Por Amnistía Internacional
- agosto 28, 2020
- Por Amnistía Internacional
Resumen
Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados, como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional.
A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a conocerse su suerte. Con frecuencia las víctimas sufren tortura, y muchas son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán.
El problema
Un instrumento de terror
La desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.
Un problema global
Ampliamente utilizadas por las dictaduras militares en su momento, ahora se producen desapariciones en todas las regiones del mundo y en una gran diversidad de contextos. Se practican con asiduidad en los conflictos internos, especialmente a manos de gobiernos que intentan reprimir a opositores políticos o de grupos armados de oposición.
¿Quiénes están en situación de riesgo?
Las desapariciones parecen estar dirigidas específicamente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de víctimas, testigos clave y profesionales del derecho.
La agonía y el peligro que corren las familias
Los familiares y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psíquica, sin saber si su hijo o hija, madre o padre todavía viven, dónde están recluidos ni qué trato reciben. Buscar la verdad puede comportar gran peligro para toda la familia. Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, muchas familias viven en una situación de absoluta incertidumbre.
Los hombres son las principales víctimas y las mujeres encabezan la lucha
En general, la gran mayoría de las víctimas de desaparición forzada son varones. Sin embargo, las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia.
Además, la persona desaparecida suele ser el principal sostén económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo o llevar el negocio familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a algunas leyes nacionales que no permiten cobrar una pensión ni ninguna otra ayuda si no se presenta el certificado de defunción.
Detención arbitraria
Muchas víctimas de desaparición forzada son detenidas o recluidas de forma arbitraria, es decir, detenidas o recluidas sin una orden de detención.
Tortura
Las personas desaparecidas también corren grave peligro de sufrir tortura, puesto que quedan completamente fuera del amparo de la ley. La falta de acceso de las víctimas a recursos judiciales las deja en una situación aterradora de completa indefensión. Las víctimas de desaparición forzada también corren un mayor peligro de sufrir otras violaciones de derechos humanos, como violencia sexual o incluso asesinato.
Convención contra las desapariciones
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en vigor en 2010. Su objetivo es evitar las desapariciones forzadas, descubrir la verdad cuando ocurren y garantizar que los supervivientes y las familias de las víctimas obtienen justicia, verdad y reparación.
La Convención es uno de los tratados de derechos humanos más firmes jamás adoptados por la ONU. Al contrario que otros delitos de derecho internacional, como la tortura, la desaparición forzada no estuvo prohibida por un instrumento internacional legalmente vinculante hasta que la Convención entró en vigor en 2010.
La Convención proporciona una definición del delito de desaparición forzada, y establece las acciones que deben emprender los Estados para prevenirlo, para investigarlo y para que se procese a los responsables.
El órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención es el Comité contra la Desaparición Forzada (CED). En el momento de ratificar o adherirse a la Convención, o incluso en un momento posterior, los Estados pueden declarar que reconocen las competencias del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas o en nombre de ellas y por otros Estados Partes. El Comité también proporciona interpretaciones autorizadas de la Convención.
¿Dónde se producen desapariciones forzadas?
Las desapariciones forzadas son un problema grave en muchos países de todas las regiones del mundo: de México a Siria, de Bangladesh a Laos y de Bosnia y Herzegovina a España. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado desapariciones forzadas en algunos de los países que más violaciones de derechos humanos cometen.
Siria
Unas manos sostienen varias fotos de personas desaparecidas en Siria. © Amnesty International
En Siria, alrededor de 82.000 personas han sido sometidas a desaparición forzada desde 2011. Aunque la inmensa mayoría de ellas se han desvanecido en una maraña de centros de detención del gobierno, más de 2.000 personas están en paradero desconocido tras haber sido detenidas por grupos armados de oposición y por el grupo armado autodenominado Estado Islámico.
En medio de la brutalidad y el derramamiento de sangre del conflicto sirio, la situación de las personas que se han desvanecido sin dejar rastro tras ser arrestadas por las autoridades o detenidas por los grupos armados es una tragedia a la que la comunidad internacional apenas ha prestado atención. Decenas de miles de familias intentan desesperadamente averiguar la suerte que han corrido sus familiares desaparecidos. En julio de 2018, el gobierno sirio confirmó la muerte de al menos 161 personas que se sabía que eran víctimas de desaparición forzada desde el principio del conflicto, en 2011.
Amnistía Internacional observa y hace campaña contra las desapariciones forzadas y los secuestros, así como contra otras violaciones graves de derechos humanos y abusos cometidos en Siria desde que comenzó la crisis en 2011.
Sri Lanka
Sri Lanka tiene una de las cifras de desapariciones forzadas mayores del mundo, entre 60.000 y 100.000 personas desde finales de la década de 1980.
La desaparición masiva de quienes se rindieron al término del conflicto armado del país es un claro indicio de la institucionalización de esta práctica en un Estado que oculta el destino y el paradero de las personas desaparecidas.
Sri Lanka realizó algún avance con respecto a esta cuestión cuando en marzo de 2018 penalizó la desaparición forzada. No obstante, el gobierno debe hacer más para apoyar estas medidas ayudando proactivamente a las familias afectadas a descubrir la verdad de lo que les ocurrió a sus familiares y sus seres queridos.
