados.
Como resultado de la discriminación en materia de vivienda y empleo, mucha población migrante se quedó sin hogar o vivía en un albergue improvisado para refugiados. Las instituciones educativas locales tampoco estaban dispuestas a aceptar a estudiantes migrantes, lo que les impedía beneficiarse de los apoyos que ofrecía la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para inscribirse en la educación continua.
Por otra parte, las mujeres africanas se enfrentaron a numerosos obstáculos, y fueron especialmente vulnerables en el contexto de la atención sanitaria. Muchas de las que dieron a luz en los hospitales públicos “sufrieron discriminación, negligencia y violencia obstétrica-ginecológica debido a su raza.”2 Esta discriminación incluyó comentarios racistas y críticas a sus prácticas culturales.
Como se puede observar, el racismo, la xenofobia, así como la discriminación racial y por razón de género, que se presenta en México y en el mundo, continúa afectando los derechos básicos de las personas migrantes y desplazadas. Por lo anterior, es prioritario que los Estados implementen medidas para abordar la discriminación y otras barreras que afectan a las personas migrantes y desplazadas.
Por lo anterior, es necesario que exista una genuina voluntad política y acciones concretas para desmantelar las estructuras que perpetúan el racismo contra las personas migrantes, desplazadas, y refugiadas, desde la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales, así como programas educativos de sensibilización, para prevenir, atender, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia y discriminación.
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