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Las protestas estallaron en Irán el 28 de diciembre de 2025. Personas de todo el país, indignadas por decenios de represión, exigían un cambio fundamental y un sistema político que respete los derechos humanos y la dignidad. Las autoridades iraníes han respondido con una mortífera represión sin precedentes y, desde el 8 de enero de 2026, han cortado todo acceso a Internet para ocultar sus crímenes. Las fuerzas de seguridad han hecho uso de fuerza ilegítima, armas de fuego y armas prohibidas contra manifestantes, con lo que han provocado homicidios en masa y graves lesiones.
Los vídeos verificados y los relatos de testigos presenciales recopilados por Amnistía Internacional muestran que las fuerzas de seguridad situadas en las calles y en los tejados (incluidos los de casas, mezquitas y comisarías de policía) han disparado repetidamente rifles y escopetas cargados con perdigones de metal contra manifestantes, apuntando a menudo a la cabeza y al torso. Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional revelan que entre las fuerzas de seguridad implicadas en la mortífera represión se encuentran la Guardia Revolucionaria Islámica —incluidos sus batallones basij— y diversas divisiones de la policía iraní, conocidas por su acrónimo persa FARAJA, así como agentes vestidos de civil.
Las autoridades llevaron a cabo masacres de manifestantes, principalmente el 8 y 9 de enero, días en que las muertes se contaron por millares. Enero de 2026 se ha convertido en el periodo de represión más mortal por parte de las autoridades iraníes en los decenios en los que Amnistía ha llevado a cabo trabajo de investigación.
La impunidad por los reiterados crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes durante la represión de protestas anteriores ha alimentado esta última oleada de violencia. Amnistía Internacional ya documentó anteriormente la manera en que las fuerzas de seguridad de Irán utilizaron fuerza ilegítima, incluida fuerza letal, para reprimir el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022, y también las protestas nacionales de noviembre de 2019.
¿Por qué protesta la población de Irán?
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, tras un brusco hundimiento de la moneda iraní. Esta caída tuvo lugar en un contexto de inflación desbocada, mala gestión estatal de servicios esenciales y deterioro de las condiciones de vida. Las protestas empezaron con una huelga y un cierre de comercios por parte de comerciantes del Gran Bazar de Teherán.
Poco después se unió más gente, y las protestas se convirtieron en manifestaciones masivas en las calles de todo el país que pedían el fin del sistema de República Islámica. Las manifestaciones piden un cambio fundamental y la transición a un nuevo sistema de gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad de las personas.
¿Cómo afecta la crisis del coste de la vida en Irán a los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales?
Las autoridades iraníes llevan mucho tiempo gestionando indebidamente el acceso a servicios esenciales y sin respetar los derechos económicos, sociales y culturales de la población, lo que ha dado lugar a un deterioro de las condiciones de vida y a una inflación galopante.
En 2025, el pueblo de Irán sufrió un periodo severo y prolongado de escasez de agua y cortes de electricidad, que provocó el cierre que escuelas y negocios. En lugar de abordar el problema, las autoridades hicieron caso omiso de los defectos sistémicos y, en su lugar, culparon a la sequía y al consumo excesivo, con lo que redujeron aún más el acceso de la gente a servicios con los que satisfacer necesidades básicas como el agua y la energía. Esta situación deteriora el derecho de la población a un nivel de vida adecuado y a una vida digna.
Las autoridades de Irán tampoco han abordado la degradación medioambiental, lo que agrava las desigualdades existentes y afecta de forma desproporcionada a las comunidades marginadas. Esta degradación ambiental se caracteriza por:
- la pérdida de lagos, ríos y humedales;
- el agotamiento de las aguas subterráneas;
- la contaminación del agua por el vertido de aguas residuales en fuentes de agua urbanas; la deforestación;
- el hundimiento de tierras;
- la disminución de las reservas de agua y la salud del suelo;
- y la contaminación atmosférica, provocada en parte por el uso industrial de combustibles de mala calidad y que en 2025 contribuyó a miles de muertes.
Además, las autoridades iraníes siguen sin invertir lo suficiente en regiones donde habitan minorías étnicas, como la kurda y la baluchi. Esto ha exacerbado la situación profundamente arraigada de pobreza y marginación de estos grupos.
¿Cómo de generalizadas son ahora las protestas?
