Adela Alcaraz
Coordinadora de la Estructura de Trabajo sobre Irán en Amnistía Internacional España
- marzo 17, 2023
- Por Amnistía Internacional
El pasado 13 de septiembre, la joven iraní de 22 años de origen kurdo Mahsa Amini fue detenida en Teherán por la “policía de la moral”. Algunos testigos vieron cómo la golpeaban violentamente para meterla en el furgón policial.
Pocas horas después, fue llevada al hospital en coma y tres días después murió. En Irán, la “policía de la moral” somete de forma rutinaria a mujeres y niñas a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por no cumplir con las leyes abusivas, degradantes y discriminatorias sobre el uso obligatorio del velo. De conformidad con estas leyes, las mujeres y las niñas —incluidas las de tan sólo siete años—, están obligadas, contra su voluntad, a cubrirse el pelo con un velo, y las que no lo hacen, son consideradas delincuentes por el Estado.
Protesta tras la muerte de Mahsa Amini, en Berlín, Alemania, 22 de octubre de 2022. © REUTERS/Christian Mang
Las mujeres: las verdaderas protagonistas
La “policía de la moral” vigila a toda la población femenina: 40 millones, entre mujeres y niñas, y sus agentes tienen facultades para dar el alto a cualquiera de ellas para comprobar si deja a la vista mechones de pelo, si sus pantalones y abrigo les parecen cortos, si consideran su ropa demasiado colorida o demasiado ajustada o si estiman que lleva mucho maquillaje.
Según el artículo 638 del Código Penal Islámico de Irán, todo acto considerado “ofensivo” para la moral pública es castigado con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión o 74 latigazos, y el castigo por dejarse ver sin velo en público puede ser de detención, pena de prisión, multa o latigazos. Todo eso por el “delito” de ejercer el derecho a vestir como quieran.
Otras libertades cercenadas. La pena de muerte como arma de represiónen Irán
Pero no sólo las mujeres y las niñas se ven privadas de sus derechos más elementales. En Irán, la ausencia de libertades es prácticamente absoluta. Están prohibidos los partidos políticos independientes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil y las autoridades reprimen severamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y a diario se llevan a cabo detenciones arbitrarias por publicaciones en las redes sociales
La tortura y otros malos tratos son habituales, especialmente durante los interrogatorios. Las “confesiones” obtenidas mediante tortura son utilizadas de forma sistemática para dictar sentencias condenatorias y las autoridades penitenciarias mantienen a la población reclusa en condiciones crueles e inhumanas. Además, alejan a presos y presas de los lugares de residencia de sus familias como herramienta de represión.
Otra herramienta de represión es la pena de muerte, que se impone tras juicios injustos y por delitos que no cumplen el criterio de ser de “los más graves delitos”, o por actos que no constituyen delitos reconocidos internacionalmente, como es el caso de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales extramatrimoniales, y de otros tan imprecisos como “enemistad con Dios” o “propagación de la corrupción en la Tierra”.
Majidreza Rahnavard (izquierda) y Mohsen Shekari (derecha) fueron ejecutado en diciembre de 2022 por haber participado en las protestas contra el gobierno iraní. © Particular
La muerte de Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre, de la que ahora se cumplen seis meses, desató una oleada de indignación y protestas en todo el país; una oleada que las fuerzas de seguridad han reprimido de forma desproporcionada y sangrienta, disparando con munición real contra manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua. Se calcula que más de 500 personas han muerto y que más de 20.000 han sido detenidas. Además, es especialmente preocupante el dato de que al menos 94 personas habrían sido ejecutadas solo entre los meses de enero y febrero -con un espeluznante trasfondo de denuncias de violencia sexual y otras torturas-. Cuatro de estas personas, Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini, el 7 de enero, y Majidreza Rahnavard y Mohsen Shekari, en diciembre del pasado año, fueron ejecutados por haber participado en las protestas. Ninguno de ellos tuvo un juicio justo, ni acceso a una defensa adecuada ni a representación legal de su elección; tampoco a ser considerados inocentes hasta que se demostrara lo contrario.
