En las Américas, desde el brote de COVID-19, los gobiernos se han esforzado por equilibrar las órdenes de quedarse en casa con la necesidad de mantener en funcionamiento la economía en países con un gran número de trabajadores y trabajadoras del sector informal y sistemas de protección social
débiles o bien han recurrido a controlar, mediante las fuerzas del orden, confinamientos y toques de queda estrictos.
En algunos países, como Venezuela, El Salvador y Paraguay, las autoridades han adoptado medidas especialmente estrictas que han incluido ubicar a decenas de miles de personas en centros estatales de cuarentena bajo la custodia de las fuerzas armadas y la policía.
Los resultados de la presente investigación, llevada a cabo entre marzo y agosto de 2020, muestran que muchos depósitos, estadios deportivos y otro tipo de instalaciones en los que las autoridades han confinado a personas para que guarden una cuarentena estatal obligatoria eran insalubres o carecían de los suministros básicos, lo cual puede constituir maltrato. Además, dadas esas condiciones, se corrió el riesgo de que fueran espacios contraproducentes donde la gente podía contraer el virus.
