Ante las medidas ejecutivas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen un llamamiento a las expulsiones masivas, declarar el estado nacional de emergencia e invasión, militarizar la frontera de Estados Unidos con México, restablecer los Protocolos de Protección a Migrantes (más conocidos como el plan “Quédate en México”), poner fin a la tramitación del asilo en la frontera y cerrar la aplicación para teléfonos móviles CBP One, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:
“Las medidas ejecutivas adoptadas por el presidente Trump afectan gravemente a los derechos de quienes buscan asilo y ponen en peligro incontables vidas, creando amenazas inexistentes para ampliar la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes. Estas políticas hacen casi imposible solicitar asilo en Estados Unidos y darán lugar a que miles de personas sean objeto de devolución a lugares donde su vida o su seguridad corren peligro. Además, el presidente Trump pide que se emprendan actuaciones penales contra quienes entran ilegalmente en Estados Unidos, política que ya causó separaciones familiares masivas durante su primer mandato. Aún hay familias, en su mayoría de Centroamérica, que no han podido reagruparse desde que esta cruel política se aplicó la primera vez.
Además, Estados Unidos está presionando a países para que acepten vuelos de traslado forzoso de personas que no son nacionales de esos países y amenazándolos con sanciones si se niegan. Todas estas políticas tienen consecuencias para todos los países de las Américas, ya que continúan la preocupante tendencia de Estados Unidos a firmar acuerdos bilaterales disuasorios para la migración.
El Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por Canadá y Estados Unidos impide a la mayoría de las personas que pasan a Canadá desde Estados Unidos solicitar protección como refugiadas en ese país y viceversa. El acuerdo obliga a las personas a intentar cruzar la frontera por lugares peligrosos y las empuja a la clandestinidad para buscar seguridad. Dado que Estados Unidos es cada vez menos seguro para las personas solicitantes de asilo, el gobierno canadiense debe retirarse del acuerdo de forma inmediata.
Estados Unidos y México aplicaron conjuntamente los Protocolos de Protección a Migrantes —o plan “Quédate en México”— que retenían a las personas solicitantes de asilo en campos situados a lo largo de la frontera entre ambos países, donde corrían grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, con miles de informes de agresiones, violaciones, secuestros y extorsión. Amnistía Internacional pide a México que no colabore en el restablecimiento del plan “Quédate en México”.
El cierre de la aplicación para móviles CBP One ha levantado una barrera insalvable para las aproximadamente 270.000 personas vulnerables que intentan buscar seguridad en Estados Unidos. Ahora están atrapadas en México sin una vía clara para solicitar protección. Tras la suspensión de CBP One, el gobierno mexicano debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de quienes aguardaban en México una cita a través de la aplicación, como permitirles solicitar protección internacional en México y desplazarse libremente por el país.
Estados Unidos debe responder a este momento de desplazamiento global con financiación y políticas de bienvenida, y reaccionar ante la crisis con políticas humanas, no que causen dolor.
El presidente Trump sólo podrá aplicar sus nocivas políticas si los países de las Américas aceptan su juego. Con motivo de la reunión urgente de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) este jueves para debatir sobre la migración, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que se abstengan de participar en políticas que socavan los derechos y la dignidad de quienes buscan asilo”.
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