- Amnistía Internacional documentó que el proceso en contra de las personas defensoras carecía de pruebas
- El caso fue documentado en el informe México: Tierra y ¿Libertad?
- Esa persecución injusta no debió ocurrir. Amnistía Internacional convoca a las autoridades para que atiendan las recomendaciones contenidas en el referido informe
El 17 de mayo de 2024 la Fiscalía de Distrito Altos, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, determinó por fin el no ejercicio de la acción penal que se seguía de manera injusta en contra de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente que se opusieron a la construcción de un fraccionamiento en una zona de conservación ecológica ubicada en la Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas Chiapas.
La Fiscalía las acusó del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. El proceso penal carecía de pruebas y sometió a las personas defensoras integrantes de la Mesa Directiva de la Colonia Maya a un intenso desgaste físico, psicológico y económico que duró siete años, desde el 2017, fecha en que se emitió la orden de aprehensión en contra de ellas.
La medida judicial también afectó a la comunidad de la Colonia Maya que se sintió amedrentada y tenía miedo de continuar en la lucha por un medio ambiente sano.
“Desde Amnistía Internacional expresamos nuestro enorme gusto por el fin de la persecución judicial injusta a que fueron sometidas Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez. Además de la acción penal estas personas fueron estigmatizadas por ejercer su derecho a la protesta para ser escuchadas en las demandas legítimas que reclamaban para preservar la tierra, el territorio y el medio ambiente de su comunidad”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Reconocemos también la unidad de las personas de la Colonia Maya para resistir durante largos siete años los embates judiciales ilegales con los que se pretendió deslegitimar su lucha, así como su coraje para apoyar a las personas que integran su Mesa Directiva. Su lucha es conocida en diversos países gracias a la difusión que le han dado diversas secciones de Amnistía Internacional y ese apoyo continuará”, agregó Edith Olivares Ferreto.
El derecho a la protesta es una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles para ellas.
Amnistía Internacional documentó el caso de la Colonia Maya en el informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, dado a conocer en septiembre de 2023. El mismo está centrado en la forma en que el Estado mexicano hace uso indebido del derecho penal en contra de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para inhibir y desincentivar su lucha.
Defender la tierra y el territorio ante una autoridad hostil
Elizabeth, Eustacio, Lucero, Martín y Miguel Ángel fueron parte de la Mesa Directiva de la Colonia Maya cuando iniciaron la defensa por la tierra en contra de la construcción del fraccionamiento referido. En ese proceso, la inmobiliaria taló 100 árboles, aproximadamente, lo que ocasionó un desequilibrio ambiental importante ya que el agua de la lluvia dejó de ser detenida por los árboles ocasionando inundaciones y daños en la Colonia Maya. Adicionalmente, la construcción se inició sin desarrollar evaluaciones de impacto ambiental y social.
Amnistía Internacional recuerda que en México, la criminalización de la protesta se inserta además en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.
“La persecución contra las personas defensoras de la Colonia Maya no debió ocurrir. Por ello desde Amnistía Internacional convocamos a las autoridades para que atiendan las recomendaciones incluidas en nuestro informe Tierra y ¿Libertad? Entre ellas, que revisen los tipos penales documentados en él para adecuarlos a estándares internacionales de forma que no sean utilizados en contra de las personas defensoras.
“Igualmente las autoridades deben investigar las denuncias penales abusivas y sin fundamentos, interpuestas por personas funcionarias y de empresas contra personas defensoras. Además, antes de interponer medidas cautelares contra éstas las autoridades deben considerar los efectos negativos que pueden causar en su labor y en sus otros derechos humanos. También deben reconocer el derecho de las personas defensoras a intervenir en los asuntos que competen a sus comunidades y la labor que realizan, así como darles la protección debida a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
Información de contexto
El informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, incluye otros casos en los que se documenta el uso desproporcionado del sistema penal como en Zacatepec, Puebla, en el que personas defensoras nahuas, protestaron por la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.
Detalla el caso de Chilón, Chiapas, en donde personas defensoras tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; y refiere el caso de Sitilpech, en Yucatán, donde pobladores de esa localidad se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera.
Amnistía Internacional constató algunas características comunes en los casos que son preocupantes. Las denuncias presentadas van dirigidas en su gran mayoría a personas que son consideradas líderes, o las personas más visibles de movimientos de protesta, a quienes se les intenta procesar por delitos vagos, sin evidencia contundente y exclusivamente por sus acciones pacíficas. Los procesos suelen alargarse por diversas causas, adicionalmente, existe una amenaza constante de reactivación de procesos o de fabricación de nuevos delitos.
Más información:
Informe: México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente (Investigación, 13 de septiembre de 2023)
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