“El Programa para Trabajadores y Trabajadoras Extranjeros Temporales (TFWP, por sus siglas en inglés) está concebido de tal forma que facilita unos abusos escandalosos y la discriminación de las personas trabajadoras migrantes”, afirma hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado “Canadá me ha destruido”: Explotación laboral de trabajadores y trabajadoras migrantes en Canadá, expone el impacto del TFWP, que permite que las entidades empleadoras (tanto empresas como personas físicas) contraten a trabajadores y trabajadoras migrantes sobre todo para empleos mal pagados en sectores como los de la agricultura, el procesado de alimentos, el sistema de cuidados, la construcción y la hostelería. Los visados del TFWP vinculan a estas personas a una única entidad empleadora que controla su situación migratoria y sus condiciones laborales.
Las personas que están trabajando actualmente o que han trabajado en el marco del Programa manifestaron a Amnistía Internacional que, tras llegar a Canadá, se habían visto obligadas a trabajar muchas horas sin descanso y recibieron un salario inferior al acordado; a menudo se les asignaban tareas no incluidas en su contrato y sufrían malos tratos físicos y psicológicos, así como abusos sexuales. Muchas de ellas trabajaban en condiciones poco seguras, carecían de acceso a una vivienda adecuada y a atención sanitaria, y sufrían discriminación en el lugar de trabajo. La mayoría no pudieron acceder a un recurso efectivo por los abusos que habían soportado.
“Los abusos experimentados por los trabajadores y trabajadoras migrantes en Canadá son enormemente preocupantes, en especial tratándose de un país que afirma ser un líder en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional. “Muchas personas migrantes nos han dicho que llegaron a Canadá con la esperanza de obtener un futuro mejor, pero, por el contrario, sintieron que se las trataba como a esclavos. Estos trabajadores y trabajadoras son vitales para poner comida en las mesas del país y cuidar de las personas mayores. Se merecen algo mucho mejor”.
Muchas personas trabajadoras migrantes en el marco del TFWP trabajan y viven en lugares remotos y, por tanto, su alojamiento y el acceso al seguro médico y al transporte dependen de su entidad empleadora. Si caen enfermas, sufren una lesión o ya no son consideradas aptas para el trabajo, pueden rescindirles el contrato y ser objeto de una repatriación rápida.
Explotación y abusos
Benedicte, una mujer de Camerún, sufrió abusos psicológicos y sexuales de carácter racista a manos de su empleador en cuanto llegó a Canadá en 2015, con un visado vinculado de dos años para trabajar en una granja. La obligaban a trabajar entre 70 y 80 horas semanales realizando tareas agrícolas y de otro tipo, incluidos trabajos domésticos, estaba considerablemente mal pagada y sometida a control constante. Su empleador la engañó, prometiéndole traer a sus hijos a Canadá, para seguir explotándola. Finalmente cayó enferma y le diagnosticaron una anemia grave. Cuando se marchó por fin de la granja, en julio de 2018, su empleador le canceló el visado dejándola en situación migratoria irregular. “No esperaba ser una esclava aquí”, dijo a Amnistía Internacional.
La mayoría de las 44 personas entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron el impago de salarios y exceso de horas de trabajo. Algunos contratos que ha visto la organización estipulaban cero días de descanso. Algunas personas denunciaron que sus empleadores y supervisores usaban con ellas un lenguaje racista y que las insultaban llamándolas “burro”, “indio” o “mexicano de mierda”. Una mujer jamaicana contó que su supervisor le dijo “vuélvete al árbol del que bajaste” y algunas personas denunciaron que sus empleadores las habían agredido físicamente. Muchas se alojaban en viviendas inadecuadas y unas cuantas dijeron que ni siquiera tenían agua potable en su alojamiento. Hubo personas que sufrieron lesiones graves o desarrollaron problemas médicos como consecuencia de unas condiciones laborales poco seguras. Algunos trabajadores y trabajadoras denunciaron que su entidad empleadora los había amenazado con la repatriación y, en un puñado de casos, que los habían llevado al aeropuerto contra su voluntad.
