El 26 de septiembre fue la fecha límite para que los países firmaran el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Para que entre en vigor al menos once países deben ratificarlo, por lo que sólo se necesita uno más además de los diez países que ya lo han hecho.
“Este acuerdo surge de la necesidad de atender con urgencia la emergencia climática que enfrentamos. Cuando el tratado se abrió a las firmas hace exactamente dos años, también surgió la esperanza de que América Latina y el Caribe pudieran hacer historia con una norma innovadora que contribuyera a la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden. Los países de la región no deben perder esta importante oportunidad”, declaró Erika Guevara-Rosas, Directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
Celebramos el hecho de que 23 países, que representan más de dos tercios de la región, hayan firmado y que diez Estados hayan respondido urgentemente, como exige la crisis ambiental, ratificando el acuerdo. Países como Costa Rica o Santa Lucía están a punto de adherirse -está en manos de sus autoridades legislativas- y de convertirse en la ratificación final necesaria para abrir la posibilidad de aplicar las políticas necesarias para la protección del medio ambiente en la región y en el mundo.
“A pesar de que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú podría ser un avance significativo en las políticas de los Estados de la región ante la emergencia climática y la crisis de violencia contra los defensores del medio ambiente, la lentitud de algunos Estados para ratificarlo muestra la falta de interés en tomar medidas para crear una política ambiental más participativa, accesible y justa que aún existe en algunos países de la región”.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil de toda América Latina y el Caribe han formado coaliciones y han trabajado conjuntamente con un esfuerzo de coordinación casi sin precedentes, con una participación significativa de los jóvenes, para hacer un llamamiento a los Estados de la región para que firmen y ratifiquen el acuerdo.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional sobre el medio ambiente de América Latina y el Caribe. Tiene por objeto establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos que garanticen el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en la región. Además, es el primer tratado internacional que incluye medidas específicas para la protección de los defensores de los derechos ambientales.
“La importancia de este tipo de regulación para la región es innegable. Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y México figuran entre los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. Aunque ha habido avances en las discusiones sobre el acuerdo en Colombia y México, en Brasil, Guatemala y Honduras el retraso es tal que parece mostrar una falta de voluntad política”, dijo Erika Guevara-Rosas.
“En Amnistía Internacional reiteramos la importancia de la aplicación de las normas internacionales para fortalecer la protección del medio ambiente y de quienes lo defienden. Exhortamos a los Estados de la región a que lideren la construcción de una política ambiental más participativa, accesible y justa en las Américas, adhiriéndose al Acuerdo de Escazú lo antes posible”.
Los representantes de las Naciones Unidas han dicho ahora que la pandemia de COVID-19 debe ser considerada como una llamada de atención para repensar nuestra relación con el medio ambiente, por lo tanto, más que una excusa, esta crisis debe servir como una motivación más para avanzar en la protección de nuestro planeta.
Información adicional:
De los 23 países que han firmado el acuerdo, sólo diez lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Otros 12 países han firmado el acuerdo pero aún no lo han ratificado: Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.
En la lista de países que no lo han firmado ni ratificado figuran Chile, El Salvador, Cuba, Honduras, Bahamas, Barbados, Dominica, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
En su último informe “Defendiendo el mañana” la organización internacional Global Witness sitúa a Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala en el primer, tercer, cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente, en cuanto al número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en 2019.
Para obtener más información o concertar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
Leer más:
América: Los Estados pueden hacer historia firmando un tratado regional sobre el medio ambiente (Noticias, 27 de agosto de 2018) https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/americas-states-can-make-history-by-signing-regional-environmental-treaty/
