Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos y periodistas, así como también contra las víctimas de violaciones
de los derechos humanos y sus familias.
A partir del 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega inició una nueva fase de su estrategia represiva. Entre los elementos característicos de este período se destaca la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al gobierno. Desde esa fecha hasta el 2 de agosto, más de treinta personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos.
Entre las personas detenidas recientemente se encuentran aspirantes a la presidencia, activistas políticos, figuras públicas de la vida política del país, extrabajadores de organizaciones de la sociedad civil, líderes estudiantiles, representantes campesinos y periodistas, entre otros.
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