Amnistía Internacional
Gobiernos de todo el mundo están haciendo retroceder decenios de avances en igualdad de género: aumentan los ataques contra los derechos reproductivos, se silencian voces feministas, se recortan fondos destinados a organizaciones de derechos de las mujeres y mucho más.
Garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas es más importante que nunca. Éste será, además, un eje prioritario del programa de trabajo cuando los Estados miembros de la ONU se reúnan en el 70 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del 9 al 19 de marzo.
Aquí presentamos ocho áreas en las que Amnistía Internacional lleva tiempo haciendo campaña por la igualdad y la justicia de género. Estas victorias adoptan formas diferentes: desde sentencias judiciales históricas y reformas legales hasta el reconocimiento, la rendición de cuentas y la resistencia conquistados con gran esfuerzo frente a la injusticia. Mientras no nos rindamos, la humanidad puede triunfar —y triunfará— frente a la discriminación, la violencia de género y la injusticia.
Burkina Faso
Burkina Faso tiene una de las tasas más elevadas de matrimonio a edad temprana del mundo, lo que a menudo hace que las niñas tengan que dejar la escuela para atender su hogar y a su esposo. Las niñas que contraen matrimonio a edad temprana también tienen más probabilidades de sufrir violencia de género en el ámbito familiar y complicaciones de salud en el embarazo y el parto. Tras años de campaña de Amnistía Internacional y de sus organizaciones asociadas, Burkina Faso adoptó en 2025 unas reformas largo tiempo esperadas que fijaron en 18 años la edad mínima para el matrimonio tanto para las mujeres como para los hombres, y establecieron el consentimiento como base de cualquier matrimonio. Las nuevas disposiciones sobre derechos de herencia, que eliminan la discriminación de mujeres y niñas por motivos de género, también constituyen un progreso significativo.
República Dominicana
En noviembre de 2025, Amnistía Internacional publicó un informe en el que denunciaba el falso discurso que usaba el gobierno de la República Dominicana para justificar las medidas enérgicas empleadas contra las personas migrantes indocumentadas que han tenido como consecuencia la deportación de cientos de mujeres embarazadas y lactantes a Haití, su país de procedencia. Esto se produjo tras el anuncio del presidente Abinader de medidas antiinmigración que incluían el requisito de que, para poder acceder a un tratamiento hospitalario, las personas extranjeras deben identificarse con un pasaporte con visado válido, una tarjeta de trabajo emitida por la Dirección General de Migración y una prueba de domicilio. Amnistía Internacional sigue haciendo campaña para que se deroguen estos protocolos sanitarios que están disuadiendo a las mujeres embarazadas indocumentadas de buscar atención prenatal y posnatal y ponen su vida en peligro. También pide la suspensión de la detención arbitraria y la deportación de personas haitianas, en concreto, de mujeres embarazadas y de niños y niñas, consecuencia de esta nueva política.
Haití
Durante 2025, Amnistía Internacional documentó la violencia contra las niñas y las mujeres a manos de las bandas en Puerto Príncipe y otras comunidades. En un informe basado en entrevistas con 112 personas, 51 de ellas niños y niñas, Amnistía documentó abusos y violaciones de derechos en ocho comunidades del departamento del Oeste: desde el reclutamiento y uso de niños y niñas en las bandas, hasta violaciones y otras formas de violencia sexual infligidas a mujeres y niñas. Además, presentó un resumen de sus conclusiones a la oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé en diciembre de 2024, en un intento de detener los ciclos de violencia y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Francia
Las estadísticas oficiales de Francia indican que sólo el 6% de las víctimas de violación, intento de violación y/o agresión sexual denuncian estos hechos. Para averiguar por qué algunas de las personas más vulnerables de la sociedad no denuncian estos delitos, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres migrantes, mujeres transgénero y trabajadoras sexuales sobre sus experiencias al intentar denunciar actos de violencia sexual en Francia. En su informe de 2024, ‘Go Home, It’ll Blow Over’, Amnistía puso de relieve que la discriminación estructural, el estigma y las deficiencias institucionales impiden sistemáticamente a las sobrevivientes acceder a la justicia, incluso dentro de un sistema legal que garantiza formalmente sus derechos. La investigación halló un rechazo generalizado por parte de la policía a registrar las denuncias, trato discriminatorio, ausencia de intérpretes, unos servicios de apoyo insuficientes y estereotipos dañinos basados en el género y la raza. Para las mujeres migrantes indocumentadas, y las trabajadoras sexuales en particular, denunciar la violencia sexual puede derivar en detención, deportación o más abusos, lo que crea un efecto disuasorio que aleja por completo a las sobrevivientes de la justicia.
