Foto: Alejandro Meléndez
- Más allá de crear protocolos o instaurar herramientas nuevas se requiere voluntad política para que se apliquen los mecanismos ya establecidos
- No es correcto equiparar el delito de secuestro con el de desaparición, el primero tiene una naturaleza diferente y atiende a dinámicas distintas
- El Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las colectivas de buscadoras ante las amenazas que han estado recibiendo
- Amnistía Internacional insta al gobierno a poner en práctica las recomendaciones incluidas en su informe Buscar sin miedo, orientadas a proteger y garantizar los derechos humanos de las personas buscadoras
Las medidas anunciadas por el gobierno mexicano para abordar la grave crisis de desaparición de personas en el país carecen de un enfoque integral y no fueron elaboradas mediante un diálogo constructivo con las colectivas de búsqueda. Amnistía Internacional ha insistido en que el abordaje de este problema debe centrarse en las voces y demandas de quienes han enfrentado en primera línea esta tragedia: las familias buscadoras.
Las medidas gubernamentales, fueron anunciadas el lunes 17 de marzo, en el marco de los hallazgos de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, los días 5 y 11 de marzo, respectivamente, efectuados por colectivas de búsqueda.
Luego de esos hallazgos, las colectivas de búsqueda han denunciado amenazas en su contra provenientes de grupos criminales e incluso de agentes del Estado. Al respecto, Amnistía Internacional reitera su llamado para que el Estado mexicano adopte medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de esas colectivas. Sus denuncias no pueden ser desoídas.
En relación con los anuncios hechos por la Fiscalía General de la República en su conferencia de medios del miércoles 19 de marzo, el movimiento reitera su llamado a las autoridades judiciales de los tres niveles de gobierno a definir, lo antes posible, sus competencias de actuación y sin dilación efectúen una investigación diligente, profesional y apegada a la ética, que incluya las voces de la colectivas de búsqueda, entre muchos otros testimonios, para esclarecer lo ocurrido en las fosas ubicadas en Jalisco y Tamaulipas. Entre más tiempo transcurra muchas pruebas pueden perderse.
Las fosas localizadas en Jalisco y Tamaulipas son un ejemplo más de la grave crisis de derechos humanos que afecta al país. En México el número de personas desaparecidas asciende ya más de 124 mil 833 personas, como lo revelan los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esto significa que en el país desaparecen alrededor de 30 personas diariamente.
Entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo federal está la de fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Esta es una exigencia que las personas buscadoras han planteado por años. Además, han enfatizado la necesidad de que personas funcionarias cuenten con la capacitación técnica que les permita realizar debidamente labores de búsqueda, que haya un diálogo permanente con ellas, y que sus opiniones sean consideradas en el proceso de selección del titular de la CNB.
“Junto con la CNB, debe fortalecerse a las comisiones estatales. El diálogo directo con las colectivas es imprescindible dada la amplia experiencia que han adquirido por su trabajo en el terreno. Algunas de ellas han recibido incluso capacitación de organizaciones expertas como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El diálogo entre ambas partes es primordial para que la CNB tenga la legitimidad que requiere una institución de ese tipo”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
“Aunado a ello, es necesario destacar que a la fecha no ha sido renovado el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, esto es un elemento primordial para la supervisión de las tareas de búsqueda de personas. No hacer la renovación afecta el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de miles de familias”, advirtió Edith Olivares.
“La actividad de búsqueda está protegida por el Derecho Internacional de los Derechos humanos, que establece obligaciones precisas a los Estados, entre ellas la de proteger a las colectivas de buscadoras, reconocerlas como defensoras de derechos humanos, así como la labor que realizan. Por ello instamos al gobierno mexicano a revisar y poner en práctica las recomendaciones incluidas en nuestro informe Buscar sin miedo, encaminadas a proteger y garantizar sus derechos humanos”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
Focos de alerta
El foco de alerta se enciende con la propuesta del gobierno federal de crear una Base Nacional Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana. Desde Amnistía Internacional vemos con preocupación estas medidas. Primero, la ley ya contempla la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el cual no ha sido implementado. Segundo, las autoridades no especifican qué acciones tomarán para garantizar que ambas herramientas tengan información de calidad y no enfrenten un subregistro.
No se debe equiparar el delito de desaparición con el de secuestro
Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal representa un problema crucial.
Esta medida ignora que el delito de secuestro tiene una naturaleza diferente del delito de desaparición: el segundo no implica necesariamente una petición de rescate, busca borrar evidencias, dificulta el acceso de las víctimas a la justicia y favorece la impunidad. Además, el delito de secuestro atiende a dinámicas distintas en relación con el delito de desaparición: la desaparición puede estar ligada a la eliminación de testigos o la instauración del miedo, al reclutamiento de personas para el crimen organizado, a la trata de personas, entre otros. Aunado a ello, equiparar el delito de secuestro al de desaparición invalida el logro de familias y organizaciones que durante años lucharon por visibilizar las desapariciones. Asimismo, dicha acción invisibiliza a las víctimas de desaparición e impide que se apliquen medidas adecuadas para su atención.
Otro tema que llama la atención de la propuesta del Ejecutivo federal es la decisión de incorporar nuevos protocolos “que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata (…) así como “abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República”.
Este es un tema que amerita el fortalecimiento de los mecanismos de capacitación y supervisión de los agentes del Estado que están cargo de la búsqueda para que procedan de inmediato ante las denuncias que les sean presentadas. Esa capacitación la prevé el artículo 69 de la misma LGD y señala que debe ser conforme a los más altos estándares internacionales.
Rescatar el CNIDH
Respecto de la decisión de Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), su reactivación debe contar con el presupuesto suficiente y el personal calificado para realizar un trabajo profesional y apegado a la ética que el tema amerita. Tan importante es esto como el trabajo cercano que debe realizar con las colectivas de búsqueda para atender su legítima demanda de efectuar una correcta identificación de cuerpos y dar certeza las familias que buscan a sus familiares desaparecidos.
La puesta en marcha de este centro se dio el 9 de agosto de 2022. Sin embargo, en el sexenio anterior vino a menos, por falta de presupuesto diluyéndose así la que fue anunciada como “una institución única al servicio de la sociedad que va a impulsar un proyecto único a nivel internacional que es la identificación masiva de personas”.
El objetivo del CNIH era atender “el enorme rezago que lamentablemente la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados no han podido atender”, caracterizado, en ese entonces, por la falta de identificación de más de 50 mil cuerpos. Con su declive esa tarea quedó inconclusa y actualmente la cifra de cuerpos sin identificar asciende a más de 72 mil.
Información de contexto:
Acción Urgente México: la estrategia sobre desapariciones pone en peligro la búsqueda
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