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 Todas las partes del conflicto deben abstenerse de lanzar ataques ilícitos contra infraestructuras energéticas

Foto: Sasan / Middle East Images / AFP via Getty Images

Israel, Estados Unidos y la República Islámica de Irán deben cesar o abstenerse de lanzar ataques ilícitos contra infraestructuras energéticas, incluidas instalaciones que proporcionan servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua corriente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, destacando los riesgos que esos ataques entrañan de causar un daño devastador a la población civil y provocar consecuencias medioambientales.

En los últimos días, los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos han alcanzado múltiples instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible en Irán, y el ejército de la República Islámica de Irán ha lanzado ataques que han afectado a depósitos de combustible e infraestructuras de petróleo y gas en múltiples Estados del Golfo.

“El potencial de causar un daño enorme, predecible y devastador a la población civil con los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas —daño que incluye mortíferos incendios descontrolados, grandes alteraciones de servicios esenciales, daño medioambiental y riesgos severos y a largo plazo para la salud de millones de personas— significa que existe un riesgo sustancial de que esos ataques violen el derecho internacional humanitario y, en algunos casos, constituyan crímenes de guerra”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Independientemente de si se cita un objetivo militar para justificar los ataques contra infraestructura energética, el derecho internacional humanitario dispone que todas las partes tienen la obligación clara de tomar todas las precauciones factibles para reducir los daños civiles y abstenerse de lanzar ataques que causen muertes o heridas desproporcionadas a la población civil o dañen bienes civiles. Esto incluye cualquier efecto dominó indirecto y adverso sobre la vida y la salud de la población civil, como la exposición a químicos tóxicos.”

El potencial de causar un daño enorme, predecible y devastador a la población civil con los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas […] significa que existe un riesgo sustancial de que esos ataques violen el derecho internacional humanitario.

Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

En virtud del derecho internacional humanitario, una refinería de petróleo sólo puede ser atacada si reúne las condiciones para considerarse un objetivo militar, es decir, que se utilice para realizar una contribución efectiva a la acción militar —por ejemplo, produciendo combustible para las fuerzas armadas que realizan ataques— y que dañarlo proporcione una ventaja militar definida en las circunstancias que se dan en ese momento. Incluso si se cumplen estos dos requisitos, la parte atacante debe tomar todas las precauciones factibles para evitar o reducir al mínimo los daños colaterales a la población civil, como la liberación de sustancias tóxicas, y antes de atacar debe considerar si cualquiera de esos daños resultaría excesivo para la ventaja militar concreta y directa que se quiere lograr.

Ataques contra depósitos de petróleo en Irán

En Irán, unas aterradoras imágenes de vídeo de los momentos posteriores a los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos el 7 de marzo contra varios depósitos de combustible, algunos situados en los barrios de Shahran, Sohanak y Kouhak, en Teherán, en la ciudad de Shahr e Rey, en la provincia de Teherán, y en Fardis, en la provincia de Alborz, muestran llamas masivas y nubes de espeso humo negro, así como grandes incendios descontrolados en zonas civiles. Los testigos presenciales también describieron a Amnistía Internacional escenas escalofriantes de lluvia impregnada de petróleo.

Tras los ataques, la agencia medioambiental iraní y la Media Luna Roja iraní aconsejaron a la población de Teherán que permaneciera en interiores, advirtiendo del riesgo que entrañaba la propagación de sustancias químicas tóxicas que podían causar lluvia ácida a consecuencia de los ataques aéreos.

El ejército israelí ha emitido una declaración en la que confirma que lanzó ataques contra “una serie de instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán” y dice que el ejército iraní utilizaba esas instalaciones “para hacer funcionar infraestructura militar”.

“Nos alarma enormemente el impacto que estos ataques pueden tener sobre la población civil. Las advertencias médicas sobre materiales peligrosos y sustancias tóxicas liberadas a la atmósfera ponen a millones de personas de Teherán en peligro de sufrir graves complicaciones de salud, como cáncer, enfermedades pulmonares y respiratorias y quemaduras cutáneas. Los Estados están obligados a respetar los derechos económicos y sociales tanto en la paz como durante los conflictos armados”, ha declarado Heba Morayef.

Según ha contado a Amnistía Internacional una fuente informada de Teherán, los ataques dañaron edificios residenciales alrededor de los depósitos de combustible en Shahran, y dejaron a gente sin hogar.

Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional: “Hoy [8 de marzo] el cielo sobre Teherán estaba negro. A continuación empezó a caer lluvia negra. El suelo entero se volvió negro, como si le hubieran echado una capa de cemento ligero”.

Otro testigo dijo, también el 8 de marzo: “Esta mañana, el aire era completamente negro. E de día, pero está tan oscuro que parece de noche. La ciudad está llena de hollín. Salí a la calle. Llovía un poco, y las manos se me pusieron negras de inmediato. Cae hollín del cielo. Es aterrador”.

El 8 de marzo, el gobernador político adjunto de la provincia de Alborz, Ghodratollah Seif, anunció que el ataque contra el depósito de combustible de Fardis había matado al menos a seis personas y herido a otras 21, entre ellas personas que vivían en las cercanías. El 9 de marzo, el presidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Alborz declaró que el incendio que siguió al ataque había destruido un centro de diálisis cercano al depósito de combustible de Fardis.