Poco después de que comenzaran las protestas de los comerciantes del bazar de Teherán, las manifestaciones se propagaron rápidamente a las calles de ciudades y pueblos de todo el país. Algunas de las provincias en las que se han llevado a cabo protestas en gran escala, y represión mortal, son Alborz, Kermanshah, Teherán y Jorasán Razaví. Según la Misión de Investigación de la ONU sobre Irán, las protestas se extendieron a las 31 provincias del país.
Después de que miles de personas fueran masacradas por las fuerzas de seguridad el 8 y 9 de enero, miles más fueron detenidas y se impuso un toque de queda nocturno en las grandes ciudades, mientras unidades fuertemente armadas de las fuerzas de seguridad patrullaban las calles. En ese contexto de represión militar constante, parece que ya no se están llevando a cabo protestas en gran escala, pero las quejas y las demandas expresadas por quienes se manifestaban, incluida la petición de que se ponga fin al sistema de República Islámica, permanecen.
Dado el apagón de Internet impuesto por las autoridades iraníes desde el 8 de enero, resulta difícil obtener información actualizada sobre el terreno.
¿Cómo respondieron las autoridades a las protestas?
Algunos altos cargos públicos han tachado a quienes protestan de “agitadores” y han prometido una represión “firme”. El 3 de enero de 2026, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, denunció a los manifestantes calificándolos de “agitadores” a quienes hay que “poner en su lugar”.
Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza letal para dispersar las protestas, haciendo un uso ilegítimo de la fuerza, las armas de fuego y otras armas prohibidas, y llevando a cabo detenciones en masa generalizadas, incluso de menores de tan sólo 14 años. También están sometiendo a muchas personas detenidas a desaparición forzada y detención en régimen de incomunicación, lo que pone a las personas en cuestión en grave peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Desde el 8 de enero, las autoridades han cortado el acceso a Internet para ocultar sus crímenes y para impedir que la población de Irán haga llegar información al mundo exterior.
A pesar de las restricciones, Amnistía Internacional ha verificado datos que muestran que las autoridades han cometido homicidios ilegítimos masivos en una escala sin precedentes durante el apagón de Internet. También hay destacamentos fuertemente armados de las fuerzas de seguridad que llevan a cabo patrullas y montan controles por todo el país. Desde el 9 de enero, las autoridades han desplegado unidades armadas en las calles para hacer cumplir los toques de queda nocturnos, lo que transmite el mensaje de que cualquiera que se reúna o salga de su casa después del toque de queda se enfrentará a fuerza letal.
¿Cuáles son las normas sobre el control policial de las protestas?
Hay unas normas de derechos humanos claras y bien establecidas sobre la actuación policial, entre ellas:
- los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
- el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
- el Protocolo Modelo para que los Agentes del Orden Promuevan y Protejan los Derechos Humanos en el Contexto de las Manifestaciones Pacíficas.
Estas normas exponen los principios clave de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación, precaución y rendición de cuentas. Abordan las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura y otro trato cruel, inhumano y degradante y el derecho de reunión pacífica. También establecen disposiciones claras que prohíben el uso de armas de fuego y otras armas no apropiadas para dispersar protestas.
Hay pruebas innegables, recopiladas por Amnistía Internacional, de que las autoridades iraníes han violado sistemáticamente el derecho internacional de los derechos humanos y las normas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, mostrando un desprecio flagrante e implacable respecto a los derechos humanos.
¿Qué sucedió en Kahrizak?
Los indicios obtenidos de vídeos verificados y relatos de testigos presenciales revelan que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo homicidios ilegítimos en masa en toda la provincia de Teherán.
El 10 de enero empezaron a aparecer perturbadoras imágenes de una morgue que se había improvisado en un anexo de la Organización de Medicina Legal (institución forense estatal) en Kahrizak, una ciudad cerca de Teherán, debido al desbordamiento de la morgue oficial dentro del edificio. Los vídeos muestran a familias angustiadas tratando de identificar a sus seres queridos entre las bolsas de cadáveres. El análisis llevado a cabo por Amnistía Internacional de estas imágenes identificó al menos 205 bolsas de cadáveres diferentes en aquel lugar.
Al día siguiente salieron a la luz nuevas grabaciones de vídeo que muestran una pantalla dentro del centro en la que se exhiben fotos de las personas fallecidas, con un contador numérico que va cambiando. En el vídeo, el contador llega hasta 250.
