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México enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes: más de 128,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1952. Esta crisis no ha sido enfrentada con la responsabilidad que exige, las autoridades mexicanas, usualmente, no han sido eficientes en su labor de búsqueda y protección. En muchos casos, han dejado vacíos que han obligado a las propias familias, principalmente mujeres, a asumir la dolorosa y peligrosa tarea de buscar a sus seres queridos.

Estas mujeres, madres, hermanas, hijas y esposas, salen a rastrear fosas, recorren territorios controlados por el crimen organizado, enfrentando amenazas, ataques y estigmatización. Lo hacen sin garantías mínimas de seguridad, muchas veces sin apoyo legal ni psicológico. Mientras tanto, las autoridades ignoran sus necesidades, incumplen la ley y, en algunos casos, las revictimizan o criminalizan.

Amnistía Internacional documentó, con base en más de 600 testimonios y cuestionarios aplicados a mujeres buscadoras en 30 estados de México y en países de Centroamérica, que el 97% ha enfrentado al menos una forma de violencia. Estas agresiones incluyen amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro, y en casos extremos, asesinato o desaparición.

Además, muchas han perdido su trabajo, sus bienes y su salud. Viven con insomnio, ansiedad, enfermedades crónicas y el aislamiento social que implica su lucha. Pese a ello, siguen buscando, enfrentando instituciones que no las protegen, no las escuchan y, muchas veces, ni siquiera las reconocen.

Exigimos a las autoridades mexicanas:

Reconozcan públicamente el derecho a buscar y a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos.

Que se garantice su seguridad e integridad física, psicológica y emocional durante las labores de búsqueda, y se les brinde acceso a medidas de protección y reparación integral.

Que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia contra mujeres buscadoras.

Que se adopten políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que aseguren condiciones dignas para la búsqueda.

Que se les brinden apoyos reales: atención médica, psicológica, legal y medidas de reparación integral.

Araceli Rodríguez busca a su hijo Luis Ángel, desaparecido en 2009 junto a otros policías y un civil. Fundó el colectivo Colibrí y se formó en derecho y ciencias penales para fortalecer su búsqueda.
Ha enfrentado amenazas, ataques armados, desplazamiento forzado y estigmatización por ser madre de un policía. Su vida y la de su familia han estado en constante riesgo.
Perdió su empleo, vendió sus pertenencias y enfrentó serios problemas de salud sin recibir apoyo adecuado. Su búsqueda ha implicado un alto costo emocional, físico y económico.
A más de una década, no hay sanciones por la desaparición de Luis Ángel. El Estado no ha reconocido plenamente su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
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Desde 2021, el colectivo Hasta Encontrarte reúne a 86 familias (la gran mayoría mujeres) que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Han localizado 216 personas y 23 fosas clandestinas, convirtiéndose en expertas en búsqueda, derecho y forense por necesidad.
Bibiana, Karla y Verónica lideran el colectivo mientras buscan a sus hermanos e hijos han enfrentado amenazas, balaceras y criminalización por protestar. Aun así, exigen justicia en las calles, en los campos y frente a las autoridades.
Las buscadoras viven ansiedad, insomnio, pérdida de salud y empobrecimiento. Han sido estigmatizadas por autoridades y su comunidad, y muchas han perdido sus trabajos por buscar a quienes aman.
Quieren seguridad para seguir buscando, atención médica y psicológica real, becas para sus hijas e hijos y un Estado que sí busque. “No quiero morirme. No quiero que me maten. Pero estar así… no es vida”, dice Karla, buscadora.
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María Isabel busca a su hijo Yosimar, policía desaparecido en 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundó Sabuesos Guerreras, una colectiva que hoy reúne a más de 2,500 familias y ha localizado 700 cuerpos. “En cada cuerpo que regreso, armo un pedacito de Yosimar”.
Desde que comenzó a buscar, María Isabel ha sufrido amenazas, estigmatización, enfermedad, empobrecimiento y la pérdida de otro hijo. Ha presentado 13 denuncias por amenazas, pero ninguna avanza. El Estado le ofrece protección... si se muda de casa.
Sabuesos Guerreras también ha enseñado a las autoridades a dignificar los restos hallados.“Antes pisaban los huesos. Hoy los peritos nos escuchan”. Pero María Isabel aún espera que identifiquen los restos que podrían ser de su hijo.
María Isabel no pide caridad: exige verdad, protección real, salud, memoria y reparación integral. Ella ha hecho lo que el Estado no. Su búsqueda digna no debe costarle la vida.
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Beatriz Zapoteco, de Zitlala, Guerrero, busca a su esposo Santiago, desaparecido en 2016 por hombres armados. Formó el colectivo Buscando Justicia por los Nuestros, integrado por mujeres indígenas que enfrentan desapariciones y violencia institucional.
Beatriz ha sido ignorada por autoridades, no tuvo acceso a traductores ni a información clara sobre sus derechos. Sufrió estigmatización por parte de su comunidad y de funcionarios que cuestionaron a su esposo en lugar de buscarlo.
Beatriz vendió sus pertenencias para sostener a sus hijos, quienes enfrentaron abandono escolar. Padece ansiedad, estrés y problemas de alimentación. No cuenta con atención psicológica accesible ni apoyos para la educación de sus hijos.
A 9 años de la desaparición, no hay avances en el caso de Santiago. Beatriz sigue buscando sin el respaldo suficiente del Estado. “La tragedia no se olvida, la mente te tortura. Pero la vida tiene que continuar”, afirma.
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Doña Mary busca a su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2013 cuando viajaba hacia Reynosa, México. Desde entonces, ha tocado puertas en Honduras y México, casi siempre sola, y enfrentando la indiferencia de las autoridades.
Gracias al Comité Amor y Fe y las caravanas de madres, Doña Mary encontró acompañamiento, activistas y defensoras que la han ayudado a visibilizar su caso y exigir justicia. Sin esas redes, la búsqueda sería imposible.
Doña Mary ha sufrido extorsiones, discriminación, revictimización y amenazas por buscar a su hijo. La han cambiado cuatro veces de abogado. Nadie investiga si no hay presión. Sufre temblores, dolor físico y ansiedad desde que comenzó esta lucha.
Doña Mary exige lo más básico: que las autoridades investiguen, que le permitan entrar a México, que le hablen con palabras que entienda para una búsqueda digna, sin fronteras ni discriminación.
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EL INFORME

Lee el informe “Desaparecer otra vez” y comprende por qué, en México, buscar a una persona desaparecida puede significar arriesgarlo todo.

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