Fidel Zavala es portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). Fue arrestado el 25 de febrero de 2025 durante una redada en las oficinas de UNIDEHC tras haber respaldado unas denuncias relacionadas con la comunidad de La Floresta, grupo de más de 200 familias de San Juan Opico que se enfrentan al desalojo y que han presentado reclamaciones legales sobre la tenencia de tierras. En la misma operación se detuvo también a más de 20 dirigentes comunitarios.

Tras el arresto de Zavala se iniciaron varios procesos penales contra él en 2025. En los procesos por estafa agravada, los tribunales ordenaron el archivo definitivo, declararon extinguida la acción penal tras alcanzarse un acuerdo de conciliación o desestimaron la responsabilidad de Zavala. En ninguna de las causas ha sido declarado culpable.

En la acción jurídica relacionada con La Floresta, se enfrenta a cargos de asociación ilícita, comercialización ilegal de tierras y práctica ilegal de una profesión. El 13 de marzo de 2025, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó su detención preventiva durante seis meses. Posteriormente, el plazo de instrucción se amplió hasta marzo de 2026. Según la información disponible, la Fiscalía General no ha aportado a los procedimientos prueba anticipada autorizada por el tribunal. Ésta es la única orden de detención vigente contra él actualmente.

Se ha expresado preocupación por las inadecuadas condiciones de detención en los calabozos del Centro Judicial Isidro Menéndez, incluida la falta de acceso a agua durante varios días. Según los informes recibidos, su familia se habría ocupado de cubrir sus necesidades básicas.

En el mismo contexto se dictaron órdenes de detención contra los abogados de UNIDEHC Ivania Cruz y Rudy Joya. En 2025, INTERPOL emitió notificaciones rojas contra ellos, pero posteriormente fueron revocadas porque vulneraban el artículo 3 del Estatuto de la INTERPOL, que prohíbe las intervenciones de motivación política. Pese a ello se iniciaron procedimientos de extradición en España. Varios procedimientos especiales de la ONU han expresado preocupación por que dichas acciones pueden constituir represión transnacional.

El 15 de mayo de 2025, los procedimientos especiales de la ONU enviaron una comunicación oficial al Estado de El Salvador (Ref. AL SLV 2/2025) en la que expresaron preocupación por la presunta detención arbitraria y la posible criminalización como represalia por su trabajo de derechos humanos. La comunicación cuenta, entre otras, con la firma de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos Mary Lawlor. El gobierno salvadoreño no ofreció respuesta dentro del plazo de 60 días, por lo que la carta se hizo pública.

El Caso de Fidel Zavala se enmarca en el contexto del estado de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, durante el cual varias organizaciones nacionales e internacionales han documentado patrones de detención arbitraria y restricciones del espacio de la sociedad civil.