Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito por el que han sido condenadas; otros aplican la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales; y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. Así, la gente pasa años condenada a muerte, sin saber cuándo le llegará el momento o si podrá volver a ver a su familia.
La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.
Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes:
Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional, Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución.
Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona.
Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, hay países que siguen haciéndolo. El número de ejecuciones en tales casos es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional.
No obstante, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional.
Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países al menos 168 ejecuciones de personas menores de 18 años: Arabia Saudí, China, Estados Unidos de América, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Varios de estos países han cambiado ya sus leyes para excluir esta práctica. En Irán, las ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito duplican con creces la suma de esas ejecuciones en los restantes nueve países. En el momento de redactar estas líneas, esa cifra ascendía en Irán a al menos 118 ejecuciones desde 1990.
En 2023, los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por este orden.
China siguió siendo el mayor ejecutor mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificados los datos relacionados con ella como secreto de Estado; la cifra oficial de al menos 1.153 ejecuciones no incluye las miles de ejecuciones que se cree que tuvieron lugar en China.
Excluyendo a China, el 89% de todas las ejecuciones que se dieron a conocer tuvieron lugar en tan sólo dos países: Irán y Arabia Saudí.
*Este mapa muestra la ubicación general de fronteras y jurisdicciones y no debe interpretarse como el punto de vista de Amnistía Internacional con respecto a territorios en disputa.
**Los nombres de los países reflejan la nomenclatura a fecha de mayo de 2024.
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