Muchas personas denunciaron sufrir discriminación en el trabajo, donde les encargaban los trabajos físicos más duros, que no podían negarse a hacer. Las mujeres denunciaron violencia por motivos de género y discriminación. Por ejemplo, Hélène and Sylvie (nombres ficticios), dos marfileñas que trabajan en una residencia de personas mayores, dijeron a Amnistía Internacional que habían tenido que comprometerse a pagar las tasas de contratación abonadas por la agencia en Costa de Marfil y la entidad empleadora en Canadá en el caso de que incumplieran sus “compromisos”, entre los cuales figuraban no estar embarazadas en el momento de salir de su país, no quedarse embarazadas y no dejar el empleo antes de que finalizara su contrato de dos años.
Sin una reparación adecuada por los abusos
Muchos trabajadores y trabajadoras no denuncian los abusos que sufren por miedo a represalias como el despido improcedente, la no renovación de su contrato y la repatriación. Quienes sí denuncian tienen que lidiar con el complejo sistema de aplicación de la ley de Canadá, que no está concebido para proteger a personas con estatus precario que a menudo no tienen tiempo para tramitar un procedimiento o no saben moverse por los sistemas burocráticos en ninguna de las lenguas oficiales de Canadá.
Por ejemplo, Walter (nombre ficticio) llegó a Canadá para trabajar en la agricultura con un visado vinculado de dos años, pero fue sometido a largas horas de trabajo y no le dieron el equipo de protección necesario. También le prohibían comer, beber o hacer un descanso salvo durante el transporte. Finalmente, el propietario de una agencia de colocación no autorizada engañó a Walter y a varios de sus compañeros haciéndoles creer que podría ayudarlos a cambiar de trabajo legalmente. Durante un año, Walter vivió en el sótano del propietario de la agencia de colocación sin poder salir salvo para trabajar en empleos que le conseguía el agente.
“Mi permiso de trabajo y el trabajo casi me mataron […] Si no obedecíamos, nos deportaban”, dijo a Amnistía Internacional.
Walter no ha recibido aún un resarcimiento adecuado por los graves abusos que sufrió.
Discriminación sistémica
A diferencia de lo previsto en otros programas de trabajo temporal en Canadá, los visados del TFWP no permiten a las personas migrantes cambiar de entidad empleadora. Estos visados se conceden, en su mayoría, a trabajadores y trabajadoras “de baja cualificación” procedentes de países de renta baja y mediana del Sur Global con poblaciones mayoritariamente negras, latinoamericanas y de otros grupos racializados. En 2023, los primeros países de origen de los trabajadores y trabajadoras del TFWP fueron México, India, Filipinas, Guatemala y Jamaica, que representaron en total casi el 70% de los permisos trabajo concedidos.
“La explotación laboral de trabajadores y trabajadoras migrantes en el marco del programa de visados temporales de Canadá no es resultado de sólo un puñado de empleadores sin escrúpulos. De hecho, el Programa está pensado de tal forma que facilita los abusos contra los trabajadores y trabajadoras migrantes”, prosiguió Erika Guevara Rosas.
Es más: los trabajadores y trabajadoras “de baja cualificación” y racializados corren un gran riesgo de sufrir explotación laboral durante largos periodos, pues muchos de ellos siguen viajando a Canadá año tras año con pocas posibilidades de obtener una situación más segura debido al sistema de inmigración de Canadá, que da prioritariamente la residencia permanente a trabajadores y trabajadoras “altamente cualificados”.
“Las autoridades canadienses conocen bien los abusos que se cometen en el marco del TFWP y aun así han implementado medidas muy limitadas para abordar algunos de ellos, como aumentar las inspecciones”, dijo Guevara Rosas.
“La realidad es que la explotación laboral es un resultado previsible y sistémico de los visados vinculados. Ninguna reforma que no prevea la abolición de los visados vinculados y los sustituya por permisos de trabajo abiertos abordará las causas fundamentales de los abusos ni cumplirá las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos. Los trabajadores y trabajadoras migrantes deben tener libertad para cambiar de empleo y de empleador, igual que los canadienses”.
Información complementaria
El TFWP de Canadá se inició en 1973 para permitir que las entidades empleadoras trajeran a trabajadores y trabajadoras extranjeros a Canadá con carácter temporal, aunque los primeros trabajadores y trabajadoras migrantes ya habían empezado a llegar desde el Caribe en la década de 1960. El Programa ha sido objeto de varias reformas, pero los visados vinculados han seguido siendo un componente fundamental a lo largo de los años. En 2024, el gobierno canadiense adoptó unas reformas adicionales para reducir el número de personas migrantes en el país y la duración de los visados del TFWP. Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: press@amnesty.org
