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Las autoridades iraníes deben detener de inmediato todos los planes de ejecutar a ocho individuos condenados a muerte tras ser declarados culpables de cometer delitos durante las protestas nacionales de enero de 2026. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización insta a las autoridades a anular las declaraciones de culpabilidad y las condenas de estos individuos y a poner fin sin demora a los juicios acelerados y flagrantemente injustos, empañados por la tortura, contra al menos otros 22 en relación con el levantamiento.
Amnistía Internacional ha recopilado información sobre al menos 30 individuos que se enfrentan a la pena de muerte por presuntos delitos vinculados a las protestas de enero de 2026. Entre ellos se encuentran al menos ocho declarados culpables y condenados a muerte en febrero, unas semanas después de su detención. Se trata de Saleh Mohammadi, de 18 años, Mohammad Amin Biglari, de 19, Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi y Yaser Rajaifar.
Por lo menos otros 22, entre ellos dos niños de 17 años, corren peligro de ser condenados a muerte, ya que están siendo objeto o en espera de procedimientos judiciales enturbiados por “confesiones” empañadas por la tortura y otras graves violaciones del derecho a un juicio justo, incluidas la negación del acceso a asistencia letrada durante la fase de investigación y la negativa a reconocer la asistencia letrada independiente designada por las familias para el juicio.
“Las autoridades iraníes están poniendo de manifiesto una vez más la profundidad de su desprecio por el derecho a la vida y a la justicia amenazando con ejecuciones aceleradas e imponiendo condenas a muerte en juicios rápidos, tan sólo unas semanas después de la detención. Al utilizar la pena de muerte como arma, pretenden infundir miedo y aplastar el espíritu de una población que reclama un cambio fundamental”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La mayor parte de los que se han visto atrapados en la maquinaria estatal de represión tras las protestas de enero son niños y jóvenes, a quienes se niega el acceso a una asistencia letrada efectiva y que son sometidos a tortura u otros malos tratos y a detención en régimen de incomunicación para obligarlos a realizar ‘confesiones’. La comunidad internacional debe emprender acciones globales coordinadas para presionar a las autoridades iraníes con el fin de que dejen de utilizar el sistema judicial como mecanismo de ejecuciones en serie.”
Amnistía Internacional cree que la cifra real de personas en riesgo de ser condenadas a muerte es mucho mayor, ya que las autoridades advierten sistemáticamente a las familias para que guarden silencio y someten a las personas detenidas a régimen de incomunicación, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos para extraer “confesiones” forzadas.
La comunidad internacional debe emprender acciones globales coordinadas para presionar a las autoridades iraníes con el fin de que dejen de utilizar el sistema judicial como mecanismo de ejecuciones en serie
Diana Eltahawy, directora regional adjunta
Las autoridades han detenido a miles de manifestantes y disidentes en relación con el levantamiento de enero de 2026, y han amenazado reiteradamente con pedir “la pena máxima [lo que significa la pena de muerte] […] sin demoras […] en el plazo más breve posible”.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados miembros de la ONU y a los organismos internacionales y regionales que emprendan urgentemente acciones diplomáticas coordinadas para exigir a las autoridades iraníes que anulen las declaraciones de culpabilidad y las condenas a muerte de Saleh Mohammadi y Mohammad Amin Biglari, se abstengan de dictar nuevas condenas a muerte y garanticen que todas las personas acusadas de un delito común reconocible sean juzgadas de acuerdo con el derecho a un juicio justo, sin recurrir a la pena capital.
Asimismo, todos los Estados deben presionar a las autoridades iraníes para que concedan a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, a la misión de investigación de la ONU sobre Irán y a los representantes de embajadas en Irán acceso a los centros de detención y permiso para asistir como observadores a los juicios.
Amnistía Internacional ha emitido una Acción Urgente en la que instan a hacer activismo global para detener las ejecuciones.
Tortura y procedimientos flagrantemente injustos
Saleh Mohammadi, de 18 años, fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Uno de Qom el 4 de febrero, menos de tres semanas después de haber sido detenido el 15 de enero de 2026 en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas celebradas en Qom en 8 de enero de 2026, una acusación que el joven niega. La declaración de culpabilidad, que Amnistía Internacional ha examinado, muestra que Saleh Mohammadi se retractó ante el tribunal de sus “confesiones” alegando que le habían sido extraídas mediante tortura, pero el tribunal desestimó su retractación sin investigarla. Una fuente informada afirma que el joven sufrió fracturas en una mano a causa de los golpes.
