- Amnistía Internacional hace un llamado a las y los legisladores a votar en contra de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, que formaliza la adscripción de la GN a la SEDENA
- La iniciativa pone en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos y contraviene los estándares internacionales en materia de seguridad pública
- La iniciativa tiende a consolidar el proceso de militarización de la seguridad pública a contrapelo del quinto transitorio del decreto de creación de la GN, que plantea el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública en 2024
La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, para que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa (SEDENA) contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los estándares internacionales en materia de seguridad pública. Esta iniciativa plantea la consolidación de la militarización de la GN y, de aprobarse, la SEDENA se encargaría de la operación y administración de la misma, le daría capacitación militar a su personal cuando sus tareas son del orden civil y el personal militar de esta corporación se regiría por el fuero y condiciones laborales del personal militar.
“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las personas legisladoras para que analicen la iniciativa en el marco de los más altos estándares de derechos humanos y atendiendo las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano y voten contra la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Los y las legisladoras tienen la oportunidad de frenar el proceso de militarización de la seguridad pública en México y exigir al Poder Ejecutivo que presente el plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorice en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendentes a garantizar la seguridad pública. No se puede dejar pasar más tiempo dada la situación de extrema urgencia que vivimos en el país”, agregó Edith Olivares Ferreto.
Diversos organismos internacionales han recomendado de manera reiterada al Estado mexicano que abandone la estrategia de militarización de la seguridad pública: en diciembre de 2017, expertos y expertas de la Organización de Naciones Unidas hicieron un claro llamado al Estado Mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior. Argumentaron que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad debilitaría la protección de los derechos humanos. En 2018, la SCJN determinó la invalidez en su totalidad de dicha ley e incluso se consideró que su existencia representaría un riesgo para el país.
Aunque la exposición de motivos de la iniciativa recupera cifras de violaciones a derechos humanos tendentes a señalar que éstas han ido a la baja, los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que la SEDENA y la GN están dentro de las diez instituciones federales con mayor número de quejas por violaciones graves a derechos humanos, entre ellas privación de la vida, desaparición forzada, tortura, y tratos crueles e inhumanos, y detenciones arbitrarias.
En el lapso de ocho años, entre el 2014 a lo que va de 2022, la SEDENA acumuló 3 mil 999 quejas y la Marina mil 553 quejas. En tanto que la GN, con solo tres años de su creación (entre 2020 y lo que va de 2022), acumula mil 109 quejas.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido que los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo es México deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública.
En ese sentido, en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (noviembre de 2018), la CoIDH determinó que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles” y que la participación excepcional de las fuerzas armadas en estas tareas debe estar sujeta a cuatro factores:
Debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Iniciativa vs Constitución mexicana
La iniciativa se contrapone además a los artículos 21, párrafo 10, y el 129 de la Constitución mexicana de acuerdo con los cuales: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional” (artículo 21, párrafo 10) y que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129).
Iniciativa militarista
Amnistía Internacional también expresa su mayor preocupación porque la iniciativa presentada por el Ejecutivo plantea que la capacitación que recibirá el personal de la GN provendría de la SEDENA. Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano alejarse del paradigma de seguridad militarizada, retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad y transitar a un modelo de seguridad ciudadana, centrado en la persona humana y en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática.
Las tareas de seguridad pública deben estar a cargo de corporaciones civiles eficaces, eficientes, profesionalizadas, que cuenten con recursos técnicos, capacitación y el equipamiento necesario para garantizar la seguridad y la vida de todas las personas.
Aunque la iniciativa refiere que su propósito final no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, en los hechos la militarización de la GN está presente a lo largo del texto.
Así, la iniciativa considera que aunque la GN esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), la SEDENA se encargará de su operación y administración. No se aclara cómo podrá la SSPC vigilar, supervisar y evaluar la estrategia de la GN cuando el personal es de la SEDENA. Además, de acuerdo con la iniciativa, el fuero militar será vigente para la GN, lo cual podría incrementar los niveles de impunidad.
