Las personas defensoras de derechos humanos corren el riesgo de ser criminalizadas en México por su labor.
En 2016, la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropólogaforense Mercedes Doretti, que han trabajado por años para esclarecer el hallazgo de cientos de cuerpos en San Fernando, Tamaulipas, fueron sujetas a una investigación indebida por delincuencia organizada y secuestro, así como sujetas de espionaje ilegal por parte del Estado mexicano. La criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las personas defensoras, entre ellas periodistas y peritos forenses, tiene graves consecuencias en ellas y en la sociedad en general. Las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales. Las acciones del Estado, entre otras implicaciones, mandan la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar investigaciones periodísticas será castigado en el país, al abrir contra esas personas defensoras procesos penales indebidos e infundados. Esto genera un efecto amedrentador a otras personas defensoras, limita y desincentiva sus labores, afecta a las víctimas directas de las causas que acompañan, implica desvío de recursos públicos y profundiza la impunidad.El espionaje e investigación contra ellas podría continuar, así como las afectaciones a sus derechos humanos, mientras que las víctimas a las que acompañaban aún no obtienen justicia.
