PENA DE MUERTE
PENA DE MUERTE PENA DE MUERTE PENA DE MUERTE
Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito por el que han sido condenadas; otros aplican la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales; y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. Así, la gente pasa años condenada a muerte, sin saber cuándo le llegará el momento o si podrá volver a ver a su familia.
La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.
Acerca de la pena de muerte
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.
Además, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional ha ido adoptando diversos instrumentos que prohíben el empleo de la pena de muerte, entre ellos los siguientes:
- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte,
- Protocolo número 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la abolición de la pena de muerte, y Protocolo número 13 al mismo Convenio, sobre la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,
- Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Aunque el derecho internacional dispone que se debe restringir el uso la pena de muerte para los “más graves delitos”, es decir, el homicidio intencional, Amnistía Internacional considera que la pena de muerte nunca es la solución.
Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona.
Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Ejecución de personas que eran menores de edad en el momento del delito
A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, hay países que siguen haciéndolo. El número de ejecuciones en tales casos es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional.
No obstante, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de los Estados ejecutores de respetar el derecho internacional.
Desde 1990, Amnistía Internacional ha documentado en 10 países al menos 168 ejecuciones de personas menores de 18 años: Arabia Saudí, China, Estados Unidos de América, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.
Varios de estos países han cambiado ya sus leyes para excluir esta práctica. En Irán, las ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito duplican con creces la suma de esas ejecuciones en los restantes nueve países. En el momento de redactar estas líneas, esa cifra ascendía en Irán a al menos 118 ejecuciones desde 1990.
Métodos de ejecución empleados en 2024
- Decapitación
- Ahorcamiento
- Inyección letal
- Arma de fuego
¿Dónde tiene lugar la mayoría de las ejecuciones?
El significativo aumento del total mundial del que se tiene noticia se debió principalmente a un repunte de las ejecuciones en tres países de Oriente Medio: Irán, Irak y Arabia Saudí. En Irán, las autoridades ejecutaron al menos a 972 personas, lo que supuso un aumento del 14% respecto a las 853 de 2023, además de ser la cifra más alta registrada desde 2015. Al menos el 52% (505) de las ejecuciones conocidas en Irán registradas en 2024 fueron de personas condenadas por delitos relacionados con drogas, lo que supone la continuación de una preocupante tendencia al alza desde que las autoridades retomaron en 2021 una política en materia de drogas muy punitiva que ha intensificado su uso ilícito de la pena de muerte. En Irak, el número de ejecuciones de las que se ha tenido noticia (al menos 63) se cuadruplicó con respecto a 2023 (al menos 16) y fue el más alto registrado desde 2019.
