(Foto: Amnistía Internacional / Alejandro Juárez Gamero)
- Dos administraciones han pasado sin mostrar voluntad de esclarecer el paradero de los estudiantes normalistas
- El Estado mexicano tiene el deber de remover todos los obstáculos para lograr avances efectivos en la investigación, incluyendo exigir la información en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional
- Amnistía Internacional apoya las demandas de las familias, incluida la participación de organismos internacionales en la investigación
Este 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En ese lapso, dos administraciones, de orientaciones políticas diferentes, concluyeron sin mostrar voluntad para dar resultados en la investigación de este crimen de Estado. Hoy, a casi un año de que inició el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las familias de los estudiantes siguen alzando la voz para alertar sobre la falta de resultados efectivos en las indagatorias que permitan saber: ¿dónde están los jóvenes? ¿quién y por qué los desaparecieron?
“Estamos ante 11 años de impunidad en este caso emblemático de desaparición forzada, en el que además de la falta de justicia, no podemos dejar de observar que las familias de los normalistas desaparecidos sufren un importante desgaste emocional, desesperanza y poca confianza en las autoridades”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
“Desde Amnistía Internacional reiteramos nuestro llamado al Estado mexicano para que, además de dar celeridad al aspecto legal, atienda las afectaciones a la salud de los padres y madres derivadas de estos largos años de lucha por verdad y justicia para sus hijos desaparecidos”.
En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha advertido que “la violación de la integridad psíquica y moral de (los) familiares, es una consecuencia directa de (la) desaparición forzada”. También ha señalado que la falta de acceso a la verdad sobre el destino de una persona desaparecida constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos”.
El tiempo, factor que ha hecho mucho daño
“El tiempo es un factor que ha hecho mella en este caso. Algunos familiares han fallecido sin tener acceso a la justicia por la que lucharon. En ese sentido nuestro llamado también va encaminado a que el Estado mexicano cumpla con su deber de garantizar el derecho de las familias a verdad, justicia y reparación. Es indispensable que este gobierno haga frente a los obstáculos que han paralizado por momentos los avances en la investigación. Las familias de las víctimas merecen respeto y que se les haga justicia. La investigación no puede seguir supeditada a vaivenes políticos ni a las presiones de agentes, como el Ejército mexicano, que se niegan a brindar la información que está en sus manos”, precisó Edith Olivares Ferreto.
A la fecha, la Secretaría de la Defensa se ha negado a entregar a la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UELILCA) 800 folios que son relevantes para conocer lo relacionado con el traslado de 17 estudiantes desde la estación de policía municipal de Barandilla hasta las afueras de Iguala. Los folios han sido solicitados por las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado la aplicación de “nuevos instrumentos de investigación”, desde una “nueva visión” en el caso de los normalistas. Dichos instrumentos ya han sido presentados a las familias de los estudiantes en cinco sucesivas reuniones que han sostenido con la Jefa del Estado mexicano entre el miércoles 4 de diciembre de 2024 y el 4 de septiembre de 2025. Si bien esto puede ser un esfuerzo por lograr avances en la indagatoria, también ha implicado una inversión de tiempo durante el cual no hay indicios que permitan constatar avance alguno.
“Reiteramos también la necesidad de que el Estado mexicano abra las puertas a organismos internacionales que puedan contribuir con la investigación bajo los más altos estándares de derechos humanos y así dar celeridad a la misma. De igual manera, esta decisión debe ser consensuada con las familias de las víctimas para darles confianza y certeza”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
Pendientes diversos
Son muchos los pendientes que prevalecen en la agenda de este caso, entre ellos la extradición de Tomás Cerón, quien lleva ya seis años en Israel, país en el que se refugió desde 2019 luego de haber sido señalado por haber ocultado pruebas y obtener declaraciones de testigos bajo tortura, así como las consecuencias que podría acarrear la absolución dictada el 5 de junio de 2025 en favor de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, entre muchos otros.
La desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa se ha mantenido en el interés de la agenda pública gracias a la tenaz lucha de las familias que cada 26 de mes marchan en la Ciudad de México para exigir justicia al Estado mexicano.
Como cada año, activistas de Amnistía Internacional, sección mexicana participarán en la marcha para conmemorar la desaparición de los jóvenes normalistas y expresar su solidaridad y acompañar a las familias en sus exigencias de justicia, verdad y reparación. La cita es a las 15:30 horas de este viernes 26 de septiembre en el Ángel de la Independencia.
¡Acompañemos a las familias de los jóvenes desaparecidos en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición!
Información adicional
Informe Un trato de indolencia, la respuesta del estado ante la desaparición de personas en México
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Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México:
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