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Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo.

¡El Estado de México es una de las entidades federativas más peligrosas para las mujeres en México! Ocupa el primer lugar en número de feminicidios cometidos cada mes con un y la mayoría de los crímenes quedan impunes.

Las mujeres víctimas de los casos de feminicidio que ocurren en la zona oriente del Estado de México tienen algunos rasgos en común como que el crimen en su contra fue precedido por la desaparición.

Las investigaciones sobre estos feminicidios precedidos por la desaparición son deficientes: en el proceso de investigación se pierden evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación y no existe perspectiva de género.

Las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio sufren violencia institucional y son re victimizadas, pues invierten tiempo y dinero en llevar a cabo las diligencias que le corresponden al Estado y en presionar a las autoridades para que investiguen.

Al no respetarse los protocolos de actuación para la investigación las autoridades estatales afectan gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Ante esta situación Amnistía Internacional México documentó los casos de Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en 2004, el de Daniela Sánchez Curiel desaparecida en 2015 actualmente en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio, el caso de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, el caso de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018. Las madres e hijas de las víctimas siguen en la búsqueda de justicia.

¡Hagamos visible la lucha de las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio precedidas de desaparición en su búsqueda por acceder a la justicia!

Firma la petición exigir justicia por los 4 casos y pedir el gobierno del Estado de México se comprometa a:

●Reconocer por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las
investigaciones de feminicidios y desapariciones en el Estado de México.
● Destinar los recursos necesarios para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor, puedan hacerlo de forma eficiente y con condiciones de trabajo dignas.
●Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
●Garantizar a las madres, hijas e hijos y familiares víctimas de feminicidio el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

 

Alejandro Jaime Gómez Sánchez

Fiscal General del Estado de México

Tengo conocimiento de que Amnistía Internacional ha documentado que las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México son deficientes porque se pierden evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación y la perspectiva de género no se aplica correctamente. Además, las familias son revictimizadas porque deben invertir tiempo y dinero en buscar y presionar a las autoridades para que investiguen, y porque frecuentemente son amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables de los delitos y, a veces, también por autoridades. Todo ello obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.

México ha firmado todos los tratados internacionales que protegen la vida y la integridad de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el espacio público y privado. 

Se sabe que el Estado de México ocupa el primer lugar en número de feminicidios cometidos cada mes, con un alto grado de impunidad, por lo que es una de las entidades federativas más peligrosos para las mujeres en México.

Por tal motivo, me sumo al llamado para que el gobierno del Estado de México se comprometa a: 

  • Reconocer por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las investigaciones de feminicidios y desapariciones en el Estado de México. 
  • Destinar los recursos humanos y financieros necesarios a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México para que pueda llevar a cabo su función de forma eficiente y con condiciones de trabajo dignas. 
  • Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
  • Garantizar a las madres, hijas e hijos y familiares víctimas de feminicidio el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Atentamente,

¡El Estado de México es una de las entidades federativas más peligrosas para las mujeres en México! Ocupa el primer lugar en número de feminicidios cometidos cada mes con un y la mayoría de los crímenes quedan impunes.

Las mujeres víctimas de los casos de feminicidio que ocurren en la zona oriente del Estado de México tienen algunos rasgos en común como que el crimen en su contra fue precedido por la desaparición.

Las investigaciones sobre estos feminicidios precedidos por la desaparición son deficientes: en el proceso de investigación se pierden evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación y no existe perspectiva de género.

Las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio sufren violencia institucional y son re victimizadas, pues invierten tiempo y dinero en llevar a cabo las diligencias que le corresponden al Estado y en presionar a las autoridades para que investiguen.

Al no respetarse los protocolos de actuación para la investigación las autoridades estatales afectan gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Ante esta situación Amnistía Internacional México documentó los casos de Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en 2004, el de Daniela Sánchez Curiel desaparecida en 2015 actualmente en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio, el caso de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, el caso de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018. Las madres e hijas de las víctimas siguen en la búsqueda de justicia.

¡Hagamos visible la lucha de las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio precedidas de desaparición en su búsqueda por acceder a la justicia!

Firma la petición exigir justicia por los 4 casos y pedir el gobierno del Estado de México se comprometa a:

●Reconocer por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las
investigaciones de feminicidios y desapariciones en el Estado de México.
● Destinar los recursos necesarios para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor, puedan hacerlo de forma eficiente y con condiciones de trabajo dignas.
●Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
●Garantizar a las madres, hijas e hijos y familiares víctimas de feminicidio el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

 

Alejandro Jaime Gómez Sánchez

Fiscal General del Estado de México

Tengo conocimiento de que Amnistía Internacional ha documentado que las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México son deficientes porque se pierden evidencias, no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación y la perspectiva de género no se aplica correctamente. Además, las familias son revictimizadas porque deben invertir tiempo y dinero en buscar y presionar a las autoridades para que investiguen, y porque frecuentemente son amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables de los delitos y, a veces, también por autoridades. Todo ello obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.

México ha firmado todos los tratados internacionales que protegen la vida y la integridad de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el espacio público y privado. 

Se sabe que el Estado de México ocupa el primer lugar en número de feminicidios cometidos cada mes, con un alto grado de impunidad, por lo que es una de las entidades federativas más peligrosos para las mujeres en México.

Por tal motivo, me sumo al llamado para que el gobierno del Estado de México se comprometa a: 

  • Reconocer por medio de un posicionamiento público las deficiencias en las investigaciones de feminicidios y desapariciones en el Estado de México. 
  • Destinar los recursos humanos y financieros necesarios a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México para que pueda llevar a cabo su función de forma eficiente y con condiciones de trabajo dignas. 
  • Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
  • Garantizar a las madres, hijas e hijos y familiares víctimas de feminicidio el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Atentamente,

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