En respuesta a la interrupción del suministro de electricidad a una planta desalinizadora que proporciona agua potable en la Franja de Gaza ocupada —una semana después de haber bloqueado la entrada de ayuda humanitaria vital para la Franja—, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La decisión de Israel de cortar la electricidad a la principal planta desalinizadora en funcionamiento de Gaza, una semana después de haber paralizado la entrada de todos los suministros comerciales y de ayuda humanitaria, viola el derecho internacional humanitario y es una señal más del genocidio de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada”.
“Estas acciones ilegales e inhumanas indican claramente que Israel sigue aplicando su política de imposición intencional a la población palestina de Gaza de condiciones de existencia que han de acarrear su destrucción física, acto prohibido por la Convención sobre el Genocidio. Son también un recordatorio del control que Israel tiene como potencia ocupante, que le permite conectar y desconectar en cualquier momento unos servicios indispensables para la vida humana”.
“Gaza sufre un apagón eléctrico desde el 11 de octubre de 2023, tras la decisión del entonces ministro de Energía, Israel Katz, de interrumpir el suministro eléctrico proporcionado por la Corporación Eléctrica de Israel, que paga la Autoridad Nacional Palestina. Esta medida provocó el cierre de la única central eléctrica de Gaza. El 14 de noviembre de 2024, la planta desalinizadora South Sea fue la única instalación de Gaza que se conectó de nuevo a la red eléctrica de Israel. La decisión de desconectarla otra vez reducirá en un 85% su capacidad para producir agua potable —de 18.000 metros cúbicos al día a tan sólo 3.000—, lo que tendrá consecuencias devastadoras para la población civil de la parte central y meridional de Gaza”.
“La Franja de Gaza ya sufre un desastre hídrico y de saneamiento por los daños y la destrucción abrumadores que las operaciones militares de Israel y el bloqueo ilegal permanente han causado a esa infraestructura. El bloqueo total del abastecimiento de combustible también amenaza con paralizar otras instalaciones hídricas, como los pozos”.
“No se debe permitir que Israel utilice el agua como arma de guerra. El combustible, los alimentos, el alojamiento y los demás suministros indispensables para la supervivencia de la población civil son un asunto de vida o muerte, no un medio para ejercer presión en las negociaciones”.
“Las autoridades deben restablecer el suministro de electricidad a Gaza de inmediato y por completo —no sólo a la planta desalinizadora— y permitir a la población civil el acceso sin trabas a los bienes y servicios esenciales. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación legal en virtud del derecho internacional humanitario de garantizar, en toda la medida de sus recursos, la provisión de alimentos, medicamentos y demás suministros imprescindibles para la supervivencia de la población civil de Gaza”.
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