La liberación de una mujer a la que han obligado a pasar un decenio entre rejas en El Salvador tras haber sufrido complicaciones del embarazo que provocaron que diera a luz a un bebé muerto debe abrir la puerta al final de la extrema legislación del país contra el aborto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Teodora del Carmen Vásquez fue puesta en libertad el jueves después de que un tribunal redujera su condena, pero al menos 27 mujeres permanecen encarceladas a causa de la prohibición total del aborto, según las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres en el país.
“Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel —donde nunca debió haber estado, para empezar—, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de El Salvador deben derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia.”
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Los fiscales suelen acusarlas de “homicidio” o incluso “homicidio agravado”, que entraña una pena de hasta 50 años de prisión.
Teodora dio a luz a un bebé muerto en 2007, después de sentir unos dolores repentinos y muy fuertes mientras estaba trabajando. La policía la detuvo mientras yacía en un charco de sangre. Posteriormente fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado en un juicio enturbiado por las irregularidades.
El Ministerio de Justicia de El Salvador finalmente conmutó la condena de Teodora, pero no anuló la declaración de culpabilidad ni reconoció su inocencia. Los abogados de Teodora tienen intención de limpiar su nombre y pedir indemnización y reparación por los 10 años que ha pasado entre rejas.
Al menos otras 27 mujeres continúan encarceladas en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto. Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia. En su informe de 2014 “Al borde de la muerte”, Amnistía Internacional concluyó también que, en los casos documentados, se había violado el derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley.
Amnistía Internacional pide una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre el aborto, tal como recomendó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 3 de marzo de 2017, con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo, y que se garantice a las mujeres acceso a un aborto seguro y legal, como mínimo, cuando su vida o su salud física o mental corran peligro, o en casos de violación, incesto o malformación mortal del feto.
