Foto © Kim Won Jinafp, vía Getty Images.
- Personas que escaparon hablan de un sistema brutal de castigos arbitrarios por ver la televisión de Corea del Sur
- Las personas ricas pueden eludir las sanciones más severas sobornando a funcionarios corruptos
- Se “obliga a mirar” ejecuciones públicas a niños y niñas como advertencia de que no consuman medios de comunicación extranjeros
En Corea del Norte, las personas que son sorprendidas viendo programas de televisión de Corea del Sur se exponen a sufrir humillación pública, a pasar años en campos de trabajo o incluso a ser ejecutadas, y los castigos más severos recaen en quienes son demasiado pobres para pagar sobornos, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional.
Personas de Corea del Norte que huyeron del país han hablado a Amnistía de un sistema arbitrario y corrupto en el que el consumo clandestino de televisión de Corea del Sur es una práctica generalizada, pero las sanciones por violar unas leyes de redacción imprecisa sobre “cultura”, que prohíben los medios de comunicación extranjeros, están determinadas en gran medida por la riqueza y las conexiones.
Muchas de las personas entrevistadas relataron que habían vivido con temor constante al allanamiento de sus viviendas y a la detención arbitraria, y algunas dijeron que las habían obligado a presenciar ejecuciones públicas cuando estaban en edad escolar como parte de su “educación ideológica”.
“Estos testimonios muestran cómo está aplicando Corea del Norte leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión de Corea del Sur puede costar la vida, salvo que se pueda pagar”, ha afirmado Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para la región de Gran China.
“Las autoridades penalizan el acceso a la información violando el derecho internacional, y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo. Se trata de represión sumada a corrupción, que perjudica sobre todo a quienes no poseen riquezas o conexiones”.
Leyes que penalizan la libertad de expresión
Amnistía Internacional llevó a cabo 25 entrevistas en profundidad en 2025 con personas que escaparon de Corea del Norte. Formaban parte del grupo 11 personas que huyeron de Corea del Norte en 2019 y 2020, siendo la salida más reciente en junio de 2020. La mayoría de estas personas tenían entre 15 y 25 años en el momento de su huida. Los cierres de fronteras relacionados con la COVID-19 han hecho que las huidas sean sumamente escasas desde 2020.
Corea del Norte mantiene desde hace tiempo uno de los entornos más restrictivos del mundo para la información. Los testimonios reunidos por Amnistía Internacional describen cómo el acceso a cultura o información extranjeras se castigaba activamente, incluso con la ejecución, al menos antes de 2020.
La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que define los contenidos de Corea del Sur como “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”, permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de “grandes cantidades” de contenidos o por organizar visualizaciones en grupo.
Las personas entrevistadas describieron una sociedad en la que el consumo de medios de comunicación de Corea del Sur y de otros países es una práctica muy extendida, a pesar de los graves riesgos que entraña. Las series y las películas suelen introducirse clandestinamente en memorias USB desde China, que la juventud norcoreana ve “notetels” (computadoras portátiles con televisiones incorporadas).
“La gente vende sus casas para salir de los campos”
Personas de Corea del Norte que huyeron del país entre 2012 y 2020 declararon a Amnistía Internacional que la gente solía ver la televisión surcoreana a sabiendas de que se exponía a castigos extremos, pero también que era posible eludir las sanciones más graves si se podía pagar.
“Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero”, explicó Choi Suvin, de 39 años, que salió de Corea del Norte en 2019. “La gente que no tiene dinero vende sus casas para reunir 5.000 o 10.000 dólares estadounidenses con los que pagar para salir de los campos de reeducación”.
Kim Joonsik, de 28 años, fue sorprendido viendo series de Corea del Sur tres veces antes salir del país en 2019, pero eludió el castigo porque su familia tenía conexiones con las autoridades.
“Por lo general, cuando se atrapa a estudiantes de secundaria, si su familia tiene dinero, sólo se les formulan advertencias”, dijo. “No me impusieron una sanción legal porque teníamos conexiones”.
Sin embargo, refirió que tres amigas de la escuela secundaria de sus hermanas fueron condenadas a varios años en campos de trabajo a finales de la década de 2010 por ver series de Corea del Sur. Sus familias no pudieron pagar sobornos. Cuando la hermana de Kim fue detenida, la familia pagó 9.000 dólares estadounidenses para lograr su liberación antes de que el caso pasara a la fase de presentación de cargos formales.
Los sobornos descritos por Choi y Kim —de entre 5.000 y 10.000 dólares estadounidenses— equivalen a los ingresos de varios años para la mayoría de las familias de Corea del Norte, por lo que sólo están al alcance de las más ricas.
“Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve”
Desde hace decenios, según informes, el gobierno de Corea del Norte hace uso de una unidad especializada de aplicación de la ley para reprimir el consumo de medios de comunicación extranjeros. La unidad, denominada “Grupo 109”, lleva a cabo sin orden judicial registros de bolsos y teléfonos móviles en viviendas y calles. Un total de 15 personas entrevistadas, procedentes de diferentes regiones, hablaron a Amnistía del Grupo 109, lo que indica un enfoque sistemático y de ámbito nacional de la aplicación de estas leyes restrictivas.
Las personas entrevistadas dijeron que los funcionarios de seguridad piden activamente sobornos a las personas detenidas por consumir medios de comunicación extranjeros y a sus familias. Una persona que escapó y que había sido sorprendida viendo medios de comunicación extranjeros señaló que los miembros del Grupo 109 les dijeron: “No queremos castigarlos duramente, pero tenemos que sobornar a nuestros jefes para salvar nuestras propias vidas”.
La aplicación arbitraria y discriminatoria de las leyes es sistemática. Funcionarios que muy probablemente también consumen medios de comunicación surcoreanos detienen y enjuician a otras personas por una conducta idéntica. Una persona entrevistada describió el secreto a voces: “Las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la policía lo ve de manera segura. Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve, incluso quienes llevan a cabo las operaciones represivas”.
No obstante, al parecer las operaciones periódicas de represión han interrumpido temporalmente el funcionamiento habitual de este sistema de soborno. Kim Gayoung, de 32 años, que salió de Corea del Norte en junio de 2020, explicó que el líder norcoreano, Kim Jong Un, comenzó a ordenar campañas de “represión intensiva” a finales de la década de 2010. Durante estos periodos, los funcionarios recibieron presiones para demostrar resultados en la aplicación de la ley, por lo que los sobornos resultaron menos eficaces incluso para las familias ricas o con buenas conexiones.
“Mi primo trabajaba en el Comité del Pueblo [el órgano administrativo del gobierno local]. Dijo que cuando alguien era capturado, nadie podía ayudarlo. Ni siquiera con sobornos o conexiones había garantías de recibir ayuda porque la represión se había vuelto muy severa”, señaló.
“Decenas de miles de personas se congregaron para ver las ejecuciones”
Las personas entrevistadas señalaron que Corea del Norte utiliza las ejecuciones públicas para aterrorizar a comunidades enteras para que cumplan las normas. Choi Suvin presenció la ejecución pública en Sinuiju, provincia de Pyongan Septentrional, “en 2017 o 2018”, de alguien acusado de distribuir medios de comunicación extranjeros.
“Las autoridades dijeron que todo el mundo debía ir, y decenas de miles de personas de la ciudad de Sinuiju se congregaron para mirar”, dijo esta mujer. “Ejecutan a la gente para lavarnos el cerebro y educarnos”.
Algunas personas entrevistadas contaron que las escuelas obligaban sistemáticamente al alumnado a asistir a las ejecuciones públicas como parte de la “educación ideológica”. Las ejecuciones se llevaban a cabo por fusilamiento; en uno de los casos presenciados, un pelotón compuesto por 10 personas disparó aproximadamente 30 veces contra la persona condenada. En algunos casos, las autoridades ponían una sustancia en la boca a las víctimas antes de la ejecución para que no pudieran hablar.
“Cuando teníamos 16 o 17 años, en la escuela intermedia, nos llevaban a las ejecuciones y nos lo mostraban todo”, recordó Kim Eunju, de 40 años, que huyó en 2019. “Ejecutaban a la gente por ver o distribuir medios de comunicación surcoreanos. Es educación ideológica: si lo ves, esto es lo que te ocurre a ti también”.
Una persona entrevistada que salió en 2017 explicó que se ordenaba a “todas” las escuelas intermedias y secundarias de Chongjin, provincia de Hamgyong Septentrional, que presenciaran las ejecuciones. “El mensaje es: esto es lo que ocurre [cuando ves programas de Corea del Sur]. Vi dos ejecuciones, las dos veces en la escuela intermedia”.
Las escuelas también son escenario para la humillación pública. Kim Yerim, de 26 años, que escapó en 2019, presenció cómo 10 estudiantes de último curso de enseñanza secundaria eran sometidos a sesiones de “crítica pública” que duraban horas por haber visto televisión extranjera.
“Las autoridades reunían a estudiantes de elemental, intermedia y secundaria para que vieran lo que ocurre cuando se hace algo malo”, dijo esta mujer. “Durante cuatro horas, funcionarios de la Liga Juvenil y de otras organizaciones del Partido criticaban a los acusados, diciendo ‘su espíritu está corrompido’, ‘no tienen preparación ideológica’”.