¿A cuántas personas han matado las fuerzas de seguridad?
El 17 de enero, en un discurso público, Alí Jamenei, el líder supremo, dijo que habían muerto “miles de personas”. Más tarde, el 21 de enero el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración según la cual habían perdido la vida 3.117 personas durante el levantamiento. Sin embargo, el 16 de enero de 2026 la relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, había dicho en una entrevista que se había dado muerte al menos a 5.000 personas, pero señaló que, según la información que había recibido de fuentes médicas, la cifra de muertes podía llegar a 20.000. Habida cuenta del apagón continuado de Internet, la magnitud de los homicidios masivos cometidos y el patrón bien documentado del uso de represalias por parte de las autoridades iraníes contra las familias de víctimas que alzan la voz, es probable que la cifra real de personas fallecidas sea más alta.
El apagón de Internet impide que la población de Irán se comunique con el mundo exterior. Esto dificulta enormemente la recopilación y verificación de información. Los vídeos verificados y los relatos de testigos presenciales que Amnistía Internacional ha podido obtener y examinar revelan que, durante el apagón, las fuerzas de seguridad han cometido homicidios ilegítimos masivos en una escala sin precedentes.
Tras las masacres del 8 y 9 de enero, los centros médicos se vieron inundados de manifestantes heridos, mientras familias angustiadas se congregaban en hospitales y morgues desbordadas en busca de sus seres queridos desaparecidos.
¿Por qué han impuesto las autoridades iraníes el apagón de Internet?
Las autoridades iraníes han impuesto un apagón de Internet y telecomunicaciones desde el 8 de enero para ocultar sus crímenes. Una vez que el apagón se hizo efectivo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo masacres de manifestantes. El apagón dificulta a víctimas, periodistas y organizaciones de derechos humanos realizar entrevistas en profundidad, documentar violaciones de derechos y preservar pruebas. Los medios de comunicación estatales —incluidos los afiliados a la Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica y la judicatura— y autoridades como el presidente de la Magistratura siguen teniendo acceso a Internet y publican en sus canales de redes sociales propaganda destinada a infundir temor entre la población.
Los Estados a veces utilizan apagones generales de Internet como el de Irán para ocultar violaciones de derechos humanos. Estos apagones constituyen violaciones de derechos humanos en sí mismos. El acceso a Internet es un derecho humano básico e indispensable, especialmente en épocas de protestas.
No es la primera vez que las autoridades iraníes han usado apagones de Internet para estrangular las comunicaciones y el acceso a la información. En noviembre de 2019, las fuerzas de seguridad mataron de forma ilícita a cientos de manifestantes y viandantes durante cinco días de protestas mientras las autoridades imponían un apagón casi total de Internet. También se impusieron apagones de Internet durante el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022, cuando las fuerzas de seguridad mataron ilegítimamente a cientos de manifestantes y transeúntes. El apagón actual es el más largo impuesto hasta ahora por las autoridades.
¿Cuántas de las personas que se manifestaban han sido detenidas?
Según informaciones de medios de comunicación afines al Estado publicadas el 16 de enero de 2026, las autoridades han arrestado a miles de personas en relación con las protestas. Según indican informes independientes y otras informaciones que ha recibido Amnistía Internacional, decenas de miles de personas, entre ellas menores de edad, han sido detenidas arbitrariamente.
En los últimos días, las autoridades iraníes han practicado arrestos masivos en todo el país, llevándose a gente durante asaltos nocturnos a domicilios, en puestos de control, en lugares de trabajo y en hospitales. Además de personas que protestaban, entre las personas arrestadas hay estudiantes de universidad, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y miembros de minorías étnicas y religiosas.
Ha habido familias de personas detenidas, activistas y periodistas que han contado a Amnistía Internacional que las autoridades se niegan sistemáticamente a facilitar información sobre la suerte y el paradero de muchas de las personas detenidas, sometiéndolas así a desaparición forzada y poniéndolas en mayor peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
Según fuentes informadas, durante el arresto y bajo custodia, las fuerzas de seguridad han sometido a personas detenidas a tortura y otros malos tratos tales como palizas, violencia sexual, amenazas de ejecución sumaria y negación deliberada de comida, agua y atención médica adecuados.