En mayo de 2018, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Sri Lanka que proporcionase información a las familias de las personas desaparecidas, con listas detalladas y datos sobre las personas que se rindieron ante las fuerzas armadas en la última etapa de la guerra.
Vigilia por las víctimas de desaparición forzada celebrada en la Plaza de las Naciones, frente a la sede de la ONU en Ginebra (Suiza), el 12 de marzo de 2015. Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Argentina. Sandya Eknaligoda, esposa del periodista Prageeth Enaligoda, desaparecido en Sri Lanka en enero de 2010. Sithy Yameena, madre de Mohamed Hakeem, desaparecido en Sri Lanka en marzo de 2009. © Jean-Marie Banderet
Argentina
Quizá el caso más conocido de desapariciones forzadas masivas en el siglo XX sea la última dictadura en Argentina. Durante la dictadura militar instaurada en este país de Sudamérica entre 1976 y 1983, las fuerzas de seguridad secuestraron a unas 30.000 personas, muchas de las cuales continúan en paradero desconocido.
Se cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas, entre ellas tortura y ejecuciones extrajudiciales a gran escala, incluidos los célebres “vuelos de la muerte”, en los que se arrojaba a las víctimas a su propia muerte desde aviones o helicópteros militares.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo haciendo campaña por que se haga justicia para las víctimas y se declare culpables a los mandos militares y las personalidades del gobierno que presuntamente son responsables penales, muchos de los cuales han sido enjuiciados en tribunales civiles ordinarios en años recientes.
Zimbabue
Detrás de cada caso de desaparición forzada hay una persona, y estas son las personas por las que Amnistía Internacional hace campaña incansablemente.
Uno de estos casos es el de Itai Dzamara, activista pacífico en favor de la democracia y periodista zimbabuense que desapareció el 9 de marzo de 2015 en Harare.
Antes había estado en el punto de mira de los agentes de los servicios de seguridad del Estado, y había sido golpeado, secuestrado y detenido ilegalmente. Desde su desaparición, no se han llevado a cabo ninguna investigación significativa y sigue sin conocerse su paradero.
Su esposa Sheffra relató su dolorosa búsqueda para averiguar lo que le sucedió a su esposo.
“Es doloroso vivir sin saber dónde está la persona a la que amas. Pero aún albergo esperanzas. Todos los días pienso que va a regresar o que alguien me dirá que lo han encontrado. Cuando mis hijos me preguntan dónde está su padre me siento acongojada. No les puedo dar una respuesta. Me preocupa que el caso de mi esposo no esté siendo tomado en serio, especialmente por un gobierno que afirma que somos libres”, dijo Sheffra Dzamara.
“Quiero reconocer el papel que ha desempeñado Amnistía Internacional a la hora de presionar al gobierno y exigirle la liberación de Itai. Quiero que se sepa la verdad. Quiero poder dar una respuesta a mis hijos, que todavía son pequeños. Se merecen una respuesta.”
El primer acto del secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, fue firmar una carta en relación con el caso de Itai dirigida al futuro dirigente de Zimbabue.
¿Qué derechos humanos violan las desapariciones forzadas?
Cada desaparición supone la violación de una serie de derechos humanos, entre ellos:
- derecho a la seguridad y la dignidad personales
• derecho a no sufrir tortura ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
• derecho a unas condiciones de detención humanas
• derecho a la personalidad jurídica
• derecho a un juicio justo
• derecho a la vida familiar
• derecho a la vida (si matan a la persona desaparecida o se ignora su suerte)
¿Qué está haciendo Amnistía para prevenir las desapariciones forzadas y buscar justicia?
Amnistía Internacional está haciendo campaña activamente sobre casos de personas sometidas a desaparición forzada y continúa presionando a los gobiernos para que determinen la suerte y el paradero de todas las personas que han desaparecido.
Si las autoridades no saben realmente dónde están recluidas las personas desaparecidas, deben hacer un mayor esfuerzo para averiguarlo. Si lo saben, deben dejarlas en libertad, o, si han muerto, ofrecer información detallada sobre el lugar de su muerte.
En su informe Ataques letales pero prevenibles: Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos, de diciembre de 2017, Amnistía Internacional reveló que, en todo el mundo, los Estados incumplen su obligación de protegen de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos frente a los homicidios y las detenciones secretas prevenibles.
La organización pide a los gobiernos lo siguiente:
- investigar y, cuando existan suficientes pruebas admisibles, enjuiciar a las personas que podrían tener responsabilidad penal en juicios con garantías ante tribunales civiles ordinarios en los que no se recurra a la pena de muerte;
- tipificar la desaparición forzada —cometida tanto por actores estatales como no estatales— como delito en la legislación nacional y castigarla con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad;
- aplicar sin demora la Convención Internacional y aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por presuntas víctimas o en nombre de ellas y por otros Estados Partes;
- asegurarse de que quienes han sobrevivido a la desaparición forzada y quienes han perdido a sus seres queridos reciben reparación, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición;
- derogar las leyes de amnistía y cualquier otra medida de impunidad, como las normas relativas a la prescripción de los delitos.
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