Las escuelas llevan a cabo sesiones periódicas de educación ideológica sobre los peligros de los medios de comunicación extranjeros. Kim Gayoung describió sesiones semanales de “educación ideológica” en la que “docentes explican las leyes y las nuevas reglas”, en tanto que otras sesiones implican la asistencia a juicios.
Un sistema basado en la corrupción y el miedo
Amnistía Internacional pide al gobierno de Corea del Norte que respete y proteja la libertad de expresión, incluido el acceso a la información, y derogue con urgencia todas las leyes que penalizan injustamente el acceso a la información, incluida la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020. Debe abolir la pena de muerte para todos los delitos, y como primer paso establecer con urgencia una moratoria oficial de todas las ejecuciones, incluidas las ejecuciones públicas. Los niños y niñas, en particular, deben ser protegidos de la exposición cruel a las ejecuciones públicas.
Asimismo, el gobierno debe poner fin al uso de la detención arbitraria y dejar de dispensar un trato discriminatorio basado en la riqueza o la posición social. Las autoridades deben asegurar la igualdad ante la aplicación de la ley y garantizar el derecho a un juicio con garantías para todas las personas acusadas de delitos, de conformidad con las normas internacionales.
“El miedo a la información que tiene este gobierno ha encerrado en la práctica a toda la población en una jaula ideológica, que ahoga su acceso a las opiniones e ideas de otros seres humanos. Las personas que se esfuerzan por saber más sobre el mundo fuera de Corea del Norte, o que buscan simple entretenimiento de otros países, se exponen a los más duros castigos”, ha manifestado Sarah Brooks.
“Este sistema totalmente arbitrario, basado en el miedo y la corrupción, viola principios fundamentales de justicia y derechos humanos reconocidos internacionalmente. Debe ser desmantelado para que la población de Corea del Norte pueda atreverse a disfrutar de las libertades a las que tiene derecho”.
Información complementaria
Los cierres de fronteras relacionados con la COVID-19 que se aplicaron de 2020 a 2023 detuvieron en gran medida las salidas de personas norcoreanas del país, y las llegadas a Corea del Sur cayeron en picado, de 1.047 en 2019 a 224 en 2025. El proceso de huida propiamente dicho suele durar meses o años, periodo durante el cual las personas corren el riesgo de sufrir abusos y violaciones de derechos humanos. Este viaje traumático significa que las personas que escapan suelen necesitar tiempo antes de que puedan prestar testimonio. A su llegada a Corea del Sur, deben someterse a un interrogatorio y a programas de reasentamiento de las autoridades surcoreanas.
Aunque Amnistía Internacional informa de manera pública y periódica sobre el recurso a las ejecuciones públicas en Corea del Norte, junto con otras prácticas alarmantes, las severas restricciones para el acceso a la información han impedido que la organización verifique de forma independiente el uso generalizado de la pena de muerte en Corea del Norte. La aprobación de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios en 2020 significó la codificación de algunas de estas duras sanciones.
Las experiencias compartidas por personas que escaparon de Corea del Norte antes de 2020 parecen compatibles con las prácticas contempladas en las leyes y políticas norcoreanas de los años más recientes. Además, muestran coherencia interna en los diferentes lapsos temporales y regiones y son acordes con las conclusiones de organismos de la ONU, especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los testimonios reunidos por Amnistía Internacional en 2025 indican que el consumo de medios de comunicación extranjeros estaba penalizado, enjuiciado y castigado, incluso con la muerte, antes de la entrada en vigor de la ley de 2020. Los testimonios recopilados en una investigación distinta y en informaciones de medios de comunicación también han indicado que se han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales sin investigación, juicio o fallo condenatorio de ninguna índole.
Sin embargo, Amnistía Internacional no ha podido determinar si se hizo uso de otras leyes para dictar condenas en estos casos, y de cuáles, o si las ejecuciones presenciadas por las personas entrevistadas se llevaron a cabo extrajudicialmente. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.
Las leyes y prácticas de Corea del Norte violan el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que el país ratificó en 1981. Obligar sistemáticamente a niños y niñas a presenciar ejecuciones públicas constituye varias violaciones graves de derechos humanos y también viola derechos incluidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Corea del Norte en 1990.
Desde el armisticio de 1953 que suspendió pero no puso fin formalmente a la guerra de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur continúan técnicamente en guerra, y los dos países siguen estando profundamente divididos.
Amnistía Internacional escribió al gobierno de la República Popular Democrática de Corea para hacerle llegar estas conclusiones de la investigación y solicitar una respuesta a las denuncias documentadas. Hasta el momento no se ha recibido respuesta.
* Todos los nombres son seudónimos para proteger a las personas entrevistadas.
Si desean más información o solicitar una entrevista, pónganse en contacto con: press@amnesty.org.
