Desde el 29 de noviembre de 2024, la población de Georgia viene protestando constantemente contra leyes represivas y la decisión del gobierno de suspender el proceso de adhesión a la UE.
Las autoridades han reprimido con violencia estas protestas, con informes de tortura y otros malos tratos a cientos de manifestantes. El gobierno georgiano debe investigar estas violaciones de derechos humanos, exigir a los agentes de policía que respondan de sus actos y prevenir futuros abusos.
Mientras la cobertura global de los medios de comunicación sobre las protestas en Georgia prácticamente ha desaparecido, las autoridades de este país han intensificado sus medidas de represión contra manifestantes, recurriendo al uso de fuerza desproporcionada, cargos exagerados, tortura y otros malos tratos, así como violencia de género. Aunque la Oficina del Defensor del Pueblo documentó más de 240 casos de tortura y otros malos tratos a personas manifestantes —de las que 85 han obtenido reconocimiento oficial de su condición de víctima—, probablemente el número es muy superior. Desafiando la represión del Estado, las mujeres manifestantes se han convertido en símbolo de coraje pero también en blanco de humillación, abuso y violencia psicológica, incluso por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, ni un solo agente de policía ha sido obligado a responder de sus actos hasta la fecha.
No exigir responsabilidades a los servicios encargados de hacer cumplir la ley por estas violaciones de derechos fomenta la impunidad y supone un incumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales de Georgia en materia de derechos humanos. La población de Georgia viene utilizando diversas vías para hacer que las autoridades actúen. ¡La comunidad internacional debe mostrar su solidaridad y ayudar a proteger el derecho a la protesta!
¿Cómo puedes ayudar?
Exige que se investigue y ponga fin a la violencia policial para acabar con la impunidad. Pide al fiscal general de Georgia que garantice que todo caso de tortura y otros malos tratos se investiga con prontitud, independencia y eficacia, que los presuntos responsables son obligados a rendir cuentas y que las víctimas obtienen justicia y una reparación adecuada.