Las autoridades también han retransmitido en los medios de comunicación estatales decenas de “confesiones” de personas detenidas.
¿Cuál es el contexto más amplio detrás de estas protestas?
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando la manera en que las fuerzas de seguridad iraníes recurren sistemáticamente al uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal, y a las detenciones arbitrarias en masa para sofocar las protestas. Esta investigación muestra un largo patrón de violaciones de derechos humanos e impunidad, entre otros contextos en las protestas de diciembre de 2017-enero de 2018, noviembre de 2019, julio de 2021, noviembre de 2021, mayo de 2022 y el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022.
¿Qué sucedió durante el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022?
En septiembre de 2022, Jina Mahsa Amini, de 22 años, murió bajo custodia. Había sido detenida por la policía iraní de la “moralidad” (gasht-e ershad) por no cumplir las leyes del país sobre el uso obligatorio del velo. Su muerte desató protestas nacionales a las que las autoridades iraníes respondieron con violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos, ejecuciones, detenciones en masa, tortura, incluida violación bajo custodia, y acoso a las familias de las víctimas que pedían verdad y justicia.
Años después, aún no se han llevado a cabo investigaciones penales efectivas, imparciales e independientes, no digamos ya enjuiciamientos, sobre los crímenes cometidos por las autoridades durante las protestas, lo que se suma a un clima de impunidad ya de por sí profundamente arraigado.
¿Cómo está usando Irán la pena de muerte para sofocar la disidencia?
Desde el levantamiento Mujer Vida Libertad de 2022, las autoridades iraníes han ido incrementando el uso de la pena de muerte para sofocar la disidencia, atemorizar a la población y castigar a las comunidades marginadas. En 2025, las ejecuciones alcanzaron una cota que no se había visto en Irán en decenios.
Las autoridades han ejecutado al menos a 11 personas en relación con el levantamiento Mujer Vida Libertad, entre ellas Mojahed (Abbas) Kourkouri en junio de 2025, tras juicios flagrantemente injustos; además, varias personas más permanecen condenadas a muerte.
En el contexto de la actual represión, existe una honda preocupación por la posibilidad de que las autoridades recurran a juicios rápidos y ejecuciones arbitrarias con el pretexto de disuadir la disidencia. El 5 de enero de 2026, el presidente de la Magistratura ordenó a los fiscales que no muestren “ninguna indulgencia” con los manifestantes y que aceleren sus juicios. Esto incrementa el temor por las vidas de las personas que se manifestaban y se encuentran detenidas y de otras voces disidentes en todo el país.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional para responder?
Amnistía Internacional está investigando las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes. Hemos verificado y analizado vídeos e imágenes recopilados de fuentes de acceso público y enviados directamente a la organización por personas en Irán. También estamos entrevistando a testigos presenciales y a personas con información directa sobre las protestas.
Además, propugnamos el fin del círculo de impunidad y derramamiento de sangre en Irán, con medios como instar a los Estados miembros de la ONU a remitir la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.
Este trabajo forma parte de un compromiso a largo plazo de documentar y recopilar pruebas con vistas a buscar vías internacionales para hacer rendir cuentas a las autoridades iraníes. Desde que estallaron las protestas en todo el país en diciembre de 2017 y enero de 2018, hemos documentado sistemáticamente crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes durante las acciones represivas relacionadas con las protestas. Nuestro equipo dedica todos sus esfuerzos a amplificar los llamamientos realizados por la población de Irán que pide verdad y justicia.
¿Cómo puedo ayudar?
Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a reconocer la impunidad sistémica y continuada por crímenes cometidos por las autoridades iraníes, y a buscar vías internacionales para hacer que rindan cuentas, entre ellas iniciar investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal con vistas a emitir órdenes de detención contra aquellos de los que se sospeche que son responsables.
Se necesita urgentemente una acción diplomática. Ayúdanos a pedir que se ponga fin al derramamiento de sangre y que se rindan cuentas, no sólo en el contexto de la actual represión sino para todos los crímenes cometidos durante las anteriores oleadas de protestas.
Firma la petición para instar a los Estados miembros de la ONU a presionar a las autoridades iraníes para que pongan fin de inmediato al derramamiento de sangre relacionado con las protestas en Irán, y a hacer que las autoridades rindan cuentas.
