En respuesta a la histórica opinión consultiva emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la legalidad de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y las consecuencias de la conducta de Israel para otros Estados y para la ONU, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La Corte Internacional de Justicia ha emitido su opinión y su conclusión suena alto y claro: La ocupación y la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel son ilegales, y las leyes y políticas israelíes que discriminan a la población palestina violan la prohibición de la segregación racial y del apartheid”.
“Ésta es una vindicación histórica de los derechos de la población palestina, que lleva soportando decenios de crueldad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos derivadas de la ocupación ilegal de Israel”.
“La ocupación es un pilar clave del sistema de apartheid que Israel utiliza para dominar y oprimir a la población palestina, y que es la causante de un sufrimiento a gran escala. La población palestina ha sido testigo de la demolición de sus hogares y de la expropiación de sus tierras para construir y ampliar asentamientos, y se enfrenta a restricciones asfixiantes que alteran todos los aspectos de su vida cotidiana: desde la separación de las familias y las restricciones a la libertad de circulación hasta la denegación del acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales”.
“La opinión de la CIJ llega cuando Israel lleva nueve meses incumpliendo de forma flagrante el derecho internacional humanitario a una escala catastrófica mediante ataques mortales e ilegítimos durante su ofensiva en la Franja de Gaza ocupada que se han cobrado un número sin precedentes de víctimas civiles. Israel también ha intensificado la apropiación ilegal de tierras en la Cisjordania ocupada y ha autorizado la construcción de un número cada vez mayor de unidades de asentamiento en la Jerusalén Oriental ocupada y anexada ilegalmente, lo que en la práctica afianza y perpetúa la ocupación ilegal. Las autoridades israelíes también incumplen sistemáticamente las medidas provisionales ordenadas por la CIJ para prevenir el genocidio en Gaza. No se debe permitir que Israel siga pisoteando el derecho internacional”.
“La comunidad internacional, y en particular los aliados de Israel, debe tomar ahora medidas inequívocas para garantizar que Israel pone fin a su ocupación ilegal, comenzando por detener de inmediato la expansión de los asentamientos israelíes y revertir la anexión de territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, y desmantelar su brutal sistema de apartheid contra la población palestina. Poner fin a la ocupación es crucial para detener la constante recurrente de violaciones de derechos humanos en todo Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”.
“Israel debe retirar sus fuerzas de todas las partes de los territorios ocupados, incluida la Franja de Gaza, y retirar a todos los colonos de Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental anexada ilegalmente. Además, debe renunciar al control de todos los aspectos de la vida de la población palestina, así como ceder el control de las fronteras, los recursos naturales, el espacio aéreo y las aguas territoriales del territorio ocupado. Esto significa levantar el bloqueo ilegal de Gaza y permitir que la población palestina viaje libremente entre Gaza y Cisjordania”.
Información complementaria
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y las consecuencias de la conducta de Israel para otros Estados tras un proceso de 18 meses que incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 50 Estados, incluida Palestina, y tres organizaciones internacionales. La tan esperada opinión consultiva declara que la ocupación israelí de territorios palestinos es una violación flagrante del derecho internacional.
En julio de 2004, la CIJ emitió una primera opinión consultiva en la que concluyó que había que detener la construcción del muro de separación dentro de los Territorios Palestinos Ocupados porque era contraria al derecho internacional. Amnistía Internacional también había argumentado que la construcción del muro viola el derecho internacional y contribuye a la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.
El hecho de que la comunidad internacional no haya aplicado las recomendaciones de la opinión consultiva de la CIJ de 2004 ha alentado el desafío de Israel al derecho internacional y reforzado su impunidad.
