Rodrigo Buendía / AFP
A tres años de que Ecuador votara mayoritariamente para proteger al Parque Nacional Yasuní de la extracción petrolera en uno de los referéndums ambientales más importantes de la historia de América Latina, las autoridades siguen sin cumplir plenamente con el resultado de la consulta y, al mismo tiempo, integrantes del colectivo YASunidos enfrentan sanciones económicas desproporcionadas por su participación en la campaña.
El plazo de un año establecido para el retiro progresivo y ordenado de las actividades petroleras venció en agosto de 2024. Sin embargo, la extracción continúa y el plan presentado por el gobierno a la Corte Constitucional contempla extender el proceso de cierre hasta 2034.
“Hace tres años, millones de personas hicieron historia al votar por la protección del Yasuní. Hoy, quienes dedicaron años de su vida para lograr la protección del parque enfrentan multas de 18.000 dólares. Esto es un claro hostigamiento contra la sociedad civil”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Defensores del Yasuní son perseguidos por defenderlo
Las sanciones impuestas a dos miembros del colectivo YASunidos son una muestra de las crecientes restricciones que enfrenta la sociedad civil ecuatoriana para realizar su trabajo de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la justicia climática, y evidencian el deterioro del espacio cívico bajo la administración del presidente Noboa.
YASunidos es un colectivo ciudadano que, durante más de una década, ha defendido el Parque Nacional Yasuní frente a la explotación petrolera y desempeñó un papel fundamental en el proceso que culminó con la consulta popular de agosto de 2023.
Ubicado en la Amazonía ecuatoriana, una de las áreas más biodiversas del mundo, el parque es un área protegida de 10,200 km2 que se encuentra amenazada por la extracción petrolera. Amnistía Internacional ha documentado cómo la Amazonía ecuatoriana se ha transformado en una zona de sacrificio para la industria petrolera.
En 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició un procedimiento contra integrantes de YASunidos por supuestas infracciones electorales relacionadas con irregularidades en el reporte de los donativos que recibieron para financiar la campaña en favor del Yasuní. De acuerdo con miembros del colectivo, estas irregularidades corresponden a una discrepancia de 39 centavos de dólar en sus reportes financieros. Un juez de primera instancia resolvió a favor de YASunidos, alegando que el colectivo no podía ser sancionado por ese incumplimiento ya que no es un partido político, sino una iniciativa ciudadana.
Sin embargo, tras una apelación del CNE, un tribunal de segunda instancia impuso a dos de sus integrantes multas que suman aproximadamente 18.000 dólares, las cuales fueron saldadas. El colectivo presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando la vulneración de derechos constitucionales, que fue recibida el 7 mayo de 2026.
“Las autoridades ecuatorianas deben garantizar que los mecanismos de fiscalización no sean utilizados de una manera que intimide, silencie o desgaste a quienes defienden derechos humanos y ambientales”, señaló Ana Piquer.
Un espacio cívico bajo creciente presión
Las sanciones a YASunidos no ocurren de manera aislada. En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado las crecientes restricciones que afectan el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, evidenciando el deterioro del espacio cívico bajo la administración del presidente Noboa.
En 2025, la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social y su reglamento generó preocupación por sus posibles impactos sobre la libertad de asociación. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el bloqueo o cierre de cuentas bancarias, incluyendo organizaciones dedicadas a la defensa ambiental y de los derechos humanos. A su vez, organizaciones sociales y personas defensoras han sido objeto de campañas de estigmatización por parte de autoridades del más alto nivel, incluyendo al presidente, quienes les ha llamado “antipatrias”.
A ello se suman obstáculos para acceder a información pública y mantener espacios efectivos de diálogo con las autoridades, así como preocupaciones sobre restricciones al derecho de reunión pacífica.
Durante una visita a Quito en mayo de este año, Amnistía Internacional se reunió con una veintena de organizaciones de la sociedad civil, quienes relataron que las sanciones contra YASunidos y el congelamiento de cuentas bancarias de otras organizaciones están teniendo un efecto amedrentador sobre la labor de defensa de los derechos humanos en el país.
Ante este contexto, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de realizar acciones que impidan el pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación y que impidan la legítima defensa de los derechos humanos. Asimismo, en relación con el parque Yasuní, exhorta a que se cumpla con la decisión de la consulta popular de 2023, y a garantizar un entorno propicio para que organizaciones de la sociedad civil, incluyendo YAsunidos, puedan ejercer sus labores de defensa.
“Las y los ecuatorianos ya decidieron. Ahora corresponde al Estado respetar esa decisión y garantizar que quienes trabajan por hacerla realidad puedan hacerlo sin temor a represalias”, concluyó Ana Piquer.
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