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COMUNICADOS

El gobierno de Guanajuato no debe criminalizar el derecho a la protesta de las personas defensoras de derechos humanos

  • El 10 de julio de 2020 cuatro personas fueron detenidas en una manifestación pacífica, relacionada con la desaparición de personas en esa entidad
  • El Estado está obligado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de quienes ejercen ese derecho

Amnistía Internacional México expresa su preocupación por la situación que enfrentan Gisela Verenice Olimpia Montoya, Karla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara, contra quienes se sigue un proceso penal luego de haber participado, el 10 de julio de 2020, en una manifestación pacífica, en el estado de Guanajuato. La movilización tenía por objeto solicitar audiencia al gobernador para tratar la grave problemática de desaparición de personas que prevalece en esa entidad.

“El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El gobierno del estado debe efectuar una investigación amplia, clara y expedita de los hechos ocurridos en el contexto de la manifestación del 10 de julio, para que se sancione a quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación. En particular, se debe revisar el proceso penal que enfrentan Gisela Verenice Olimpia Montoya, Karla Verónica Martínez Jiménez y Verónica Durán Lara”, precisó Tania Reneaum Panszi.

Antecedentes

La manifestación fue convocada por los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad, ambos conformados por familiares que buscan la verdad y la justicia para víctimas de desaparición. Las tres mujeres detenidas son familiares de personas desaparecidas.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que constató y documentó que se trataba de una reunión pacífica, en la que se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión dentro del marco legal.[1]

De acuerdo con información de la ONU-DH y la CNDH, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado detuvieron también a un funcionario de la CNDH que se encontraban en la manifestación.[2] Ambas organizaciones reportaron también uso excesivo de la fuerza, ya que se agredió físicamente a las personas manifestantes, lesionando a algunas de ellas.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, y posteriormente las liberaron bajo las reservas de la ley. El caso sigue en investigación.[3]

La criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la persecución criminal, es incompatible con un Estado de Derecho en donde las personas tienen la potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades.[4]

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, los Estados deben abstenerse de recurrir al sistema de justicia para tratar de impedir o penalizar las actividades legítimas de reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, deben tomar las medidas necesarias para que no se sometan a juicios infundados o injustos a personas que reclaman legítimamente el respeto y protección de derechos humanos.[5]


[1] https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/COM_2020_214.pdf

[2] Ibid

[3] https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/07/10/la-administracion-estatal-reitera-su-respaldo-y-apoyo-a-los-familiares-de-personas-desaparecidas/

[4] https://www.amnesty.org/es/what-we-do/freedom-of-expression/

[5] https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/06/AIAR-Documento-El-derecho-a-la-protesta-social-2016-FINAL-.pdf