Seis meses después del inicio del levantamiento popular, la impunidad de las autoridades judiciales y penitenciarias iraníes por las detenciones arbitrarias y el empleo ilegítimo de la fuerza letal sigue siendo total. Desafortunadamente, esta represión no es algo nuevo. Ya lo hemos visto en el pasado y la población iraní lleva años soportándola. Lo sucedido tras la muerte de Mahsa Amini es sólo lo último en un ciclo de ataques violentos contra personas que reclaman de forma pacífica sus derechos. El pasado mes de noviembre se cumplieron tres años desde la masacre de cientos de hombres, mujeres y menores de edad por la fuerzas de seguridad durante las protestas celebradas en todo el país en noviembre de 2019; protestas a las que las autoridades iraníes respondieron una vez más con el uso ilegítimo de la fuerza y el homicidio de varios manifestantes que recordaban esta efeméride.
Encubrimiento de las masacres penitenciarias de 1988
Otra triste efeméride, la que el pasado 11 de enero conmemoraba el 44 aniversario del establecimiento de la República Islámica de Irán, nos recordó las masacres penitenciarias de 1988, el peor caso de homicidios masivos y secretos cometidos desde el establecimiento de la República. Entre 1988 y 1990, las autoridades iraníes negaron las denuncias de ejecuciones masivas en 1988 como “propaganda de grupos de oposición” y dijeron que los homicidios se habían producido en el contexto de la incursión armada de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, grupo de la oposición radicado entonces en Irak. A día de hoy, siguen ocultando sistemáticamente la suerte y el paradero de miles de disidentes políticos a quienes ejecutaron extrajudicialmente en la década de 1980 y arrojaron a fosas sin señalizar. Ocultan o destruyen fosas comunes y hostigan e intimidan a sobrevivientes y familiares que buscan verdad, justicia y reparación.
“Hace decenios que el gobierno de Irán y sus representantes diplomáticos en todo el mundo orquestan campañas de negación y desinformación para confundir a la comunidad internacional y robar a las personas afectadas y a la sociedad en general el derecho a la verdad”
Una mujer pinta su cara con los colores de la bandera iraní durante una manifestación contra la muerte de Mahsa Amini y en solidaridad con los manifestantes antigubernamentales en Irán, en Limassol, Chipre 1 de octubre de 2022. © REUTERS/Yiannis Kourtoglou
El papel de la comunidad internacional
Para acabar con este mortal ciclo de violencia, los Estados miembros de la ONU decidieron el 24 de noviembre de 2022 establecer un mecanismo independiente para investigar las violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas, y para recopilar y salvaguardar pruebas que se podrán utilizar en futuros juicios. Es un hito crucial para acabar con la impunidad y para que las personas responsables de tantos abusos rindan cuentas. El establecimiento de este mecanismo es algo que Amnistía Internacional llevaba exigiendo desde hace mucho tiempo. Aunque debería haber llegado antes, la comunidad internacional ha enviado a las autoridades iraníes el mensaje inequívoco de que no pueden seguir cometiendo crímenes de derecho internacional sin temor a las consecuencias.
La valentía de las personas que se manifiestan haciendo frente a esta ola de represión e impunidad en Irán, pone al descubierto la magnitud de la indignación y la fuerza del pueblo iraní, no sólo por ésta discriminación generalizada de las mujeres y niñas, sino también por la falta de libertades, los homicidios ilegítimos, la represión generalizada, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, las desapariciones forzadas, las torturas y otros malos tratos, las muertes en las cárceles y una larga lista de violaciones de derechos humanos, que ha provocado el estallido de estas protestas pacíficas.
En palabras de Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, “ahora los Estados deben garantizar que el mandato esté operativo y cuente con recursos suficientes sin demora, e instar a las autoridades iraníes a cooperar plenamente con la misión y permitir el acceso sin trabas al país. La votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también debe servir de llamada de atención a las autoridades iraníes para que pongan fin de inmediato a su total ataque militarizado contra quienes se manifiestan”.
Compártelo en redes
Dona
Trabajamos para exponer las violaciones de los derechos humanos, dando una luz de esperanza a quienes aún esperan justicia.
Firma nuestras peticiones
Con tu firma podemos presentarnos frente a las autoridades no solo como Amnistía Internacional ¡sino como miles de personas exigen un mundo mejor!
Hazte miembro
Además de donar, las personas que forman parte de la membresía cuentan con voz y voto para participar en las actividades de gobernanza de Amnistía Internacional Sección Mexicana.