Los ataques contra la infraestructura energética de Irán agravan el sufrimiento de una población traumatizada por las masacres a manos de las autoridades de la República Islámica y que lleva años soportando un deterioro del acceso a la electricidad, el agua, aire limpio y un entorno seguro a causa de una mala gestión crónica por parte del Estado y de la violación sistémica del derecho humano de la población a participar en los asuntos públicos. Estos problemas, unidos a la severa represión política, han estado en el centro de sucesivas protestas nacionales, las más recientes las de enero de 2026, que reclamaban derechos humanos, dignidad y la caída del sistema de la República Islámica.

Ataques contra infraestructuras petroleras en países del Golfo

Desde el 28 de febrero se ha informado de numerosos ataques que afectan a la infraestructura energética en países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que sus fuerzas están “atacando bases, instalaciones y bienes estadounidenses” que, “por desgracia” estaban situados en sus países vecinos del Golfo, mientras que el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Balifar, proclamó que “mientras existan bases estadounidenses en la región, los países no tendrán tranquilidad”.

Las autoridades de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait han declarado que drones y misiles iraníes han atacado directamente instalaciones de petróleo y gas en Estados del Golfo, y que otras instalaciones se han visto afectadas por los restos procedentes de ataques interceptados. Los gobiernos del Golfo restringen severamente el acceso a la información y la expresión, lo que impide informar sobre los efectos directos de los ataques.

En Qatar, el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa qatarí declaró que drones iraníes habían atacado instalaciones energéticas en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, principal núcleo de exportación de gas natural licuado (GNL) de Qatar, pero no se informó de que hubiera habido víctimas. Tras el ataque, Qatar Energy suspendió la producción de GNL declarando causas de fuerza mayor, según han publicado Reuters y Bloomberg News citando fuentes informadas.

El 7 de marzo, el Ministerio de Defensa saudí anunció que se habían interceptado y destruido en el desierto de Rub al Jali 21 drones que, en varias oleadas, se dirigían hacia el yacimiento de Shaybah, perteneciente a Aramco, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del país, que incluye instalaciones para producir líquidos de gas natural utilizados en la industria petroquímica.

En Kuwait, el 7 de marzo, un portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití declaró que unos drones habían atacado tanques de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

En Omán, el 1 de marzo, los medios de comunicación estatales informaron de que dos drones habían alcanzado el puerto comercial de Duqm, en la costa oriental, y habían herido a un trabajador extranjero. El 2 de marzo, los medios de comunicación estatales declararon que se había producido un ataque con drones contra un petrolero en la costa de Muscat, que había matado a un tripulante indio.

Se han producido incendios en varias instalaciones, que las autoridades, dirigiéndose a los medios de comunicación, han atribuido a ataques de misiles o a restos de interceptaciones de drones. En algunos casos se ha informado de que empresas estatales del sector de los combustibles fósiles han suspendido la producción o los envíos tras sufrir ataques.

En Bahréin, el 5 de marzo estalló un incendio en una de las unidades de refinería de la empresa estatal Bapco Energies a consecuencia de un ataque iraní con misiles, según la agencia de noticias de Bahréin. La empresa declaró la interrupción de envíos de petróleo por causas de fuerza mayor.

En Arabia Saudí, el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa declaró que se habían interceptado dos drones que intentaban atacar la refinería de petróleo de Ras Tanura, perteneciente a Saudi Aramco, en la Provincia Oriental, y que los restos caídos habían provocado un incendio dentro de las instalaciones.

En Emiratos Árabes Unidos, el 10 de marzo estalló un incendio en el Complejo Industrial Ruwais Industrial en Abu Dhabi tras un ataque con drones, según Reuters. También se produjeron incendios en la terminal de tanques de combustible de Musaffah el 2 de marzo, después de que fuera atacada por un dron, y el 3 de marzo en una zona petrolera de Fujairah, cuando los restos de la interceptación de un dron provocaron fuego.

El 9 de marzo, la agencia oficial de noticias de Kuwait informó de que los restos de drones habían provocado un incendio en un tanque de combustible en la central eléctrica de Al Subiya.

Además de los ataques contra Estados del Golfo, el transporte comercial a través del estrecho de Ormuz se ha interrumpido casi por completo. El 10 de marzo, el alto comisionado de las naciones Unidas para los derechos humanos advirtió de que el hundimiento del transporte comercial ya estaba afectando seriamente al acceso a “la energía, los alimentos y los fertilizantes para la población de la región y más allá”, y que un incremento del precio del petróleo tendría un efecto dominó tanto económico como social. Una vez más pidió que se invierta en energías renovables.

“Los ataques contra redes de suministro y distribución de combustible, o que las afectan seriamente, pueden provocar inseguridad alimentaria, ya que en la actualidad estos sistemas desempeñan un papel fundamental en el transporte, la cadena de suministro y la actividad industrial. Todas las partes deben garantizar que se abstienen de lanzar cualquier ataque ilícito y que sitúan la protección de la población civil en la primera línea de todas las decisiones militares”, ha manifestado Heba Morayef.

Información complementaria

Según las autoridades iraníes, al menos 1.255 personas han muerto en Irán desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Israel y Estados Unidos. Al menos 17 personas han muerto en el Golfo desde que Irán comenzó sus ataques a los países de la zona (dos en Bahréin, seis en Kuwait, una en Omán, dos en Arabia Saudí y seis en Emiratos Árabes Unidos). De esas 17 personas, 11 eran ciudadanos extranjeros de India, Irán, Indonesia y Bangladesh, entre otros países, que residían en Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Omán y Bahréin, según la información publicada por los medios de comunicación estatales. Al menos 570 personas han muerto en ataques israelíes contra Líbano, según las autoridades. Asimismo, los medios de comunicación han informado de la muerte de al menos 12 personas por ataques en Israel.

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