Las mujeres indígenas ecuatorianas de la selva amazónica piden mayor protección frente a las amenazas de muerte y los ataques, mientras continúan su lucha en defensa de sus tierras ancestrales.
El colectivo Mujeres Amazónicas lleva muchos años protestando contra el saqueo de sus tierras por empresas petroleras, mineras y madereras. Cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional, que, según la activista ambiental Patricia Gualinga (una de las portavoces del colectivo), lleva años ayudando a llamar la atención del mundo sobre la campaña de estas mujeres.
“Destruir la Amazonía es la destrucción del mundo” —dijo Gualinga a Amnistía Internacional en marzo—. “Si no se dan cuenta de eso, estamos perdidas”.
Explotación de tierras del pueblo Sarayaku
En 2002 y 2003, la petrolera argentina CGC irrumpió en el territorio del pueblo Sarayaku. Desplegó guardias de seguridad militares y privados, construyó carreteras y deforestó terreno, destruyendo árboles y plantas de gran valor ecológico, cultural y espiritual para la comunidad indígena. Además, como parte de sus operaciones de perforación, la empresa enterró 1,400 kilos de un explosivo llamado pentolita, en territorio de Sarayaku, poniendo en peligro la vida de sus habitantes y obligándolos a abandonar parte de sus tierras ancestrales.
“Enterraron 50 cargas explosivas por la noche, y quienes lo hicieron sabían que era muy peligroso” —explica Gualinga—. “Yo me vi obligada a ser una defensora de derechos humanos porque las petroleras violentaban los derechos de mi pueblo Sarayaku”.
En 2012, Amnistía Internacional ayudó al pueblo Sarayaku a denunciar al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por haber autorizado a CGC a colocar explosivos y perforar sus tierras ancestrales en busca de petróleo, sin contar con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena, y por no reparar los daños ocasionados ni proteger a estas personas frente a abusos en el futuro.
Ganaron la causa, y fue un triunfo histórico. La CoIDH falló en contra de Ecuador por violar el derecho a la integridad física de los miembros de la comunidad Sarayaku y poner en grave peligro su derecho a la vida.
El tribunal resolvió asimismo que el gobierno ecuatoriano era responsable de violar el derecho de la comunidad Sarayaku a ser consultada, así como su propiedad comunal y su identidad cultural.
Sin embargo, a pesar de esta gran victoria, casi ocho años después las autoridades no han acatado la sentencia de la CoIDH. Los explosivos continúan enterrados en territorio de Sarayaku y Patricia sigue sufriendo ataques y recibiendo amenazas de muerte.
Gualinga afirma: “Los explosivos están aquí, y esto refleja lo que puede pasarles a otras comunidades si no perseveramos en la lucha. Debemos seguir presionando para que se cumpla todo lo que dispuso el tribunal. Porque sabemos que las empresas internacionales continuarán haciendo lo posible por ignorarnos, y no podemos dejar que lo hagan”.
La unión hace la fuerza
Gualinga piensa que, a través del movimiento de protesta de las mujeres, la unión hace la fuerza de las mujeres indígenas. “En 2018 amenazaron con matarnos” —cuenta de sus agresores, a quienes las autoridades ecuatorianas no han identificado y llevado ante la justicia—, “y a algunas de mis compañeras dirigentes les quemaron la casa hasta los cimientos. No fue una amenaza contra mi pueblo; fue una amenaza directa contra mí.”
“Por definición, las mujeres corren mayor peligro que los hombres. Se las puede amenazar sexual y físicamente; para los hombres es diferente. Las mujeres nos unimos porque tenemos que hacerlo, porque sabemos que juntas somos más fuertes y estamos más protegidas en múltiples niveles”.
“Al agruparnos, nos protegemos. Esa es la razón de ser de Mujeres Amazónicas: no estar solas para no ser tan vulnerables”.
El 13 de noviembre de 2019, la comunidad Sarayaku presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para reclamar que las autoridades cumplieran lo dispuesto por la CoIDH en 2012. Y en marzo de 2020, Mujeres Amazónicas organizó una marcha multitudinaria de mujeres indígenas por las calles de la capital, Quito, para entregar al gobierno ecuatoriano una petición de mayor protección.
El 19 de junio de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador admitió la demanda, pero podría tardar años en dictar sentencia. Desde marzo de 2020, la comunidad Sarayaku también se enfrenta a graves dificultades a causa de las inundaciones y, más recientemente, de la propagación de la COVID-19 entre sus habitantes, que se suman a las que ya atravesaba esta remota comunidad de la selva tropical.
“Solamente piensan que los pueblos indígenas están luchando porque violentan nuestros derechos” —afirma Gualinga—, “pero estamos luchando por el bienestar de sus hijos, que tienen tanto derecho como nosotros a respirar aire limpio. Luchamos para defender su oxígeno, el futuro de su planeta. Luchamos por su bienestar”.
Amnistía Internacional lleva muchos años apoyando a Mujeres Amazónicas y pide a las autoridades ecuatorianas que garanticen la protección efectiva de defensores y defensoras de los derechos humanos como Patricia, para que puedan hacer oír su voz en condiciones seguras y continuar su labor de defensa de los derechos humanos sin miedo a sufrir represalias.
Gualinga afirma que el apoyo de Amnistía Internacional al movimiento de protesta ha sido fundamental, porque ha sacado a relucir los rostros de las mujeres que luchan para defender la naturaleza y los derechos humanos. “Hemos servido de inspiración a otras comunidades —asegura—, hemos permitido que mujeres marginadas alcen su voz y hemos obligado a petroleras a marcharse del país”.
“Todo ello a costa de correr graves riesgos e invertir mucho tiempo y energía. Merece la pena. Porque el planeta aún existe; porque la naturaleza está de nuestra parte. Y que el mundo sepa que la Amazonía es rica en biodiversidad, en cultura y en vida”.