Gaza
En marzo de 2025, la Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Israel había ejercido sistemáticamente violencia sexual y reproductiva y otras formas de violencia de género contra personas palestinas y llevado a cabo “actos genocidas” al destruir centros sanitarios de mujeres y de salud de reproductiva y bloquear el acceso a atención sanitaria esencial. En septiembre de 2025, concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza, incluso con la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos. Estas conclusiones se dieron a conocer después del propio informe de Amnistía de diciembre de 2024 titulado “You Feel Like You Are Subhuman’: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza”, que documentaba homicidios, daños graves físicos y mentales, y unas condiciones de vida impuestas deliberadamente para destruir a la población palestina de Gaza, “en su totalidad o en parte”, incluidos daños basados en el género derivados de la agresión. Junto a quienes defienden los derechos humanos de las mujeres y los movimientos feministas, Amnistía Internacional sigue documentado abusos, exigiendo la rendición de cuentas y movilizando el apoyo para las mujeres y las niñas palestinas.
Malawi
En 2025, el Tribunal Superior de Malawi resolvió que negar a una sobreviviente de violación de 14 años el acceso a un aborto sin riesgos había vulnerado sus derechos establecidos en la Ley de Igualdad de Género. En su histórica sentencia, el Tribunal concedía una indemnización por daños a la sobreviviente y afirmaba que el acceso a un aborto sin riesgos es esencial para proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y las niñas. La resolución sentó un importante precedente en un país donde el aborto sigue estando en gran parte criminalizado con la única excepción de que se practique para salvar la vida de la embarazada. Esta draconiana ley de la era colonial deja sin opciones seguras a muchas adolescentes y sobrevivientes de violencia sexual.
América Latina
En 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo públicas decisiones históricas en las que concluyó que Ecuador y Nicaragua habían vulnerado los derechos humanos de tres niñas que habían sido víctimas de violación y a quienes se les había negado un aborto y obligado a ser madres, y posteriormente ese mismo año se pronunció de forma similar sobre otro caso en Guatemala. En estos dictámenes de gran alcance, el Comité declaró que las niñas habían sido sometidas a situaciones que constituían tortura y, por primera vez, reconocía que la maternidad forzada interrumpe y dificulta las metas personales, educativas y profesionales de las niñas, y limita severamente su derecho a una vida digna. El Comité pidió a los Estados que reformaran las leyes para garantizar el acceso a un aborto seguro y legal —especialmente en casos de violencia sexual o en los que hay riesgo para la vida o la salud de la niña, la mujer o la persona embarazada— e indemnizar a las sobrevivientes para ayudarles a reconstruir su vida. Los casos forman parte de la campaña Son Niñas, No Madres, de la que Amnistía Internacional es miembro fundador y activo.
Nepal
A pesar de que las leyes la prohíben, la discriminación por razón de casta sigue siendo una característica de la vida cotidiana en Nepal que no sólo alimenta la violencia y los prejuicios contra millones de personas dalit y miembros de otras comunidades minoritarias, sino que también les priva de justicia porque la policía es menos proclive a investigar sin demora y efectivamente los delitos cometidos contra ellos. Sin embargo, hubo un avance en 2023, cuando el Tribunal de Distrito de Rukum Occidental dictó una sentencia histórica en la que declaró culpables de asesinato y discriminación por razón de casta a 26 personas en el homicidio de Nabaraj BK y otros cinco hombres. En 2020, una turba mató de una paliza a los seis hombres, muchos de ellos de la comunidad dalit, después de que Nabaraj fuera acusado de mantener una relación con una joven de la casta dominante. Junto a las familias y activistas dalit, Amnistía Internacional sigue presionando al gobierno de Nepal para que establezca medidas de protección eficaces para las comunidades dalit.
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