Foto: Efraín Castellanos/ CDH Guayaquil
En vísperas de la próxima sesión del Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada en Ginebra, Suiza, que, entre el 10 y el 12 de marzo, evaluará los avances y desafíos que Ecuador enfrenta para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional manifestó que estos crímenes siguen impunes, y podrían repetirse, mientras la política de seguridad militarizada del presidente Daniel Noboa se mantenga.
“Estamos ante una oportunidad crucial para que la comunidad internacional conozca que, bajo la administración de Noboa, los militares han cometido desapariciones forzadas y que las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Hoy más que nunca, debemos hacernos eco de sus exigencias,” dijo Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estamos ante una oportunidad crucial para que la comunidad internacional conozca que, bajo la administración de Noboa, los militares han cometido desapariciones forzadas y que las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación.” Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización presentó información al Comité basada en su informe “Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador”, que documenta la desaparición de diez personas en cinco operativos de seguridad ocurridos en 2024 en el marco de la estrategia de seguridad militarizada impulsada por el presidente Noboa.
Avances recientes
El 22 de diciembre de 2025, un tribunal dictó una sentencia histórica condenando a once militares a 34 años y ocho meses de prisión tras la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del barrio “Las Malvinas” en Guayaquil. Otros cinco recibieron penas reducidas de 30 meses de prisión tras colaborar con la investigación,mientras que un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto. La sentencia ordena, además, medidas de reparación como disculpas públicas y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura. El fallo fue publicado oficialmente el 24 de febrero de 2026 e inmediatamente fue apelado por dos de los sentenciados.
Aún está pendiente una sentencia de la Corte Constitucional que podría fortalecer el marco de reparación integral para las víctimas y sus familias.
“Este fallo representa un paso decisivo hacia la verdad, justicia, y la reparación para las víctimas y un alivio para sus familias. Sin embargo, la búsqueda e investigación penal de todas las denuncias de desaparición forzada sigue siendo una tarea urgente. Para avanzar en este camino, la colaboración plena de las Fuerzas Armadas es indispensable.” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La búsqueda e investigación penal de todas las denuncias de desaparición forzada sigue siendo una tarea urgente. Para avanzar en este camino, la colaboración plena de las Fuerzas Armadas es indispensable.” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Asimismo, gracias a la presión nacional e internacional, la Fiscalía General incorporó en enero de 2026 un nuevo fiscal a la Unidad especializada para investigar el uso ilegítimo de la fuerza, la cual está a cargo de las investigaciones de desapariciones forzadas. Hasta diciembre de 2025, esta unidad contaba con apenas siete fiscales para todo el país y solo uno en la región costera, donde se concentran la mayor cantidad de denuncias de desapariciones forzadas, incluyendo las más de 20 para las cuales el Comité ha emitido acciones urgentes. Si bien la incorporación de un nuevo fiscal es una noticia positiva, la medida resulta insuficiente para garantizar investigaciones prontas y exhaustivas.
Preocupaciones persistentes y nuevos riesgos
El 24 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras de personas desaparecidas, al considerar que enfrentan riesgo grave e irreparable en el contexto de la estrategia de seguridad militarizada.
A pesar de estas medidas, los riesgos en contra de personas buscadoras en Ecuador persisten. De acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), el 22 de enero de 2026, miembros de las Fuerzas Armadas habrían ingresado al domicilio de familiares de Óscar Arturo Adrihan Bravo y Jonathan Gabriel Adrihan Bravo, para amedrentarles e intimidarles. Óscar y Jonathan se encuentran entre los beneficiaros de las recientes medidas cautelares de la CIDH por su desaparición.
El día después, el 23 de enero, se instaló una mesa interinstitucional en la provincia de Guayas para dar seguimiento a las medidas de la CIDH, con participación de varios ministerios y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con el CDH Guayaquil, el Ministerio de Defensa no asistió, pese a que las denuncias involucran principalmente a personal militar.
El 2 de marzo, las autoridades ecuatorianas anunciaron un operativo conjunto con el propósito de enfrentar al crimen organizado. De acuerdo con una comunicación de la Embajada de Estados Unidos, en dicho operativo participaron las Fuerzas Armadas de Ecuador, el Comando Sur de Estados Unidos, y EUROPOL. Este anuncio despierta serias preocupaciones debido a la evidencia documentada de violaciones graves de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, y la falta de transparencia que ha caracterizado la ejecución de los operativos de seguridad en el marco del denominado Plan Fénix.
Llamados urgentes
Ante los avances limitados y las numerosas medidas pendientes para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de desapariciones forzadas en Ecuador, Amnistía Internacional insta a las autoridades ecuatorianas a:
- Llevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas, orientadas a determinar el paradero de las personas desaparecidas, e identificar a quienes hayan sido responsables de su desaparición para ser llevados ante la justicia.
- Asegurar la participación y protección de las familias de las víctimas.
- Garantizar la colaboración plena y de buena fe de las Fuerzas Armadas en los procesos judiciales.
- Garantizar la protección y el derecho a la búsqueda de las familiares de las víctimas de desapariciones.
- Revertir el enfoque militarizado de la seguridad pública que ha facilitado graves violaciones de derechos humanos.
- Firmar prontamente y ratificar sin formular reservas la Convención de Liubliana – La Haya sobre cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y otros crímenes internacionales
Además, la organización insta a las autoridades de los países vinculados a operativos de cumplimiento de la ley en Ecuador a que toda asistencia brindada se lleve a cabo con pleno respeto a las obligaciones internacionales de derechos humanos y bajo mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
