Amnistía Internacional manifiesta preocupación por una alarmante tendencia que amenaza gravemente la promoción y la defensa de los derechos humanos en la región: la proliferación de iniciativas legales que buscan restringir la labor de las organizaciones de la sociedad civil.
Siguiendo cuestionables malas prácticas de adopción de medidas regresivas y autoritarias de algunos países de la región, actualmente los parlamentos de Paraguay, Perú y Venezuela están considerando proyectos de ley que imponen restricciones arbitrarias e injerencias indebidas en las organizaciones, asociaciones y colectivos de la sociedad civil. Estas medidas amenazan con silenciar voces críticas, comprometer la búsqueda de justicia y el avance de los derechos humanos.
“Los Estados deben cesar sus esfuerzos por silenciar a las organizaciones de derechos humanos y abstenerse de restringir el espacio cívico en el que todas las personas puedan participar y expresar sus opiniones libremente y sin miedo a sufrir represalias. Estas tendencias represivas son un grave retroceso para los derechos humanos en la región”, expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De ser aprobadas, estas propuestas legislativas vulnerarían los compromisos internacionales de los Estados con los derechos humanos, en particular los derechos a la libertad de asociación, de expresión, a la privacidad, a participar de los asuntos políticos, y el derecho a promover y defender los derechos humanos.
Distintos abordajes, un mismo impacto: sofocar la sociedad civil
En Perú, solo en los últimos meses, el Congreso ha tramitado seis proyectos de ley que podrían restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones que reciben fondos de cooperación internacional. Estas propuestas obtuvieron aprobación de la Comisión de Relaciones Exteriores el pasado 5 de junio y pueden ser evaluadas todavía por el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso.
A su vez, en el Senado de Paraguay, se analiza desde diciembre de 2023 el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que podría establecer restricciones indebidas al acceso de recursos para las organizaciones de la sociedad civil e imponer medidas sancionatorias desproporcionadas.
Estas iniciativas legales guardan, además, similitudes con la propuesta de “ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” que se aprobó en primera discusión por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2024, y que ha disparado la preocupación de diversas relatorías especiales de las Naciones Unidas. Este proyecto acompaña a otras iniciativas, más o menos recientes, que buscan igualmente coartar los derechos a la libertad de expresión y de asociación para silenciar la disidencia política.
Si bien las propuestas presentan distintos abordajes, todas contienen alarmantes características en común. Frecuentemente fundamentadas en la necesidad de alcanzar mayor transparencia, y a pesar de los múltiples controles ya existentes en los países para que las organizaciones de sociedad civil rindan cuentas, lo que establecen en la práctica estos proyectos de ley, con una redacción en muchos casos vaga e imprecisa, son controles desproporcionales, arbitrarios e indebidos sobre la información operativa y financiera de las organizaciones de la sociedad civil. Tales medidas podrían impedir que estas entidades obtengan los recursos y permisos necesarios para su financiamiento, pondrían en riesgo la independencia de sus actividades y amenazarían la seguridad y la privacidad de sus integrantes y de las personas cuyos derechos buscan defender y proteger.
El incumplimiento de las medidas abusivas establecidas por estos proyectos de ley podría disolver totalmente estas entidades sin un debido proceso o, en el caso de Venezuela, llevar a sanciones de tipo penal en contra de sus integrantes. Todas estas sanciones contravienen el derecho internacional de los derechos humanos, el cual establece que las restricciones a la libertad de asociación no pueden en ninguna circunstancia ser desproporcionadas o tan onerosas que pongan en peligro el derecho en sí.
Todas estas iniciativas han sido debatidas en el marco de una total falta de consulta pública, amplia y participativa. La creación de leyes que afecten a las organizaciones de la sociedad civil debería incluir consultas previas y significativas con todas las entidades y titulares de derechos interesados, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes deben poder participar sin temor a sufrir represalias.
“Estas iniciativas legislativas además afectarán directamente a la población que recibe asistencia de las organizaciones de sociedad civil. La histórica contribución de las organizaciones de derechos humanos en Perú, Paraguay y Venezuela para lograr una sociedad más justa y equitativa es incalculable y debe ser públicamente reconocida por las autoridades. En lugar de imponer obstáculos, sanciones indebidas u otras medidas que restringen su labor, los Estados deberían garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan realizar su trabajo de forma libre, segura y sin temor a sufrir represalias o sanciones simplemente por defender los derechos humanos”, recordó Ana Piquer.
Cierre legal del espacio cívico: una alarmante tendencia en las Américas
Lamentablemente, las recientes experiencias de Paraguay, Perú y Venezuela no son casos aislados, sino que reflejan una preocupante cadena de réplica regional y global hacia la aprobación de leyes que restringen el espacio de acción de la sociedad civil y silencian las voces disidentes. Esta tendencia se ha manifestado en las Américas con iniciativas similares aprobadas o debatidas en países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, entre otros.
“Las organizaciones, colectivos y movimientos de la sociedad civil son la piedra angular de la defensa de los derechos humanos y son una pieza clave para mantener la independencia de los poderes públicos y evitar la impunidad”, dijo Ana Piquer. “Además, muchas violaciones de los derechos humanos con las que nos enfrentamos en la región tienen raíces en fenómenos transnacionales, como la violencia y la migración forzada, por lo que cualquier amenaza a la libertad de asociación incluso a nivel local puede implicar un agravamiento para la situación de los derechos humanos en toda la región”.
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