© Asamblea Nacional de Nicaragua / Asamblea Nacional de Nicaragua/AFP
Ante la iniciativa de reforma constitucional impulsada por las autoridades nicaragüenses para ampliar el mandato presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a personas calificadas por el gobierno como “traidoras” o “golpistas”, Amnistía Internacional advierte que estas medidas representan un nuevo paso en el desmantelamiento del derecho de las personas nicaragüenses a participar en los asuntos públicos de su país.
El derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones auténticas, está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Nicaragua sigue obligada por este tratado y no puede eliminar o restringir arbitrariamente estos derechos.
“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La reforma fue presentada tras las declaraciones realizadas por el copresidente Daniel Ortega durante un acto conmemorativo el 19 de julio, en donde afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones”, marcando el inicio de un proceso para incorporar estas restricciones al ordenamiento jurídico del país.
Estas medidas se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas. Desde entonces, las autoridades han cancelado la personalidad jurídica de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado medios de comunicación independientes y despojado arbitrariamente de su nacionalidad a personas consideradas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos, dejando a muchas en situación de apatridia y obligando a muchas otras a exiliarse.
Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. En 2025 promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.
Recientemente, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente.
“Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley”, añadió Ana Piquer.
Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma dirigida a eliminar o restringir indebidamente el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos de su país.
Las autoridades deben garantizar la celebración de elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado, de conformidad con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También deben poner fin a todas las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que imposibilitan una participación cívica y política efectiva.
La organización también pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que garanticen que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus impactos.
Asimismo, solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho como una decisión soberana de carácter interno, y que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, exigiendo que Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente.
Amnistía Internacional dará seguimiento y analizará las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en país y de quienes se encuentran en el exilio.
