Desde que en el 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha detenido la embestida contra los derechos humanos y cualquier forma de disidencia o crítica. Durante los últimos años, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado cómo las autoridades han utilizado todas las instituciones del Estado para amedrentar, castigar y erradicar cualquier forma de oposición política o defensa de los derechos humanos.
“En esta nueva ola de violaciones de derechos humanos, Daniel Ortega está pretendiendo sustituir la prisión injusta de quienes levantan la voz y defienden derechos, por el exilio forzado, despojando cruelmente de derechos a cientos de nicaragüenses y reforzando su política de terror y represión para aniquilar cualquier disidencia”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta semana el Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución privando de su nacionalidad a 94 personas nicaragüenses. Entre ellas, prominentes personas defensoras de derechos humanos, escritoras y periodistas. Además, las declaró ‘traidoras a la patria’ y, sin mediar ningún procedimiento judicial, las calificó de “prófugas de la justicia”.
Entre las personas afectadas por esta última decisión arbitraria de despojo ilegal de la nacionalidad, se encuentra Vilma Núñez de Escorcia, presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quien cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos, y a quien en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas provisionales que obligan a las autoridades a garantizar, de manera específica y urgente, la protección de su vida e integridad.
“La valiente e implacable labor de defensa de los derechos humanos que Vilma Núñez ha ejercido, junto con otras personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, hoy es la única prueba con la que el gobierno de Daniel Ortega pretende justificar la aplicación de leyes confeccionadas para criminalizarles y perseguirles. Ahora, más que nunca, nos solidarizamos y acompañamos al pueblo nicaragüense y su movimiento de derechos humanos, y llamamos a la comunidad internacional a hacer lo mismo”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En los últimos años, las más altas autoridades nicaragüenses han demostrado una y otra vez que están dispuestas a todo para imposibilitar y castigar el ejercicio de los derechos humanos en el país. La semana pasada tan solo expulsó y condenó a 222 personas que se encontraban detenidas sólo por ejercer sus derechos y alzar su voz en contra de las injusticias que ocurren en Nicaragua. Las medidas legislativas y administrativas que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han promovido en los últimos días, para privar de la nacionalidad a voces disidentes en Nicaragua, atentan contra el derecho humano que toda persona tiene de contar con una nacionalidad y a que nadie le prive de ella de manera arbitraria.
La calidad de apátrida impuesta en esta última semana a más de 300 personas en Nicaragua las coloca en una situación de mayor indefensión y las hace más susceptibles de ser víctimas de muchas otras violaciones de derechos humanos, al no ser reconocidas como ciudadanas de ningún Estado. Esto provoca en su futuro inmediato el riesgo de afrontar enormes dificultades para acceder y gozar de derechos básicos tales como el empleo, la libertad de movimiento, la salud, la educación, entre otros.
El despojo de la nacionalidad se suma a larga lista de graves violaciones de derechos humanos que, desde hace casi cinco años, ocurren de forma cotidiana en Nicaragua. En 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente para Nicaragua, creado bajo el auspicio de la CIDH, sostuvo que el gobierno de Daniel Ortega había cometido crímenes de lesa humanidad y señaló en su informe que las autoridades nicaragüenses utilizaron el aparato estatal, incluida la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, así como a grupos parapoliciales, para asesinar, encarcelar, torturar y perseguir a aquellas personas que se expresaron en contra de sus políticas o que fueron percibidas como disidentes. Esa misma maquinaria estatal continúa, hasta el día hoy, al servicio de la represión y la violación masiva de derechos humanos en Nicaragua.
“Es claro que el gobierno de Daniel Ortega profundiza su política sistemática de represión, con esta nueva ola de tácticas represivas, por lo que hacemos un urgente llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos ante estos nuevos abusos del gobierno nicaragüense y activar todos los mecanismos disponibles para apoyar, proteger y respaldar a las personas defensoras de derechos humanos y voces críticas al gobierno.
No nos cansaremos de demandarle al gobierno de Daniel Ortega el fin de la represión, el pueblo nicaragüense no merece seguir viviendo está pesadilla ni un segundo más”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