Mohammad Amin Biglari, de 19 años, y otros seis (Ali Fahim, Abolfazl Salehi Siavashani, Amirhossein Hatami, Shahin Vahedparast Kolor, Shahab Zohdi y Yaser Rajaifar) fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán, por incendiar presuntamente una base del Basij. Sus condenas a muerte se dictaron el 9 de febrero, aproximadamente un mes después de su detención. Una fuente informada ha declarado que Mohammad Amin Biglari fue víctima de desaparición forzada durante semanas antes de ser trasladado a la prisión de Ghezel Hesar, en la provincia de Alborz. Las autoridades le negaron el acceso a un abogado durante las investigaciones, y luego le asignaron un abogado nombrado por el Estado que no representó sus intereses durante un juicio acelerado basado en “confesiones” forzadas. Desde entonces han negado a un abogado independiente, designado por su familia, el acceso a su expediente, lo que ha obstaculizado su capacidad de presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.
Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están siendo sometidos a un juicio acelerado y flagrantemente injusto, empañado por la tortura, ante la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán por presunta implicación en un incendio que tuvo lugar el 8 de enero de 2026 en una base del Basij dentro de una mezquita en Pakdasht, provincia de Teherán, en el que murieron dos agentes del Basij. Una fuente informada ha contado a Amnistía Internacional que unos agentes del Basij detuvieron a los adolescentes ese mismo día, antes del incidente, y que Ehsan fue obligado a “confesar” tras recibir brutales palizas y cuando los interrogadores le pusieron un arma en la boca. Según esta fuente, el juez se ha negado a reconocer la representación de al menos tres abogados elegidos por la familia de Ehsan, los ha amenazado y ha impuesto a un abogado designado por el Estado que no ha defendido al joven de manera efectiva.
Los dos coacusados de 17 años permanecen en un centro de detención de menores y se enfrentan a cargos punibles con la muerte, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe tajantemente la imposición de la pena capital a las personas que fueran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
Entre quienes se enfrentan a juicios acelerados y empañados por la tortura similares se encuentra Abolfazl Karimi, de 35 años y detenido el 6 de enero en Teherán tras intentar ayudar a dos mujeres a las que habían disparado en las piernas. Una fuente informada ha contado a Amnistía Internacional que a Abolfazl Karimi le dispararon con perdigones de metal, lo golpearon, le negaron la atención médica para sus heridas y lo obligaron a firmar declaraciones autoincriminatorias mientras tenía los ojos vendados. En torno al 12 de febrero, el juez que preside la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán les dijo a él y a otros 13 detenidos por cargos poco claros en relación con las protestas que iban a ser “condenados a muerte”.
Entre quienes también corren peligro se encuentran Shervin Bagherian Jebeli, de 18 años, Danial Niazi, de 18, Mohammad Abbasi, de 55, Amirhossein Azarpira, de 24, y Mohammadreza Tabari.
Se necesita urgentemente un enfoque de justicia internacional integral
En Irán, los patrones generalizados de tortura y desaparición forzada y la privación arbitraria de la vida, por medios como los homicidio ilícitos en masa cometidos al dispersar protestas y las ejecuciones arbitrarias, han continuado y permanecen arraigados en una impunidad sistémica.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los Estados miembros de la ONU y a los organismos regionales e internacionales para que adopten un enfoque de justicia internacional integral.
Los Estados deben pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. También deben considerar el establecimiento de mecanismos de justicia internacional destinados a llevar a cabo sin demora investigaciones penales y procesamientos contra quienes hayan cometido crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos.
En el ámbito nacional, los Estados también deben iniciar investigaciones penales coordinadas bajo la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial, con vistas a dictar órdenes de detención e iniciar procesamientos cuando existan pruebas suficientes.
Información complementaria
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Desde el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022, las autoridades han ido incrementando el uso de la pena de muerte como arma para infundir temor, reprimir la disidencia y castigar a las comunidades marginadas. En 2025, las autoridades llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones registradas desde 1989.
