Amnistía Internacional expresa grave preocupación por la aprobación que recibió hoy en el Senado de Paraguay un proyecto de ley que viola el derecho a la libertad de asociación y podría poner en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil en el país, en particular la posibilidad de conservar su autonomía y obtener los recursos necesarios para llevar cabo sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.
Sin convocar ninguna audiencia o instancia de consulta pública, la Cámara de Senadores de Paraguay votó y aprobó hoy en sesión extraordinaria el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. El texto pasará ahora para consideración de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el poder legislativo de Paraguay estaría endosando condiciones altamente restrictivas para las organizaciones de la sociedad civil en el país.
“Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para la defensa de los derechos humanos, y son muchas las personas que dependen de su trabajo, por lo que estas entidades necesitan contar con los recursos, la libertad y la seguridad necesarias para existir y actuar adecuadamente”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La discusión y la aprobación de medidas arbitrarias y restrictivas del derecho de asociación tienden un manto infundado de sospecha sobre la actuación de estas organizaciones, dificultando el mantenimiento de un espacio abierto y saludable para la defensa de los derechos humanos en Paraguay”.
Principales riesgos del proyecto para los derechos humanos
La propuesta legislativa aprobada hoy por el Senado es contraria en muchos aspectos a las normas internacionales de derechos humanos que Paraguay ha suscrito, en especial las que protegen los derechos a la libertad de asociación y de expresión, pero también el derecho a la privacidad, a participar de los asuntos públicos, y el derecho a defender los derechos humanos.
Uno de los principales puntos de preocupación sobre el texto aprobado es la falta de precisión y claridad sobre su alcance e implementación. Trata sin distinción a organizaciones que reciben fondos públicos o privados, sometiéndolas a los mismos requisitos de registro y control estatal. Además, sin justificar la necesidad de introducir estas nuevas restricciones, el proyecto de ley ignora el amplio marco normativo nacional existente que permite actualmente al Estado Paraguayo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas necesarias para la actuación de las organizaciones sin fines de lucro.
Con una redacción preocupantemente vaga y ambigua, el proyecto de ley podría dar margen a una interpretación expansiva que permitiría a las autoridades incorporar fondos privados de las organizaciones al presupuesto general de la nación. En la práctica, esto implicaría la confiscación de los bienes y recursos de las organizaciones de la sociedad civil, de sus miembros y donantes, violaría la Constitución paraguaya, y representaría una violación al derecho internacional de los derechos humanos que garantiza la posibilidad de que toda persona, individual o colectivamente, solicite, reciba y utilice recursos con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos.
El amplio alcance y la imprecisión de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley, incluyendo obligaciones de presentación de informes detallados sobre el uso y destino de los recursos recibidos, amenazan también la independencia necesaria para la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, y comprometen la privacidad, la intimidad y la seguridad de sus integrantes y de las personas cuyos derechos ellas buscan defender.
Por fin, el proyecto de ley establece sanciones por incumplimiento no solo a las personas jurídicas sino también a las personas físicas encargadas de la dirección y la administración de las organizaciones, que incluyen multas exorbitantes hasta el “cese definitivo de sus actividades”, sin especificar en qué casos se aplicaría cada sanción. La imposición de estas sanciones sin la claridad necesaria y sin el debido proceso violan el principio de legalidad y la libertad de asociación, que no debe en ninguna circunstancia sufrir restricciones desproporcionadas o tan onerosas que pongan en peligro el derecho en sí mismo.
“Este proyecto somete las organizaciones de la sociedad civil al control arbitrario y abusivo del Estado, sin darles la posibilidad de defenderse. Más grave todavía, pone en riesgo a defensores y defensoras de derechos humanos y todas las personas que hoy se benefician de la actuación imprescindible de estas organizaciones”, expresó Ana Piquer. “Instamos a la Cámara de Diputados a rechazar contundentemente esta propuesta y recordamos al Estado paraguayo que cualquier ley o política pública que afecte a la sociedad civil organizada debe ser objeto de una consulta amplia y participativa que incluya a las personas defensoras de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil, y que se ajuste a las obligaciones internacionales asumidas por Paraguay”.
Información adicional
Amnistía Internacional viene alertando sobre una tendencia en una diversidad de países en la región y en el mundo de ataques al espacio cívico, incluyendo a través de regulaciones que imponen restricciones arbitrarias e indebidas en las organizaciones, asociaciones y colectivos de la sociedad civil.
