El gobierno de Irak debe cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos para poner fin a la impunidad sistémica por las violaciones de derechos humanos, hacer respetar los derechos de las mujeres y las niñas, y garantizar las libertades fundamentales; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una carta abierta al primer ministro Ali al Zaidi cuando se cumplen tres meses desde la adopción de un nuevo programa ministerial.
Tres meses después de la puesta en marcha del Programa Ministerial 2026–2029 del gobierno el 14 de mayo de 2026, apenas se ha avanzado en el cumplimiento de las promesas de fortalecer los derechos humanos, empoderar a las mujeres e impulsar una sociedad civil independiente.
A pesar del compromiso de abordar la lacra de la violencia contra mujeres y niñas, las sobrevivientes apenas obtienen resarcimiento y protección, incluso en los casos de feminicidio, ya que la legislación sobre la violencia de género en el ámbito familiar, presentada hace más de un decenio, continúa paralizada en el Parlamento iraquí. Además, las reformas del Código del Estatuto Personal aprobadas en agosto de 2025 —basadas en la jurisprudencia islámica chií jaafari— siguen socavando la igualdad de las mujeres y las niñas ante la ley.
Activistas de la sociedad civil y periodistas independientes así como defensores y defensoras de los derechos humanos sufren intimidación, acoso judicial y violencia física por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Quienes se manifiestan pacíficamente para exigir derechos fundamentales, como en junio y julio de 2026 contra los cortes de electricidad en la ciudad meridional de Kut, siguen siendo objeto de uso ilícito de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y de detenciones.
“Este gobierno debe marcar un nuevo rumbo para Irak, y en concreto para quienes llevan tanto tiempo sufriendo violaciones de derechos humanos perpetradas con impunidad: mujeres y niñas, personas detenidas o sometidas a desaparición forzada y sus familiares, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y personal de medios de comunicación”, ha dicho Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak.
“El primer ministro debe considerar prioritaria la adopción de una legislación integral contra la violencia de género, garantizar investigaciones inmediatas e imparciales sobre los ataques a activistas, poner fin al uso de campañas de ‘moralidad pública’ que socavan la libertad de expresión y la disidencia pacífica, y eliminar las restricciones y toda forma de injerencia en los medios de comunicación independientes”.
Defensores y defensoras de los derechos humanos —en particular las defensoras—, periodistas y activistas siguen siendo objeto de ataques, intimidación y acoso judicial sólo por hacer su trabajo. En el primer semestre de 2026 hubo una escalada de los ataques que incluyó el asesinato de la activista Yanar Mohammed en la capital, Bagdad, el 2 de marzo. Aunque se anunciaron investigaciones, no se ha publicado información alguna sobre sus progresos. Otro activista sobrevivió a un intento de homicidio en la gobernación de Babel el 21 de abril. En lugar de garantizar rendición de cuentas por estos ataques selectivos, las autoridades iraquíes están reduciendo activamente el espacio cívico mediante la aplicación de difusas normas sobre “contenido indecente”, la imposición de restricciones punitivas a los medios de comunicación independientes, el uso de “órdenes de detención inactivas” para infundir miedo y el uso ilícito de la fuerza contra quienes se manifiestan pacíficamente.
En las prisiones de todo Irak imperan condiciones crueles e inhumanas debido al hacinamiento, el saneamiento inadecuado y una grave falta de acceso a asistencia médica. Familiares de personas detenidas suelen denunciar malos tratos a sus seres queridos y negación o retrasos en el acceso a asistencia médica. Además, y pese a las violaciones del derecho a un juicio justo bien documentadas, miles de personas, en su mayoría condenadas por delitos de terrorismo, continúan en peligro de ejecución.
“Este gobierno debe demostrar su inequívoca determinación de poner fin a la prolongada negación de verdad y justicia a las angustiadas familias de los miles de víctimas de desaparición forzada revelando su suerte y paradero y ofreciendo reparaciones adecuadas por el daño sufrido”, ha afirmado Razaw Salihy.
“El primer ministro iraquí debe asimismo romper con el pasado declarando inmediatamente una suspensión oficial de las ejecuciones y garantizando justicia a quienes han sobrevivido a la tortura, que debe ser erradicada sin más demora”.
Información complementaria
Esta impunidad sistémica tiene su origen en la falta de medidas para abordar los abusos del Estado y las violaciones históricas de derechos en todo el país. Las autoridades no han exigido sistemáticamente rendición de cuentas a los perpetradores de la violenta represión de las protestas que tuvieron lugar en todo el país en 2019 —el llamado movimiento de Tishreen—, lo que ha dejado sin reparación a las personas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. De igual modo, se sigue negando sistemáticamente justicia a las familias de los hombres y niños arrestados o secuestrados arbitrariamente y sometidos a desaparición forzada tras las operaciones militares contra el grupo armado Estado Islámico, entre ellos al menos 643 secuestrados en Saqlawiya (gobernación de Anbar) hace un decenio, en 2016, y cuya suerte aún se desconoce.
